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CONTENIDO EXCLUSIVO.Desde 2018, cuando la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo reactivó en Nicaragua una de las viejas prácticas del sandinismo: las confiscaciones, el Ministerio de Salud (Minsa) se ha convertido en la institución más «premiada» con las propiedades incautadas. Además, el régimen ha utilizado otras entidades, como el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) y el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), para encubrir estos actos como supuestas obras públicas en «beneficio» de la población.
LA PRENSA realizó un recuento en el que identificó que al menos 40 propiedades que han sido confiscadas desde 2018 hasta la actualidad han sido utilizadas con fines de «obras públicas». El patrón para confiscarlas ha sido el mismo: asaltar las instalaciones con policías armados, quienes las resguardan; posteriormente las «remodelan» pintándolas con los colores llamativos del régimen, les colocan banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y por último «celebran» la inauguración.
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De hecho, el Minsa fue mencionado en el reciente Informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) como una de las instituciones de vigilancia utilizada por el orteguismo. «Esta vigilancia no se limita a las personas consideradas opositoras; toda la población es vigilada por la estructura de inteligencia a través del Ministerio de Salud que realiza un censo poblacional que incluye preguntas sobre la ubicación de familiares y sus afiliaciones políticas», indica el Informe.
Minsa se estrenó en 2018
El Minsa se estrenó en 2018 al ser la primera institución en montar centros sobre las propiedades robadas a Confidencial, 100% Noticias, Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), Casa Popol Nah, Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) y la Asociación de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas María Elena Cuadra (MEC).
En todas las sedes robadas a los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales el Minsa empezó a colocar rótulos que decían «esta propiedad le pertenece al Minsa» y anunciando en qué convertirían las propiedades confiscadas.
En el caso de Confidencial, se instaló la Casa Materna Camila López; en el edificio de 100% Noticias el Centro de Atención para Personas con Adicción de Alcoholismo y/o Drogadicción Valentín Meléndez; en Cisas, el Centro de Atención a Personas con Adicciones de Alcoholismo y/o Drogadicción Benjamín Medina Solís; y en Popol Nah, el Centro Familiar y Comunitario Elena del Carmen Lau.
En las oficinas del Cenidh, está la Casa Materna Zoila Aurora Galeano; en el Ipade, el Centro Nacional de Diabetología Porfirio García, y en el MEC, el Centro de Salud Familiar y Comunitario Dra. Erlinda López. Cabe mencionar que las propiedades fueron asaltadas en 2018 y fue hasta 2021 cuando el Minsa concretó la confiscaciones de facto.
El 7 de marzo de 2023 el Minsa inauguró en las instalaciones del Centro Humboldt, en Managua, el Centro de Atención a la Salud de las Mujeres Dra. Ligia Altamirano, que, según dijo en ese momento la ministra de Salud, Martha Reyes, tiene la capacidad de atender a unas 600 mil mujeres de los siete distritos de Managua.
El 17 de marzo de 2022, la Asamblea Nacional, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que dirige Ortega, aprobó la cancelación de las personerías jurídicas de 25 ONG, entre ellas la del Centro Humboldt.
El 26 de febrero del 2025, la institución sanitaria inauguró el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, en las instalaciones que fueron confiscadas al Club Campestre las Colinas, en Managua. El centro cuenta con área de Terapia Complementaria o Medicina Natural. Y como era de esperarse, la dictadura utiliza a los beneficiarios para fines de propaganda política.
El Ministerio del Interior le canceló la personería al Club Campestre el 14 de diciembre de 2021, por supuestos incumplimientos y violaciones a las leyes.
También el Minsa inauguró en San Rafael del Sur el Centro de Hemodiálisis Sacuanjoche, en el Hostal El Central, confiscado al periodista y empresario nicaragüense Henry Briceño, desterrado el 24 de noviembre de 2024. De acuerdo con los medios de propaganda, este centro está destinado a brindar atención a pacientes con insuficiencia renal crónica.
