Un grupo de migrantes, incluidos nicaragüenses, beneficiados por el programa de parole humanitario, ha presentado una demanda contra la administración del presidente republicano Donald Trump por cerrar los mecanismos legales que les permitieron ingresar y residir temporalmente en Estados Unidos. La demanda, interpuesta en un tribunal federal de Boston, busca restablecer estos programas migratorios fundamentales para quienes huyen de la crisis en sus países.
Ocho migrantes provenientes de Afganistán, Ucrania y Nicaragua, junto con la organización Haitian Bridge Alliance, encabezan la acción legal contra la cancelación de tres programas claves: Unidos por Ucrania, que facilitó la llegada de 200 mil ucranianos afectados por la guerra; el programa de Proceso de permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV) mejor conocido como «parole humanitario», que permitió la entrada de más de 531 mil migrantes; y la Operación Allies Welcome, que acogió a 75 mil afganos tras la retirada de tropas estadounidenses de su país en 2021.
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También forman parte de la demanda tres ciudadanos estadounidenses que actuaron como patrocinadores de migrantes de Nicaragua, Cuba y Venezuela, argumentando que la cancelación de los programas afecta gravemente a comunidades enteras en Estados Unidos.
Confiaron en que EE. UU. «los ayudaría a protegerse del peligro»
«Cada uno de estos individuos confió en que el gobierno de EE.UU. los ayudaría a protegerse del peligro. Esperaron pacientemente por una vía legal y ahora se les niega injustamente esa posibilidad», señala el documento legal de la demanda a la que LA PRENSA tuvo acceso.
Los funcionarios que figuran como demandados son Trump, como presidente de EE. UU.; Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional; Caleb Vitello, director interino de ICE; Pete R. Flores, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), y Kika Scott, directora del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis).
Los demandantes destacan que el 20 de enero de 2025 Trump emitió una orden ejecutiva «Protección de nuestras fronteras» en la que ordenó al secretario de Seguridad Nacional poner «fin a todos los programas de libertad condicional categórica» y los memorándums que posterior publicó el DHS y Uscis.
«Al mismo tiempo que ha terminado estos procesos de libertad condicional por su presunta ilegalidad, suspendió la capacidad de las personas en libertad condicional para obtener formas de alivio migratorio a los que el Congreso les había otorgado el derecho. El DHS también ha tomado medidas represivas para facilitar la deportación lo más rápido posible de las personas beneficiarias», reprochan los demandantes.
La demanda fue presentada el pasado 28 de febrero. Los demandantes están representados por Justice Action Center y Human Rights First.
Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, refirió que «gracias a estos populares y exitosos procesos de libertad condicional humanitaria, innumerables estadounidenses abrieron sus corazones y hogares a sus vecinos globales. La decisión sin fundamento legal de la administración Trump de simplemente declarar que esta autoridad ejecutiva es ‘ilegal’ es tan cruel como absurda».
Nicaragüenses huyeron de la represión
En la demanda se especifican los casos de las personas beneficiaras que han resultado afectadas. Las identidades de las personas demandantes permanecen protegidas por el apellido Doe, que se usa en Estados Unidos para proteger sus nombres reales.
«Los demandantes Alejandro, Armando, Ana y Carlos huyeron de Nicaragua tras la tortura de un miembro de su familia a manos del Estado y la posterior persecución política», señala la demanda.
En el caso de los nicaragüenses, describe, que Alejandro Doe es ciudadano de Nicaragua que actualmente vive en Gainesville, Georgia. Él huyó de Nicaragua tras el secuestro y tortura de su padre por parte del Estado nicaragüense. Ingresó a EE. UU. en julio de 2024, después de que un primo, ciudadano estadounidense lo patrocinara.
«Alejandro tiene una solicitud de asilo pendiente, que ha estado paralizada indefinidamente debido a la pausa de la administración Trump en el procesamiento de las solicitudes de beneficios migratorios para los ciudadanos CHNV en libertad condicional», indica la demanda.
En el caso de Armando está casado con Ana y actualmente vive en Gainesville, Georgia. Armando huyó de Nicaragua debido a la creciente represión política y el peligro derivado de la desaparición del padre de su esposa por parte del gobierno de Daniel Ortega y por su labor en una empresa de medios digitales dedicada a democratizar la información y documentar los abusos del gobierno.
Armando ingresó a los Estados Unidos en febrero de 2024 y fue patrocinado por el primo de su esposa, ciudadano estadounidense que reside en el estado de Washington. Al igual que Alejandro esta pareja tiene la solicitud de asilo, mismo caso enfrenta Carlos. Estos cuatro nicaragüenses son familiares.
Sobre Carlos, la demanda destaca que él huyó por amenazas de muerte en su contra y la de su familia. Ingresó a EE. UU. en mayo de 2023.
