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Amaru Ruiz le ha dedicado los últimos 20 años de su vida a la protección del río San Juan, fronterizo con Costa Rica y, cada vez que ocurre algo en la zona, y a pesar de que está en el exilio, se mantiene en contacto con la población y en alerta ante cualquier eventualidad.
En esta ocasión, ante el anuncio de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo de que crearon una nueva ley para regular las fronteras del país, la población de la frontera sur del país rápidamente le expresó el temor y la zozobra que tienen porque ahora sus propiedades pasan a manos del Estado.
Ruiz, de 35 años y presidente de la Fundación del Río, un organismo dedicado a velar por este importante cuerpo de agua y sus alrededores, señala que ya había una ley para regular el tema de la frontera, pero que la misma le ponía obstáculos a los Ortega Murillo para entregar concesiones mineras, especialmente a los chinos, y por eso crearon una nueva, de sólo cuatro artículos, para eliminar dichos impedimentos.
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En esta entrevista, Ruiz aprovecha también para externar que Rosario Murillo se encamina a manejar los destinos del país sin la presencia de su marido Daniel Ortega y hasta ha enviado a sus hijos a los pueblos para que entren en contacto con la población, ya que ella no lo puede hacer porque “no la quieren”.
¿Qué dicen las personas que viven en la zona fronteriza sur? ¿Ha hablado con ellas?
Hay preocupación sobre las propiedades que hay sobre la zona transfronteriza. Cuando se aprobó la anterior ley, en 2010, muchas de las fincas que quedaban en zona fronteriza, fuera del casco urbano de ciudades que quedan en esa zona fronteriza, no pudieron inscribir o tenían dificultades para la inscripción de sus propiedades en el Registro Público. Desde ese momento se acarrean problemas del registro de las propiedades en esas zonas, porque el Estado no facilitó la inscripción de esos derechos de propiedad en su momento.
Con esta nueva ley, primero hay preocupación y zozobra en las zonas transfronterizas. También hay preocupación en las comunidades indígenas y afrodescendientes que, en el caso del sur, una parte muy pequeña son fronteras, es decir, el territorio rama-creol. En el norte, desde casi la mitad del departamento de Jinotega hasta el Caribe, en la desembocadura del Cabo Gracias a Dios es territorio indígena también. No solo hay preocupación para la gente del norte y el sur del país, sino también para los indígenas y afrodescendientes en el norte y en el sur, que son las fronteras terrestres que tiene el país.
¿Qué otras preocupaciones tienen las personas con propiedades en la frontera sur, además de la dificultad para inscribir?
Nos preguntan que qué va a pasar con los impuestos. ¿Quiere decir que no van a pagar impuestos a las municipalidades? Todas las propiedades por ley deben de pagar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la municipalidad. ¿Qué va a pasar? Como ya pasa a propiedad del Estado, según la ley, que me imagino que va a tener un reglamento, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Las municipalidades le van a cobrar al Estado o simplemente se va a suspender el IBI para todo ese territorio porque pasa a ser del Estado?
¿Qué esperan que ocurra cuando se publique la reglamentación?
Esa ley de cuatro artículos genera mucha incertidumbre, zozobra y, cuando aparezca la reglamentación, creo que se va a actuar con discrecionalidad a la hora de definir cómo van a ser las excepciones, sobre todo porque sobre ese borde fronterizo se encuentran cascos urbanos y ciudades enteras. Y el régimen no va a poder desconocer los derechos de ahí, porque políticamente se le podría armar una situación compleja, de gente que no estaría de acuerdo, incluso de sus propias filas, con que no se les reconozcan los derechos de propiedad sobre cascos urbanos importantes.