Asimismo, otro inmueble que fue confiscado y convertido en el Centro Oncológico Nacional Dr. Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa, fue el campus robado al Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), cuya personería jurídica fue cancelada en septiembre de 2023.
Propiedades deben regresar a sus legítimos dueños
El excarcelado político y economista, Juan Sebastián Chamorro, apuntó que las propiedades confiscadas a organizaciones no gubernamentales, universidades y personas naturales está generando un conflicto social dentro del país y creando un ambiente negativo para los futuros inversionistas.
«Hay un conflicto social y la idea del régimen es que ese conflicto sea minimizado con la evolución de las propiedades que lo venden como una ‘obra pública’ que beneficiará a miles de nicaragüenses, pero es puro hecho político», denunció Chamorro.
Chamorro es enfático al apuntar que cuando el país viva el proceso de una transición democrática, «lo primero que hay que hacer es indemnizar y devolverle a los dueños legítimos esas propiedades, deben devolver lo robado».
El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, indicó que sin lugar a dudas «se genera una deuda al Estado porque es el que debe responder por las arbitrariedades que el régimen ha cometido, estas confiscaciones a propiedades, daños e indemnizaciones va a tener que asumir el nuevo gobierno».
Sobre la cantidad de propiedades confiscadas, Chamorro afirmó que se desconoce qué ha pasado con el total, dado a que hay «centenares que han sido invadidas y tomadas de las que no hay registro. Hay más de 100 propiedades que han sido trasladadas por vía decreto presidencial al INSS».
Amaru Ruiz mencionó que en el caso de las propiedades a manos de instituciones públicas del Estado, evidentemente «podrán ser devueltas a sus dueños, en la medida que no se privatice o que no pasen a personas individuales. Es más fácil un proceso de devolución por parte del Estado que donde hay personas porque ahí sí puede haber un mayor problema de conflicto».
El ambientalista recomendó que por ahora lo que queda a las personas despojadas de sus propiedades es «tener y poder documentar con pruebas legales que demuestren que esa propiedad le pertenecía y así se pueda reclamar frente al Estado. En la medida que haya un cambio político en el país este tema se tiene que hablar y definir cómo va a responder el Estado frente a lo que hizo el régimen Ortega-Murillo».
Inatec, Inta y el CNU entre las otras instituciones
Las otras instituciones gubernamentales que con el aval de la dictadura se han tomado las propiedades confiscadas son el Inatec, INTA, Consejo Nacional de Universidades (CNU) y alcaldías locales, además del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS).
El 10 de enero de este año, la dictadura instaló una filial de la Cruz Blanca, antes Cruz Roja Nicaragüense, en la casa donde habitaba el periodista y empresario Briceño. Ambas propiedades se encuentran ubicadas en San Rafael del Sur, Managua.
El 12 de febrero, la dictadura por medio del Inatec consumó la confiscación a las instalaciones de la Fundación Hedwig y Robert Samuel, en Managua, al inaugurar el Centro Tecnológico Muchachos, Horizonte Valiente, donde supuestamente se podrá «estudiar carreras y cursos técnicos como Mercadeo, Publicidad, Contabilidad, Mecánica Automotriz, Diseño Gráfico, Computación e Inglés».
La dictadura sandinista, previo a consumar el robo de la propiedad de la Fundación alemana Hedwig y Robert Samuel, ordenó a través del Ministerio del Interior —en junio de 2024— la cancelación de la personería jurídica de esa organización sin fines de lucro, argumentando que esta obstaculizó el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de organizaciones sin fines de lucro al presentar inconsistencias en los estados financieros sin aclaraciones. Esta es la misma excusa que el Ministerio del Interior (Mint) usa para justificar los cierres de universidades y organismos y consumar los robos de sus bienes.
El 15 de febrero, el régimen inauguró el Centro Universitario de Tecnologías Agropecuarias y Tecnologías para la Agroexportación Padre Comandante Camilo Torres Restrepo, una extensión de la Universidad Nacional Agraria (UNA), en las instalaciones del Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja, confiscado a la Diócesis de Matagalpa, que fue intervenido el 17 de enero por policías y funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).
