Dos nicas son parte de los demandantes contra el DHS para frenar cancelación del TPS

Dos nicaragüenses figuran entre los siete beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que interpusieron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, en un intento por frenar la reciente decisión de cancelar esta protección para Nicaragua, Honduras y Nepal. La demanda fue presentada este lunes 7 de julio en el tribunal federal del distrito norte de California, con sede en San Francisco.

La acción legal fue interpuesta por personas directamente afectadas por la cancelación del TPS, que se hizo oficial este 8 de julio tras la publicación de la notificación en el Registro Federal de EE. UU., y cuenta con el respaldo de la organización National TPS Alliance, que lidera también la defensa del TPS para otros países como Venezuela.

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El abogado experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), Harold Rocha, en entrevista con LA PRENSA explicó que esta demanda sigue los pasos del histórico caso Ramos v. Nielsen (luego Ramos v. Mayorkas), que impugnó en 2018 la terminación del TPS bajo la primera administración de Donald Trump.

«En realidad, la iniciativa se basa en las demandas presentadas en 2018 tras la cancelación del TPS para Nicaragua y otros países por parte de la primera administración Donald Trump. Ese caso cuestionó la nueva directriz del DHS en su revisión de condiciones de país promulgada en noviembre de 2017», indicó Rocha.

Dos líneas centrales

La demanda actual, según declaró Rocha a LA PRENSA, vuelve a plantear dos líneas centrales: la legalidad del procedimiento seguido por el DHS para cancelar el TPS sin una evaluación justa de las condiciones en los países de origen, y el impacto constitucional de esta decisión sobre los beneficiarios, así como sobre sus cónyuges e hijos ciudadanos estadounidenses.

«Ambas líneas fundamentales están presentes en el caso actual y se van a volver a litigar», apuntó Rocha.

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Entre las medidas solicitadas en la demanda figura la suspensión inmediata de la orden del DHS y la realización de una nueva revisión de las condiciones en los países afectados, especialmente Nicaragua.

«Se presentaron citas a los estatutos y leyes aplicables, los argumentos preliminares y la solicitud de medidas concretas, entre ellas revertir la orden de DHS y ordenar nueva revisión de las condiciones de país», confió Rocha.

Destacó que aunque la experiencia del caso Ramos anima a pensar que existe posibilidad de éxito, el contexto político actual representa un reto adicional. Según Rocha, el DHS ha fortalecido su capacidad técnica e institucional, gracias a un aumento significativo en su presupuesto aprobado por el Congreso estadounidense.

«Es previsible que el próximo paso sea la presentación de un recurso solicitando medidas cautelares que pongan en pausa administrativa el cumplimiento del plazo de salida en 60 días, precisamente para dar tiempo a resolver el caso judicialmente. Pero es algo que todavía no está decidido, anticipando que probablemente será recurrido en apelación por el DHS», adelantó Rocha.

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Asimismo subrayó que Naldef, como miembro de la National TPS Alliance, está apoyando tanto en la parte legal como en campañas de información y en la conexión de los afectados con servicios jurídicos gratuitos o de bajo costo.

«La intención es valernos de todos los recursos y herramientas que ofrece la ley. También estamos colaborando con el equipo que litigó el caso Ramos, y recopilando información sobre servicios jurídicos disponibles, ya sea a través de abogados pro bono, organizaciones no gubernamentales o abogados privados», concluyó.

La demanda llega justo cuando los beneficiarios del TPS para Nicaragua, Honduras y Nepal comienzan a contar los 60 días establecidos por el DHS para abandonar el país o regularizar su situación migratoria por otras vías. Aún no hay fecha definida para una primera audiencia judicial.