Habría que contabilizar los municipios que son fronterizos, pero en el norte hay una importante cantidad de zonas fronterizas. Yo había sacado el cálculo, unos 310 kilómetros de frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica, y alrededor de 922 entre Honduras y Nicaragua. Y ahí hay municipios que son fronterizos, más en el norte que en el sur. En el sur tenemos todo el departamento de Río San Juan y todo el departamento de Rivas. Y los municipios fronterizos en el sur son San Juan de Nicaragua, El Castillo, San Carlos, Cárdenas y el municipio de Rivas. En el norte, hay varios municipios del departamento de Chinandega, varios municipios del departamento de Nueva Segovia, de Jinotega y de la región del Caribe Norte, que ahí estarían Waspam y Puerto (Cabezas o Bilwi), que son los dos municipios que tienen zona fronteriza. Son sitios donde la va a tener difícil el régimen en el sentido de expropiar todo. Por eso digo que va a aplicar un nivel de discrecionalidad para determinar quién sí y quién no, porque en las ciudades no creo que vaya a poder apropiarse de los derechos de propiedad que están en esa zona.
¿Los temores de la población son solamente sobre las propiedades o hay otros?
La principal preocupación está relacionada a sus propiedades y a sus bienes que están ahí. Y los pagos de sus compromisos con los impuestos. Uno sondea y encuentra eso tanto entre la población mestiza como para la indígena y los afrodescendientes. En el caso de la población de la Costa Caribe, en el norte, violaría la Ley 28. Y la Ley 28 está por encima de esta ley que acaban de crear. Esta ley vendría a violar lo establecido en la Ley 28 y por ende también en la Ley 445 que afecta a las dos fronteras. En el caso el sur, esta ley no afecta la Ley 28 porque esos 15 kilómetros se ubican en el departamento de Río San Juan, que es un departamento donde no se aplica la Ley 28, pero sí se aplica la Ley 445. Hay preocupación también porque se están irrespetando los derechos de propiedad ya otorgados a territorios indígenas. Y obviamente se viola el estatuto de autonomía. Es la misma preocupación de propiedad sólo que con enfoques diferentes, por los derechos ya adquiridos.
¿Qué le pareció la justificación para hacer la ley? Se habla de controlar amenazas externas, del narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero y crimen organizado en la zona fronteriza.
Existía una ley previa y un reglamento. Esa justificación no tiene sentido, sobre todo cuando ya se había aprobado una ley anterior, en la que se establecían dos zonas, la zona de seguridad que eran cinco kilómetros, y una zona de influencia de zona fronteriza de 15 kilómetros. En ambas tenía el Ejército un rol fundamental en la protección de lo que había ahí, protección ambiental, protección social, de seguridad y de soberanía. No es nuevo lo que lo que ellos están haciendo, ya lo habían hecho en 2010, cuando se aprobó la ley y el reglamento de la frontera. Esta justificación es para argumentar por qué hacen ese ajuste de la ley. En la práctica eso ya se hacía. El Ejército tenía el control sobre la frontera.
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¿Qué explicación le encuentra, entonces?
Había varios candados cuando crearon esa ley (de 2010). Primero, reconocían los derechos de propiedad de las personas individuales y eso ya cambió en esta ley, por lo menos es lo que hemos visto en el artículo 2 de la ley. En el artículo 3 de la anterior ley se decía que se reconocían los derechos adquiridos de las personas privadas y que más bien las instituciones que implementaban esta ley podían salvaguardar y respetar estos intereses, pero que esa es una zona que se considera de resguardo de la soberanía y eso justificaba que el Ejército entrara en esas propiedades. Se daba el derecho de control, pero no el derecho de la propiedad sobre esos territorios. El otro candado que establecía esa ley era el respeto a los derechos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Y un tercer elemento, que es por el cual yo creo que se modifica, era que orientaba al Ejército a salvaguardar el patrimonio natural que hay en la zona fronteriza, tenía el lineamiento del tipo ambiental para resguardar los bienes, los recursos, toda la situación ambiental en las zonas de frontera, porque muchas de las zonas de frontera en el norte y en el sur tienen importantes áreas de conservación, áreas protegidas, zonas de humedales, etcétera. Siento que esa ley les estorbaba para las concesiones mineras que han otorgado, tanto estas últimas, la de Thomas Metal, empresa china, como un par de concesiones otorgadas en Nueva Segovia, en la frontera con Honduras, que también son a empresas chinas.
¿Qué significa que el régimen entregue concesiones mineras en zonas fronterizas? ¿Es normal o no debería de ser así?
