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Eddy Danilo Meléndez Lacayo, de 69 años, padece Parkinson desde hace más de una década. Desde hace al menos dos años, según fuentes cercanas, ha perdido la capacidad de valerse por sí mismo. Aun así, permanece encarcelado en el pabellón de adultos mayores del Sistema Penitenciario Nacional, sin que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo haya considerado su liberación, ni siquiera durante los recientes procesos de excarcelación masiva.
Meléndez fue capturado el 1 de julio de 2021 y posteriormente condenado a 12 años de prisión por el delito de abuso sexual. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, sin embargo, lo incluye en su lista oficial de reos políticos en tanto se considera falsa la acusación.
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Dos personas con conocimiento directo de su caso, que solicitaron anonimato para evitar represalias, afirman que Meléndez no está recibiendo atención adecuada. Aseguran que toma con dificultad el medicamento Dilantin que le permite controlar su enfermedad porque ha perdido coordinación motora, memoria y autonomía. “Se le olvida tomárselo o se queda dormido. La enfermedad ha avanzado rápidamente”, afirma una de las fuentes.
Meléndez ha sido trasladado en varias ocasiones al Hospital Manolo Morales, según las mismas personas, como evidencia de su deterioro. Sin embargo, denuncian que no se les entrega información sobre los exámenes médicos y que en el hospital se alega no tener expediente clínico del paciente.
Aunque su reclusión es en el pabellón para adultos mayores, donde al menos hay un pasillo con asientos, su estado es descrito como “deplorable”. “Ya no camina bien. Arrastra los pies. Aún está lúcido, pero físicamente no responde”, dice otra fuente.
Acusación cuestionada
Según testimonios de activistas que acompañan a presos políticos, Meléndez fue inicialmente acusado de violación. Sin embargo, tras su detención, cuando las autoridades constataron su estado de salud, incapaz de sujetar a otra persona, el cargo fue reformulado a abuso sexual.
La acusación está relacionada con una niña vendedora ambulante del barrio San Antonio, donde vivía Meléndez. Según la versión judicial, una adolescente llevó a la niña a la casa del acusado, donde este presuntamente le realizó tocamientos indebidos. No obstante, durante el juicio, la menor afirmó que quien intentó abusar de ella fue un adolescente de entre 13 y 15 años que intentó subirla a un carretón, versión recogida en la sentencia judicial.
Pese a ello, la jueza del caso, Henryette Casco Batres, desestimó la declaración de la víctima, alegando que era “una historia mal contada” y que posiblemente había sido coaccionada para declarar en favor de Meléndez.
Conflictos con CPC
Personas cercanas a Meléndez sostienen que la acusación fue promovida por miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) del reparto San Antonio, con quienes el ahora reo político tenía conflictos desde hacía años. “Siempre fue crítico del orteguismo. Les decía cosas, no se les quedaba callado”, dice una de las fuentes. Entre los vecinos identificados como actores de la denuncia, señalan a una pintora del Instituto Nicaragüense de Cultura y al dueño de una pulpería.
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Meléndez trabajó en los años ochenta en el Instituto Nicaragüense de Cine (Incine). Tras la derrota electoral del sandinismo en 1990, se dedicó a cuidar a su madre, Yelba Lacayo. Durante los años 2000 se integró al Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y trabajó en la campaña de Herty Lewites en 2006 como parte del equipo de comunicación.
Durante las protestas de 2018, participó en algunas marchas, pero su presencia fue limitada por el Parkinson. “No podía controlar una de sus manos, le temblaba constantemente, y le daba vergüenza”, cuenta una fuente.
El conflicto con los CPC se intensificó, según versiones de allegados, cuando se negó a permitir que la figura de su madre fuera utilizada en actos políticos. Doña Yelba Lacayo había perdido un hijo en la guerra civil de los años ochenta, y los orteguistas pretendían presentarla como madre de un “héroe y mártir”. Cuando falleció, poco antes de la captura de Eddy, este impidió que su vela fuera realizada en la casa comunal del barrio, como querían las autoridades, y organizó su entierro en secreto.
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“Eso fue una ofensa para los orteguistas del barrio”, dice una de las fuentes. “Dos meses después lo denunciaron, y la Policía, en vez de investigar a fondo, lo convirtió en enemigo político”.
Sin pensión ni recursos
Desde mediados de 2022, la familia de Meléndez no ha podido seguir cobrando su pensión del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), ya que el poder legal que tenían venció y las autoridades penitenciarias se han negado a emitir una constancia de que el reo está vivo. Tampoco lo han incluido en el listado oficial de privados de libertad con derecho a pensión.
“Es una forma de castigo económico”, explican las fuentes. “Sin esa pensión, su familia no puede enviarle medicinas ni ayuda básica. Es una confiscación de facto».
A pesar de su estado crítico y edad avanzada, Meléndez Lacayo no fue incluido en ninguna de las listas de presos políticos excarcelados o desterrados, ni en febrero de 2022, cuando liberaron a 222 personas, ni en septiembre de 2024 cuando salieron otros 135.
“El mensaje es claro: a él no lo quieren liberar, aunque ya no tenga fuerzas ni para sostener un vaso”, dice una de las personas que acompaña su caso. “Y mientras no se tomen medidas urgentes, lo van a dejar morir lentamente en prisión».
