Estados Unidos y Canadá impusieron sanciones este viernes contra cuatro funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre estos el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; la ministra de Salud, Sonia Castro; director del Ministerio de Transporte e Infraestructura, Óscar Salvador Mojica, y Orlando Castillo, director de Telcor. Canadá incluye además en su lista a los funcionarios previamente sancionados por Estados Unidos: Rosario Murillo, Fidel Moreno, Laureano Ortega, Néstor Moncada Lau y Francisco Díaz.
Con estos nuevos sancionados, Estados Unidos aumenta a nueve la cifra de su lista del programa “Nicaragua related sanctions” (sanciones relacionadas a Nicaragua), dirigido especialmente para sancionar a corruptos y violadores de derechos humanos en Nicaragua y que es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, aseguró que las sanciones de ambos países son parte de “nuestros esfuerzos conjuntos para defender la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Estamos comprometidos a trabajar juntos con nuestros socios regionales para asegurar que la democracia y el Estado de derecho se restablezcan en Nicaragua”.
Las sanciones contra Gustavo Porras se dan por promulgar acciones políticas que han socavado las instituciones democráticas de Nicaragua y promover una Ley de Amnistía que otorga impunidad a los policías y paramilitares que reprimieron a los manifestantes; en el caso de Sonia Castro por dirigir el Ministerio de Salud, que violó lo derechos humanos de los manifestantes heridos. A Orlando Castillo lo sancionan por silenciar a los medios de prensa independientes; y a Oscar Mojica por manejarle las finanzas a Ortega y Murillo y promover la estrategia de “exilio, cárcel o muerte”.
“La acción de hoy está dirigida a los funcionarios del gobierno nicaragüense que persiguen a los ciudadanos nicaragüenses que ejercen sus libertades fundamentales, promulgan leyes represivas, silencian a los medios de comunicación y niegan atención médica al pueblo nicaragüense”, asegura el comunicado del Departamento del Tesoro.
El régimen, según el comunicado del Tesoro, continúa violando los derechos humanos de los nicaragüenses y mantiene a presos políticos. “Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega y su círculo íntimo: apoyamos al pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia”, dijo el subsecretario de Hacienda para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker. “No dudaremos en tomar medidas contra aquellos que perpetúan la opresión o apuntalan el régimen de Ortega a expensas del pueblo nicaragüense”.
Respuesta a las violaciones graves de los derechos humanos
En el caso de Canadá, su legislación explica que “las sanciones relacionadas con Nicaragua se han promulgado en virtud de la Ley de medidas económicas especiales en respuesta a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos cometidas en Nicaragua”.
El documento canadiense detalla que “el Reglamento de Medidas Económicas Especiales (Nicaragua) impone una prohibición de transacciones, una congelación de activos efectiva a las personas incluidas en la lista”.
También manifiesta que “prohíbe a cualquier persona en Canadá y cualquier canadiense fuera de Canadá: comerciar con bienes, donde sea que estén situados, que sean propiedad, tenidos o controlados por personas incluidas en la lista o una persona que actúe en nombre de una persona incluida en la lista; participar o facilitar cualquier transacción relacionada con una transacción prohibida por este Reglamento; proporcionar cualquier servicio financiero o relacionado con respecto a una transacción prohibida por este Reglamento; poner a disposición cualquier producto, donde quiera que se encuentre, para una persona incluida en la lista o una persona que actúe en nombre de una persona incluida en la lista”.
Estos se unen a lista en la que están, además, la vicepresidenta designada, Rosario Murillo, su hijo, Laureano Ortega, y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional, quienes fueron sancionados el año pasado. Ambos son señalados de corrupción desenfrenada, desmantelamiento de las instituciones democráticas, violaciones a los derechos, y explotación de recursos públicos de Nicaragua para beneficio personal.
La OFAC está bajo mando del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y está destinada a ejecutar sanciones económicas y comerciales contra gobiernos extranjeros, individuos hostiles o empresas vinculadas a actividades de terrorismo, narcotraficantes y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Mike Pompeo, secretario de Departamento de Estado de Estados Unidos se reunió este jueves con la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, y resaltó la importancia de ayudar con las restauración de la democracia en Nicaragua, demandada por millones de nicaragüenses que piden justicia y libertad.
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¿Quiénes son los sancionados?
Gustavo Porras convirtió al Frente Nacional de los Trabajadores (FNT) en una organización de turbas utilizada por Ortega para reprimir protestas de ciudadanos y opositores. Porras fue llevado a la presidencia del Legislativo por el régimen en 2017.
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El presidente de la Asamblea fue quien formó la denominada “comisión de la verdad”, también conocida como Comisión Porras, para que se encargara de investigar la masacre perpetrada por el régimen desde abril del 2018. Pero la falta de credibilidad de la población de ese poder del Estado, dominado por el orteguismo, provocó el rechazo de dicha comisión.
Por su parte, el mayor general en retiro Óscar Mojica, fue electo por el orteguismo como presidente del INE en abril de 2017, lo que a criterio de muchos sectores fue visto como una militarización de las instituciones del Estado.
Durante su periodo como titular del MTI, Mojica ha despedido o hecho renunciar al menos a seis personas que ocupaban altos cargos en la cartera estatal o empresas adscritas a esta.
Sonia Castro, la ministra de Salud, ha sido acusada de ordenar a los médicos durante las protestas contra el régimen orteguistas que no atendieran a los manifestantes heridos en los hospitales públicos y por el despido del personal médico que decidió atender a los heridos y que han participado en las protestas. Aunque ella desmintió esa versión, los familiares de las víctimas sostienen lo contrario, como el caso de la madre de Álvaro Conrado, quien murió desangrado tras recibir un disparo en la garganta.
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Oscar Castillo es el director del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) y, durante su trabajo como titular, ha otorgado, sin licitación directa, licencias a los hijos de la pareja dictatorial, quienes son propietarios de numerosos medios de comunicación televisivos y radiales.
El año pasado, Castillo le quitó la autorización de transmisión a Miguel Mora, director del canal 100 noticias, cuyas instalaciones se mantienen secuestradas por el régimen orteguista