Lo que hacen al entregar una concesión en zona fronteriza es perder cierta soberanía, cierta autoridad sobre ese territorio. Les estás entregando una concesión en una zona fronteriza a un concesionario extranjero. No importa que la empresa se registre en Nicaragua, pero el dueño y el interés es del empresario extranjero. Es como que si les estuvieras concesionando una parte de la frontera. En Nueva Segovia, frontera con Honduras, habían entregado Río Rosa a otra empresa china. Otra concesión, que queda un poquito más alejado, a cuatro kilómetros de la frontera con Honduras, fue otorgada a otra empresa china, Brother Metal Sociedad Anónima. En el departamento de Chinandega, por Santo Tomás del Norte, entregaron el lote Santo Tomás a la empresa china Zhong Fu Development. Y, arriba, entregaron el polígono 1A a Brother Metal también. En total serían ocho concesiones chinas en los 15 kilómetros de la frontera hacia adentro del país. Ellos (régimen Ortega Murillo) se dieron cuenta que tenían un impedimento, no sólo respecto a la soberanía y con los derechos adquiridos por el concesionario, que podrían entrar en conflicto con las regulaciones del país, sino también con las regulaciones o los candados que establecía la ley anterior fronteriza con respecto a la protección ambiental. Sacaron una ley escueta, yo no recuerdo antecedentes de una ley de cuatro artículos. Reformas sí, pero no una ley de la importancia que tiene esta ley. Estamos hablando de la frontera, de los límites del país y de lo que sucede ahí.
«Uno de sus hijos (de los Ortega Murillo) anduvo, diríamos en Nicaragua, tomando un baño de pueblo, visitando varias zonas de Nueva Guinea, de la RAAS (Caribe Sur), tratando de darse ese baño de pueblo, de generar simpatías, porque todos estos hijos de ellos nunca han estado en una relación directa con sus propios partidarios y menos con el pueblo. A quien le ha tocado asumir esa figura ha sido al dictador Daniel Ortega. Y a ella (Rosario Murillo) no la quieren, por eso no va a los pueblos. Es muy riesgoso y por eso manda a los hijos».
Amaru Ruiz, ambientalista.
¿Esta nueva ley afecta a las personas que pasan ilegal para Costa Rica o no tiene ninguna relación?
No tiene mayores implicancias. La reforma a la Ley de Migración ya estableció todos los elementos para detenerte, para no dejarte entrar, para todos los temas de pasos no habilitados formalmente. Además, el Ejército está en la frontera, siempre ha estado. Se mueve en la frontera sin pedirle permiso a nadie, a ningún finquero, para pasar sobre su propiedad, porque se habían reconocido los derechos de control, de soberanía, resguardo, seguridad, etcétera, en el corredor fronterizo.
A propósito de la reforma a la Ley de Migración, ¿se ha conocido que han detenido a alguien por cruzar ilegal la frontera?
No te podría decir. Sí han devuelto a varias personas. No sé cómo hacen, no sé si tienen listados, pero sí no han dejado entrar a las personas que entran y que se identifican con carnet de residencia o de solicitante de refugio y que cruzan ilegalmente, se los cortan. Además de que pagás coima, no sólo al coyote, sino al Ejército. Los coyotes le pagan al Ejército su tajada en los diferentes puestos ilegales. Son documentadas las personas que entran y que salen, ahora es también las que salen. Se está implementando la práctica de quitarle o cortarle los carnets de refugio o de residencia de las personas que cruzan ilegalmente. Es una cosa que sí hemos notado. Les dicen y los amenazan de que, si tienen residencia del otro país, entonces ya no son reconocidos nacionales, cosa que es contraria a la propia ley que ellos hicieron, porque la ley de nacionalidad es si tenés la nacionalidad, no si tenés residencia. Vos podés ser nacional de Nicaragua con residencia en cualquier parte del mundo y no deberían de tratarte como un no nacional o un extranjero entrando al país.
Están aplicando mal su propia reforma…
Es una forma de intimidar. Les cortan el documento de identidad del país donde tienen residencia y eso me parece hasta inhumano, porque no necesariamente todos los que están en Costa Rica han venido por exilio político. Hay una gran cantidad de trabajadores que cruza la frontera para venir a trabajar. Es una migración económica y no política. Pero les aplican por igual. Lo que ya ha hecho la gente es que esconde los carnets o no los lleva. Es una aplicación totalmente fuera del derecho. Es falso que, como tienen residencia (en otro país), ya perdieron su nacionalidad. Eso es totalmente falso.
