Después de que se filtró información sobre una orden interna del gobierno de Donald Trump para suspender «indefinidamente» las solicitudes de inmigración de migrantes que entraron legalmente a Estados Unidos bajo programas implementados durante la administración de Joe Biden, la incertidumbre se ha intensificado. En particular, entre los nicaragüenses beneficiarios del parole humanitario debido a que muchos de ellos utilizaron esta vía para solicitar asilo político u otro estatus migratorio en ese país.
Abogados de inmigración consultados por LA PRENSA aclaran que la administración actual no puede impedir que los migrantes envíen sus solicitudes, aunque sí tiene la facultad de «retrasar» las respuestas en estos casos.
La información fue publicada por CBS News tras tener acceso a un memorándum interno firmado por Andrew Davidson, un alto funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis), en el que se detallan las medidas en evaluación por supuestas preocupaciones de fraude y seguridad.
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A inicios de febrero, el CBS News advirtió que la administración de Donald Trump planea revocar el estatus de los beneficiarios del parole humanitario en el país.
Hasta ahora ninguna de las medidas ha sido publicada en los sitios oficiales de Uscis o el Departamento Nacional de Seguridad.
LA PRENSA envió consultas al Departamento Nacional de Seguridad (DHS, por sus siglas en inglés) sobre esta medida, sin embargo, no se obtuvo respuesta.
Podrían retrasar las respuestas
De acuerdo con el memorando interno obtenido por el medio estadounidense, la pausa administrativa impide que migrantes acogidos bajo los programas de proceso de permiso humanitario para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), conocido como «parole humanitario», el Programa de Permisos de Reunificación Familiar y la política llamada Unidos por Ucrania, no pueden continuar con sus procesos de regularización de estatus.
Los beneficiarios de los programas, que llegaron por medio de las vías legales, podían regularizar su estatus en el país al solicitar beneficios migratorios como asilo, residencia permanente (Green Card) o el Estatus de Protección Temporal (TPS).
El medio estadounidense indicó, basado en el memorándum interno, que «bajo la directiva interna del Uscis los funcionarios ya no podrán procesar ninguna solicitud para estos programas ni ningún otro beneficio si las solicitudes fueron presentadas por migrantes que llegaron a Estados Unidos bajo las políticas específicas de la administración Biden».
Cindy Blandón, abogada especializada en inmigración, aseguró que «ellos (el Gobierno) no pueden impedir que los migrantes envíen sus solicitudes, pero sí pueden retrasar su adjudicación o respuestas mientras revisan si hubo fraude en la obtención del parole».
Muriel Sáenz, representante acreditada de migración en Estados Unidos y quien trabaja para la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, Inc., apuntó que las personas que llegaron con parole a EE. UU., y si ya sometieron su solicitud de asilo, «cuando llegue la cita, le van a preguntar cómo o de qué forma llegaron a los EE. UU.».
Partiendo de que los casos migratorios de estas personas iban a ser pausados indefinidamente, Sáenz señaló que de hecho «yo he metido como cuatro solicitudes de asilos recién, en los últimos tres días, que son personas que vinieron con parole humanitario y no me lo han negado».
Por la experiencia y basado en lo que ha señalado Trump de supuesto fraude, esta experta supone que «el problema va a estar en las personas que pagaron para ser patrocinadas, es posible que ellos sí sufran las consecuencias porque eso es un fraude, no debían de haber pagado para eso, y el patrocinador no debió de haber cobrado para patrocinarle a nadie».
A su vez, Sáenz coincidió con Blandón, al señalar que hay leyes internacionales y nacionales de derechos humanos, de las cuales Estados Unidos es firmante, y «ellos no pueden arbitrariamente decir ‘ya no vamos a permitir que la gente someta asilo’. Las leyes aquí no son retroactivas. Entonces lo único que pueden hacer es investigar».
En cuanto a retrasar las adjudicaciones o respuestas de los casos, la experta apuntó que «eso ya es un grave problema en este país. Antes que viniéramos los nicaragüenses a Estados Unidos, muchísimo antes de eso, un asilo se dilataba ocho años para ser procesado o para ser adjudicado. Entonces eso solamente haría el problema, que ya existe, peor».
«Dejarían a muchos en limbo migratorio»
La experta Blandón aseguró que de comprobarse fraude en un caso específico, el beneficiario podría enfrentar la revocación de su estatus migratorio y posibles procesos de deportación. «Creo que el mensaje que Trump está dando es bien claro y conciso, no quiere que estas personas traten de legalizarse y está metiendo normativas bien restrictivas para que las personas se vayan o las deporten», señaló Blandón.
El activista y experto en leyes migratorias, Ronmell López, mencionó que esta medida tendría un impacto significativo en miles de familias, debido a que «congelaría la posibilidad de avanzar hacia una estabilidad legal, dejando a muchos en un limbo migratorio, expuestos a la incertidumbre y al riesgo de deportación».
A su vez, López destacó que «podría desincentivar la confianza en futuros programas humanitarios o de inmigración, ya que se percibirían como vulnerables a cambios políticos».
En ese sentido, Sáenz atinó que «causaría una emergencia humanitaria porque serían miles de personas que de repente no tendrían a dónde ir. Imagínate miles de personas que les digan, ‘bueno, todos ustedes tienen que salirse del país porque no califican, porque se le ocurrió al presidente que no calificaban, entonces váyanse'».
Tome en cuenta las recomendaciones
A pesar del panorama incierto, los abogados de inmigración esperan la publicación de la normativa oficial que defina el alcance real de estas medidas. Mientras tanto, recomiendan a la comunidad migrante mantenerse informada y actuar con cautela ante rumores y decisiones que aún no están formalizadas en un documento oficial.
Blandón recomienda a los nicaragüenses con parole humanitario buscar asesoría legal antes de presentar solicitudes de asilo o residencia. «Si alguien está considerando aplicar, debe consultar con un abogado, porque las solicitudes más recientes son las primeras en ser revisadas», advirtió.
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Asimismo, recordó que el proceso de revisión en estos programas migratorios no implica la cancelación inmediata de permisos de trabajo ni citas de huellas dactilares. «Hasta ahora, inmigración sigue tramitando casos y programando citas. La incertidumbre está en el proceso final de adjudicación, si va a haber una aprobación, una denegación y es ahí donde los oficiales tienen que revisar si hubo fraude o no, y ver qué es válido o no», señaló Blandón.
López, por su parte, recomendó a los nicaragüenses a «esperar que la medida sea anunciada oficialmente en el sitio de Uscis o del Departamento de Seguridad Nacional. Por ahora, lo mejor es estar atentos a fuentes oficiales y prepararnos para informar de manera responsable a las comunidades afectadas, asegurándonos de que la información sea precisa y útil».
