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Una corte federal en Estados Unidos celebrará el próximo 29 de julio una audiencia clave en el caso National TPS Alliance et al v. Noem (3:25-cv-05687), en el que se ha solicitado una pausa administrativa del plazo de salida migratoria fijado para el 6 de septiembre de este año, que afecta a beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) de al menos tres países, incluido Nicaragua.
La jueza de la Corte de EE. UU., para el Distrito Norte de California, Trina Thompson, asignada al caso, será la encargada de escuchar los argumentos de las partes. La solicitud busca suspender temporalmente la entrada en vigor de las medidas que obligarían a miles de beneficiarios del TPS a abandonar el país si no logran regularizar su estatus migratorio antes de la fecha límite.
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El abogado experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), Harold Rocha, indicó a LA PRENSA que «la resolución suele salir días o semanas después».
La organización demandante, National Alliance TPS, ha insistido en que los beneficiarios del TPS necesitan más tiempo y garantías mientras se dirime el fondo del caso. La incertidumbre crece entre las familias afectadas, muchas de ellas con más de una década de vivir legalmente en Estados Unidos.
El TPS es un mecanismo de alivio migratorio que protege de la deportación a ciudadanos de varios países con situaciones de conflicto, desastre natural u otras condiciones extraordinarias. En el caso de Nicaragua, 2,935 ciudadanos se han beneficiado de esta medida desde finales de los años 90, tras el paso del huracán Mitch.
La demanda interpuesta por organización y beneficiarios
Los beneficiarios o titulares del TPS pueden residir y trabajar legalmente en EE. UU., pero en la actualidad, tras la finalización del TPS establecida por el Departamento Nacional de Seguridad (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, como parte de la política restrictiva migratoria del gobierno de Donald Trump, su permanencia podría verse amenazada si no se extiende o se encuentra una solución permanente.
La demanda fue presentada el 7 de julio en el tribunal federal del distrito norte de California, con sede en San Francisco. La acción legal fue interpuesta por personas directamente afectadas, incluido dos nicaragüenses, por la cancelación del TPS, que se hizo oficial este 8 de julio tras la publicación de la notificación en el Registro Federal de EE. UU., y cuenta con el respaldo de la organización National TPS Alliance, que lidera también la defensa del TPS para otros países como Venezuela.
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La demanda actual, según explicó Rocha, vuelve a plantear dos líneas centrales: la legalidad del procedimiento seguido por el DHS para cancelar el TPS sin una evaluación justa de las condiciones en los países de origen, y el impacto constitucional de esta decisión sobre los beneficiarios, así como sobre sus cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses.
Entre las medidas solicitadas en la demanda figura la suspensión inmediata de la orden del DHS y la realización de una nueva revisión de las condiciones en los países afectados, especialmente Nicaragua.
Las razones por las que el DHS terminó el TPS
De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal, la secretaria Noem expuso que, para determinar las razones por las que finaliza el TPS para Nicaragua, revisó las condiciones en Nicaragua. «Hay mejoras notables que permitan a Nicaragua gestionar adecuadamente el retorno de sus nacionales», se lee.
A su vez, indica que con base en la revisión del DHS, la Secretaría «ha determinado que las condiciones de la designación de Nicaragua para el TPS, el 5 de enero de 1999, sobre la base del desastre ambiental debido al huracán Mitch ya no se cumplen».
También insiste en que Nicaragua «ha logrado avances significativos en la recuperación del huracán con la ayuda de la comunidad internacional y actualmente es un país en crecimiento en los sectores de turismo, ecoturismo, agricultura y energía renovable».
Entre los avances mencionan mejora en la infraestructura, educación y administración de tierras.
«Nicaragua se ha convertido en un destino turístico mundial, a la vez que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales. La innovación tecnológica está empoderando a los agricultores y pescadores locales, haciendo que el sector agrícola sea más competitivo y rentable», afirmó Noem en el documento.
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Destacó que en una declaración sobre el clima de inversión para Nicaragua de 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. informó: «Nicaragua continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables, incluyendo un récord de 5 mil millones de dólares en reservas internacionales, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado».
Y finalmente mencionó que las autoridades de Nicaragua «han aceptado regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes de expulsión definitiva durante los últimos cinco años», por ello la secretaria ha «determinado que la capacidad reciente de Nicaragua para aceptar el regreso de sus nacionales ha sido y sigue siendo al menos ‘adecuada'».