¿Cómo está la frontera sur en este momento?
Las fronteras siempre han sido permeables, donde hay una dinámica y una actividad, primero transfronteriza, muy local, porque mucha gente se mueve de un lado para otro en la frontera de forma regular e irregular. Hay que recordar que las fronteras son pasos de tráfico de ilícitos, no sólo droga, sino también de trata de personas, de comercio de productos ilegales, tráfico de fauna, de flora. Hay mucha movilidad sobre todo en la zona fronteriza terrestre, porque es más difícil entrar por vía acuática, pues tenés que tener cierta capacidad para entrar. Eso sigue siendo así, no lo vas a poder detener. Se mantiene la misma dinámica. Siento que en la frontera sur hay mucho mayor preocupación por las dinámicas de ilegalidad que se dividen entre la frontera sur y la frontera norte. Es decir, sur de Nicaragua, norte de Costa Rica. En la otra frontera, siento que o el Gobierno de Honduras no hace mucho en su frontera o no hay mucho incidente. Siento que ha habido un aumento de los incidentes de ilegalidad en el cruce fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica que ha sido bastante público, desde decomiso de productos, ahorita acaban de decomisar tenis, medicamentos, han decomisado de todo… ácidos que iban para Nicaragua, todo el tema de esos 36 kilómetros de influencia de la minería ilegal en la zona entre Nicaragua y Costa Rica, que son zonas fronterizas que van desde el río Bartola hacia abajo, hacia el Sarapiquí, 36 kilómetros que es una zona específica influenciada por actividades ilegales vinculada a la minería, incluso vinculada al tráfico de droga. Siento con mayor nivel de convulsión y de dinamismo y de actividades ilegales la frontera sur de Nicaragua, no sé si es porque Costa Rica tiene un mayor nivel de regulación de lo que sucede en la zona fronteriza comparado con Honduras. La del norte es mucho más grande. No es lo mismo cuidar 310 kilómetros a cuidar 900. Además, por lo general, la ruta de actividades ilícitas va hacia el norte, no viene hacia el sur. Creo que la dinámica es la misma, pero tal vez el nivel de resguardo es menor que en la frontera sur.
¿A la dictadura cómo la está viendo en este momento?
El régimen está consolidándose en el poder, está en un proceso de transición, preparándose para tiempos donde no van a tener el mismo líder. Creo en los análisis de algunas personas de lo que está sucediendo con la estructura, con el anillo del poder, porque eso es un anillo cerrado controlado por dos figuras. Una más operativa y otra más política. La operativa es la codictadora. El político es el que llama a consenso, pero ya no tiene el mismo poder, la misma influencia que tiene la codictadora. La codictadora está preparando todo el escenario para un cambio de la figura política, que en este caso es su pareja y por eso está emprendiendo todas las acciones para aumentar el control, para cerrar los círculos de poder, para identificar cuáles son las amenazas que tiene a su alrededor, desde empresas, gran capital, hasta individuos de su propia estructura que han sido abiertamente opositores a sus políticas internas.
Con las reformas constitucionales que se van a aprobar en la segunda legislatura, va a terminar de consolidarse la dictadura, incluso, ver si uno de sus hijos puede asumir en vista de la situación que pueda suceder en cualquiera de los dos, que este caso el que más está jodido es el dictador. (Rosario Murillo) Todo lo está haciendo en frío, porque sabe que, en caliente, es decir, cuando suceda la muerte de Daniel Ortega, es un momento muy convulso para la población, para gente que es cercana a Daniel y no a Rosario, etcétera, entonces, ella prepara en frío todo el aparato y todos los órganos que tiene el régimen Ortega Murillo para oprimir a su pueblo.
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Algunos dudan de la capacidad de los hijos.
