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El panorama es incierto para la mayoría de los casi tres mil nicaragüenses que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) este 8 de julio, sin embargo, aún tienen un plazo de 60 días para explorar alternativas legales que les permitan regularizar su estatus migratorio.
«La secretaria ha determinado un período de ‘transición ordenada’ de 60 días. El período es suficiente y coherente con la precedente de terminaciones anteriores del TPS (…) La terminación de la designación del TPS para Nicaragua será efectiva 60 días después a partir de la fecha de publicación del aviso», dicta el documento.
La finalización del TPS fue anunciada en un documento que será publicado oficialmente este martes 8 de julio en el Registro Federal. A partir de entonces, los beneficiarios contarán con un plazo de 60 días —es decir, hasta inicios de septiembre— para abandonar el país o gestionar una alternativa migratoria que les permita permanecer de forma legal.
El TPS fue otorgado a los nicaragüenses en 1999, tras el paso del huracán Mitch, y desde entonces fue renovado periódicamente. Su eliminación representa un golpe para miles de familias que han construido una vida en EE. UU. y ahora enfrentan un incierto panorama migratorio.
Aunque el documento donde el DHS da por finalizado el programa estima que hay aproximadamente 4 mil nicaragüenses como titulares del TPS, la cifra total es de 2,935, de acuerdo con un informe brindado en septiembre de 2024 por el DHS al Congreso.
Cada caso es diferente
Abogados y expertos en leyes migratorias consultados por LA PRENSA advierten que, si bien muchos de los afectados podrían encontrar obstáculos para permanecer en el país, cada caso debe evaluarse detenidamente de manera individual. Y, dependiendo del historial legal, familiar o laboral del solicitante, existen al menos tres vías migratorias.
La abogada de inmigración, Cindy Blandón, explicó a este Diario que «mientras las personas se encuentren dentro de EE. UU. pueden explorar las opciones para cambiar su estatus» y recalcó que
«cada caso es diferente y por eso debe ser estudiado junto a un abogado de inmigración».
Las alternativas y lo que debe considerar
Entre las posibles alternativas migratorias los expertos enumeran tres: el ajuste de estatus por vínculos familiares con ciudadanos estadounidenses; la solicitud de asilo si enfrentan riesgos reales de regresar a Nicaragua; y peticiones bajo la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) o la Visa U, destinada a víctimas de ciertos crímenes que han sufrido abuso físico o mental y están cooperando con las autoridades en la investigación o procesamiento del delito.
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Blandón advirtió que en el caso de una solicitud de asilo, primero debe considerarse fundamental si la persona tiene un miedo creíble de regresar a su país de origen.
«Una vez termina el TPS, lo deben hacer en un tiempo razonable. Ahora hay que aclarar que no todo mundo va a calificar para asilo, porque son personas que llevan más de 20 años en EE. UU., así que para mí, lo más importante es hacer su consulta con un abogado de inmigración que analice qué posibilidades tengo que mi caso sea creíble, qué voy argumentar», explicó.
Sobre las alternativas migratorias para poder permanecer en el país, la abogada Blandón destacó que se debe tener en cuenta que en la actualidad la Administración de Donald Trump «es muy agresiva» al punto de que «se han visto detenciones de personas aún con estatus de solicitante de asilo».
«No es sólo decir ‘voy a aplicar al asilo para ganar tiempo’, sino que deben realizar una evaluación de forma legal para determinar qué riesgos existen en caso de una denegación, detención y posible deportación», indicó.
Blandón remarcó que en un eventual escenario donde la persona sea detenida, «puede continuar defendiendo su caso, hay quienes deciden quedarse porque realmente tienen persecución en el país».
Por su parte, Ronmell López, activista y experto en leyes migratorias, calificó el fin del TPS como «doloroso», pero «también injusto con miles de personas que han vivido legal y dignamente en EE. UU. por más de dos décadas».
López mencionó que aunque «no es común obtener un alivio completo en solo 60 días, sí es posible iniciar procesos migratorios que ofrezcan protección a futuro».