El 21 de febrero, la Alcaldía de Chinandega inauguró el Museo Cacique Agateyte y el Teatro Municipal Jorge Paladino, en el Complejo Betania confiscado a la Fundación Chinandega 2001, organización cancelada el 29 de enero de 2025.
Ese mismo día se inauguró el Centro Universitario Agropecuario y de Agroexportación Héroes de Chinandega, extensión de la Universidad Nacional Agraria (UNA), en el monasterio confiscado a las religiosas de la Orden de Santa Clara, quienes fueron expulsadas el 28 de enero de 2025, después de que el 19 de mayo de 2023 le habían cancelado su personería jurídica.
El 24 de julio de 2024, la dictadura por medio del Inatec inauguró el Centro Tecnológico de Idiomas, Managua, subsede Juan Carlos Herrera Cuarezma «La Foquita», en la sede robada a la Fundación Luciérnaga, que se dedicaba a promover la cinematografía. La inauguración de dicho centro se dio cerca un año después de que el Ministerio del Interior le arrebató su estatus jurídico.
El 20 de julio, a escasos días de que la dictadura canceló la personalidad jurídica de la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic), se concretó la confiscación de facto de una de sus propiedades, ordenando la ampliación del Distrito Cinco de la Policía orteguista en Managua. La propiedad de la sede central de Faganic colindaba con el costado oeste de dicho distrito.
El 24 de mayo de ese año, también el Inatec inauguró la Nueva Escuela Hotel Nicarao en las propiedades confiscadas a la familia Chamorro Barrios y a Rafaela Cerda, mamá del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, en San Juan del Sur. En enero de ese año, la dictadura se apropió del condominio Farallón de Sotavento, compuesto por cuatro apartamentos y una casa de servicio y el Hotel Casa Blanca, propiedad de Rafaela Cerda.
En febrero de 2024, la dictadura montó en las instalaciones de las Hermanas Pobres de Jesucristo, ubicada en León, una oficina del Ministerio del Interior. En ese edificio, hasta el 2 de julio de 2023, vivían las religiosas que llegaron al país en 2016. Durante estos siete años se dedicaron al servicio de los pobres, a través del suministro de alimentos, vestuario y oración. Después de ser expulsadas, las Hermanas llegaron a El Salvador, donde fueron recibidas.
También la dictadura en ese año inauguró el Programa Habitacional Nuevas Victorias en las propiedades confiscadas a la Exposición Pecuaria del Istmo Centroamericano (Expica).
En agosto de 2023, el régimen consumó por medio del Inatec el robo a las instalaciones del Diario LA PRENSA con la inauguración del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho y también, por medio del CNU, las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA), propiedad de la Compañía de Jesús, convirtiéndola en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
Otro de los asaltos y sustracciones de bienes de la dictadura en ese año alcanzaron las instalaciones de la Fundación Familia Padre Fabretto, en Madriz, donde el INTA inauguró la Reserva de Recurso y Estación Biológica Coronel Santos López; en Masatepe, la Fundación Luisa Mercado fue convertida en la Escuela de arte, danza y coros Masatepetl.
Mientras que en las oficinas de la Fundación María Cavalleri, en Matagalpa, fue inaugurado el Centro de Capacitación Las Mujeres del Cuá, y la sede de la Congregación de Hermanas Trapenses de Nicaragua, en Chontales, fue convertida en el Centro de Desarrollo de Tecnologías Agropecuarias Compañero Cornelio Silva.
En Managua, en las instalaciones de la organización feminista la Corriente fue instaurada la Casa de la Cultura y Creatividad Alejandro Cuadra y en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en Las Sierritas, de Santo Domingo, en Managua, tomadas desde el pasado 24 de abril, se inauguró el centro de estudios del desarrollo, Casa de la Soberanía Padre Miguel d’Escoto Brockmann.
En 2022, la dictadura se apropió de las instalaciones del organismo de observación electoral Ética y Transparencia (EyT), donde inauguró el Centro Nacional de Innovación y Tecnología Héroe Francisco Moreno.