Por eso, uno de sus hijos anduvo, diríamos en Nicaragua, tomando un baño de pueblo, visitando varias zonas de Nueva Guinea, de la RAAS (Caribe Sur), tratando de darse ese baño de pueblo, de generar simpatías, porque todos estos hijos de ellos nunca han estado en una relación directa con sus propios partidarios y menos con el pueblo. A quien le ha tocado asumir esa figura ha sido al dictador Daniel Ortega. Y a ella (Rosario Murillo) no la quieren, por eso no va a los pueblos. Es muy riesgoso y por eso manda a los hijos.
¿Cómo mira al Ejército una vez desaparecido Ortega?
Ellos tendrán que tomar una decisión. Al menos la cúpula del Ejército ya tomó la decisión de cerrar fila en función de la codictadora y del codictador. Por lo menos en lo formal, hay un compromiso. Y eso es lo que hoy por hoy está valiendo. Siento que ese acuerdo legal todavía es muy frágil, sobre todo cuando la codictadora y el codictador, porque el otro sabe lo que está haciendo ella, hace una persecución a figuras importantes o que han representado posiciones importantes dentro del Ejército. Donde hay ese compromiso es en la cúpula. Los (mandos) medios y los soldados no coinciden con la cúpula. Hasta ahora sí han obedecido, han estado acompañándolos, no sólo en la parte formal, sino que muchos de los exmilitares o retirados han estado en la primera fila del Gobierno, en las instituciones del Estado, en empresas, etcétera, porque lo que hizo el régimen es que los involucró en los negocios. Al involucrarlos en los negocios, se embadurnan. Es como una estrategia de embadurnarlos. Si ellos son corruptos y si están haciendo negocios basados en la corrupción, embadurnémoslos a estos también, que sea más difícil salirse de esto, porque implica que vos también sos cómplice. En la práctica, el Ejército ha sido cómplice de la dictadura. Por ejemplo, quien opera el dragado (del río San Juan) es un exmilitar. Y así te puedo poner varios ejemplos de instituciones donde está la presencia del Ejército, a través de sus cuadros que se convirtieron a la vida civil o que están retirados.
Se habla de que esta nueva ley sobre las fronteras es para beneficiar a los chinos. ¿Le parece que es así?
Ellos son socios de los chinos. Eso debe estar clarísimo. Lo que tenemos en el país no es un tratado de libre comercio con China. Es un tratado político con elementos comerciales. Quienes definen quién entra y quién sale son el Estado chino y el régimen de Ortega Murillo. No es como el tratado de libre comercio con Estados Unidos, que era un tratado comercial, no político. Esto es un tratado político que deriva en cláusulas comerciales.

Plano personal
Amaru Ruiz Alemán tiene 35 años y nació en Managua, pero se crio en San Carlos, departamento de Río San Juan, donde aprendió a comer mucho pescado, pero sobre todo a conocer el río, ese importante cuerpo de agua que sirve de frontera entre Nicaragua y Costa Rica, y que está lleno de recursos naturales.
En San Carlos se desarrolló como un joven inquieto por el medioambiente. Su padre, José Antonio Ruiz, era el presidente de la Fundación del Río, defensora del río San Juan.
Su nombre, Amaru, era uno de los seudónimos de su papá en la guerra de los años 80, y sale de Tupac Amaru, un inca peruano que luchó contra la colonización española. Cuando Amaru Ruiz era niño y estaba en la escuela, le decían “la Máscara”.
Ruiz tuvo que regresar a Managua, donde su progenitora, porque en Río San Juan la oportunidad de estudios es muy escasa. Él quería ser militar, pero se dio cuenta que no tenía vocación para obedecer “ciegamente” y decidió estudiar Biología en la UNAN Managua.
Desde muy joven estuvo vinculado a grupos juveniles y desarrolló capacidad de liderazgo que le ayudó en 2018, cuando falleció su padre, a asumir la presidencia de la Fundación del Río. “Mi padre era mi mejor amigo. Su muerte me cambió la vida”, expresa Ruiz.
Poco tiempo después, la dictadura canceló la personería jurídica de Fundación del Río, como represalia porque el organismo era muy activo, especialmente en la defensa de Indio Maíz, uno de los detonantes de la rebelión cívica de abril que el régimen reprimió con paramilitares y armas de guerra causando más de 325 asesinatos de civiles, entre ellos niños, que aún están en la impunidad.
Ruiz se tuvo que exiliar desde finales de 2018.
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