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Este martes 8 de julio fue publicada en el Registro Federal de Estados Unidos la notificación oficial que pone fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para Nicaragua, lo que marca el inicio del plazo de 60 días otorgado por el gobierno estadounidense para que los beneficiarios busquen otras vías legales para permanecer en el país o abandonen territorio estadounidense.
Con la publicación de la decisión en el Registro Federal, el reloj comienza a correr para aproximadamente 3,000 nicaragüenses que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos durante más de dos décadas bajo esta designación humanitaria, que fue otorgada en 1999 tras el paso del huracán Mitch.
La fecha oficial de terminación del TPS para Nicaragua será el 8 de septiembre de 2025, según lo establece el documento. Durante estos 60 días, los beneficiarios deben explorar opciones migratorias, como el ajuste de estatus a través de familiares residentes o ciudadanos, solicitudes de asilo, permisos laborales u otros programas que puedan aplicar según su situación particular.
«Después del 8 de septiembre de 2025, los nacionales de Nicaragua (y los extranjeros sin nacionalidad cuya última residencia habitual haya sido Nicaragua) a quienes se les haya concedido el TPS bajo la designación de Nicaragua ya no tendrán TPS», indica el documento publicado.
Demanda contra el fin del TPS
Organizaciones de defensa de migrantes han advertido que muchos de los nicaragüenses amparados por el TPS podrían enfrentar un regreso peligroso, dadas las condiciones políticas y represivas que persisten bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por lo anterior, este lunes 7 de julio, beneficiarios del TPS y organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos demandaron la decisión de la Administración de Donald Trump, ordenada a través del DHS.
El abogado Harold Rocha, experto en Derecho Internacional y presidente del Fondo Nicaragüense‑Estadounidense para la Defensa Legal y la Educación (Naldef, por sus siglas en inglés), reveló a LA PRENSA que tras conocer la decisión del Departamento de Seguridad Nacional, interpusieron formal demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Norte de California contra el DHS y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
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«Hemos decidido presentar demanda en el tribunal federal para intentar revertir o al menos poner en pausa administrativa la notificación a publicarse mañana (8 de julio)», indicó Rocha a LA PRENSA.
El letrado especificó que los fundamentos principales de la demanda fueron que la decisión de cancelar el TPS para Nicaragua, al igual que para Haití y Nepal, «no siguió normas establecidas en el Código de Procedimiento Administrativo de los Estados Unidos y es parte de una serie de decisiones que contravienen protecciones constitucionales».
Las razones por las que el DHS terminó el TPS
De acuerdo con el documento publicado en el Registro Federal, la secretaria Noem expuso que, para determinar las razones por las que finaliza el TPS para Nicaragua, revisó las condiciones en Nicaragua. «Hay mejoras notables que permitan a Nicaragua gestionar adecuadamente el retorno de sus nacionales», se lee.
A su vez, indica que con base en la revisión del DHS, la Secretaría «ha determinado que las condiciones de la designación de Nicaragua para el TPS, el 5 de enero de 1999, sobre la base del desastre ambiental debido al huracán Mitch ya no se cumplen».
También insiste en que Nicaragua «ha logrado avances significativos en la recuperación del huracán con la ayuda de la comunidad internacional y ahora es un turismo en crecimiento, líder en ecoturismo, agricultura y energías renovables».
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Entre los avances mencionan mejora en la infraestructura, educación y administración de tierras.
«Nicaragua se ha convertido en un destino turístico mundial, a la vez que promueve la sostenibilidad y revitaliza las comunidades locales. La innovación tecnológica está empoderando a los agricultores y pescadores locales, haciendo que el sector agrícola sea más competitivo y rentable», afirmó Noem en el documento.
Destacó que en una declaración sobre el clima de inversión para Nicaragua de 2024, el Departamento de Estado de EE. UU. informó: «Nicaragua continúa mostrando fundamentos macroeconómicos estables, incluyendo un récord de 5 mil millones de dólares en reservas internacionales, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado».
Y finalmente mencionó que las autoridades de Nicaragua «han aceptado regularmente el regreso de sus nacionales con órdenes de expulsión definitiva durante los últimos cinco años» por ello la secretaria ha «determinado que la capacidad reciente de Nicaragua para aceptar el regreso de sus nacionales ha sido y sigue siendo al menos ‘adecuada'».
