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K.V.S. tiene 45 años y una angustia que se le nota en la voz. Nació y creció en un caserío polvoriento y rural de Quezalguaque, León, donde la tierra quema los pies en verano y en invierno se hunde hasta el tobillo en los barrizales.
En el año 2000, cuando apenas era estudiante de primero de enfermería, llegó a Houston junto a su madre y dos hermanos, amparada en el Estatus de Protección Temporal (TPS), como damnificados del huracán Mitch de 1998.
El permiso otorgado por la administración del presidente Bill Clinton duraría un par de años, pero pasaron dos décadas y ella echó raíces.
Nunca participó en política ni tuvo problemas con nadie en Nicaragua, pero la vida la fue separando de su país natal. Sus padres murieron hace cuatro y sus hermanos migraron: uno a Costa Rica y una hermana a España. “Allá ya no queda ni un perro que ladre por mí”, dice hoy con un acento más mexicano que nicaragüense.
En Houston se juntó con un exmilitar mexicano que trabajaba en mantenimiento y que había servido en Irak. Criaron juntos a sus dos hijos, ahora ciudadanos estadounidenses de 19 y 22 años. Nunca se casaron formalmente porque, cuenta ella, “uno cree que siempre hay tiempo para esos papeles”. En 2020 el covid se llevó a su pareja en dos semanas y ella quedó sola con los muchachos.
Con el regreso de Trump al poder, el TPS expiró y le llegó una carta de proceso de salida. El abogado que consultó para cambiar el estatus le pidió 9,000 dólares, pero con la advertencia dura de “no garantizar nada”.
A veces se pregunta si sería más sensato guardar lo poco que ahorró limpiando casas y pedir refugio en España o Costa Rica, donde viven sus hermanos. O si resignarse y volver a un país que siente que ya no es suyo. “Es que ni siquiera es miedo de que me persigan, es que allá no tengo a nadie. Y aquí, aunque vivan aparte, tengo a mis hijos”, dice angustiada.
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El tiempo es oro
La abogada nicaragüense especialista en migración, Astrid Montealegre, conoce de primera mano las angustias que actualmente aturden a cerca de 300,000 nicaragüenses en Estados Unidos, en riesgo de deportaciones ante los embates de las políticas migratorias de Donald Trump.
Ella ofreció una serie de recomendaciones para las personas nicaragüenses afectadas por la cancelación o terminación de sus estatus, como el fin del parole humanitario, la anulación de los procesos de asilo o la terminación del TPS tras más de 25 años de vigencia.
“La recomendación principal es que consulten con un abogado de inmigración. Cada caso es único y un abogado calificado debe evaluar las opciones individuales y los plazos relacionados con cada opción”, señaló Montealegre. Subrayó que, si bien la noticia es preocupante, es fundamental conservar la calma y no entrar en pánico.
“No deben perder la calma ni desesperarse, pero sí deben actuar rápido”, advirtió. Según la experta, el tiempo para explorar alternativas legales es limitado, por lo que aconseja comenzar cuanto antes la búsqueda de opciones y asesoría.
Montealegre insistió en que las personas afectadas deben mantenerse informadas mediante fuentes confiables. “Deben estar al tanto de las últimas noticias y actualizaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) y también seguir las publicaciones de organizaciones de defensa de migrantes”, indicó.
Además, recomendó que los afectados evalúen si tienen familiares con estatus legal en el país. “Es importante analizar si tienen familiares que sean ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales, porque esto podría abrir un camino hacia una permanencia legal”, explicó.
Designar al último salvavidas
La abogada enfatizó la importancia de organizar toda la documentación pertinente.
Según sus palabras, “cada persona o núcleo debe reunir toda su documentación: los documentos relacionados con el TPS, el historial de residencia en Estados Unidos, el historial laboral o un currículum y cualquier otra documentación relevante”.
Sugirió que esta información se mantenga tanto en físico como en formato digital, y que se designe a una persona de confianza, puede ser un familiar, un amigo con estatus legal o un representante legal, para que pueda dar seguimiento a estos documentos en caso necesario.
Montealegre también se refirió a las personas beneficiarias de parole humanitario, quienes enfrentan plazos similares.
“Las personas con parole humanitario tienen las mismas opciones que quienes se les ha cancelado el TPS. Si ya se les van a vencer los 60 días y tienen más de un año de estar en Estados Unidos, van a tener que explicar y fundamentar por qué están presentando el caso después de ese año”, puntualizó.
Finalmente, reiteró un llamado a la acción responsable: “Se recomienda que todos consulten con un profesional legal especializado en temas de inmigración. Actuar con información clara y asesoría confiable es la mejor forma de proteger sus derechos”.
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El comerciante apátrida
A.L.G. tiene 51 años y una angustia que parece habérsele metido en los huesos. Durante años trabajó y emprendió en Jinotega, nunca militó en partidos, no le interesaba la política y, como dice, “mi objetivo era trabajar, pagar mis cuentas y criar a mis chavalos”.
En noviembre de 2023, aprovechó el parole humanitario que un primo gestionó desde Miami y alistó las maletas. “Sólo venía a probar suerte”, explica ahora por medio del bufete de unos abogados aquí consultados.
No imaginó que todo sería tan complicado: papeles, formularios, citas, campaña electoral y Trump. El parole vencía en noviembre de este año y él decidió regresar en marzo a Nicaragua para no quedar ilegal. Pero entonces vino la sorpresa: la aerolínea le dijo que el Gobierno de Nicaragua, sin mayores explicaciones, le impedía abordar el vuelo. “Fue como que me quedé sin país de pronto”, dice.
Al enterarse, corrió a presentar una solicitud de asilo por apatridia de facto. Pagó abogado, presentó pruebas y se dispuso a esperar. Hace dos semanas recibió la notificación de que debe salir del país en 30 días.
“Ni soy delincuente, ni he hecho nada malo”, repite. “Pero ahora soy como un apátrida, ni aquí ni allá me quieren”. Piensa en irse a México o a Panamá, pero no conoce a nadie. También le dijeron que un abogado americano podría intentar frenar la deportación, pero cuesta casi 8,000 dólares extra. “Yo no tengo tantos reales. Así que cada día amanezco preguntándome: ¿y ahora qué hago?”
“Buscar por todos lados”
Joshwell Martínez, activista en temas migratorios y fundador de la Asociación Intercultural de Derechos Humanos en Costa Rica, expresa que la cancelación del TPS ha sido recibida por la comunidad nicaragüense con profunda frustración y dolor, ya que se desconoce el esfuerzo de miles de personas que durante más de dos décadas han luchado por mantener esa protección.
Dice que para muchos beneficiarios, regresar a Nicaragua no es una alternativa real, pues han vivido en Estados Unidos más de veinte años, han formado familias, tienen hijos ciudadanos y un arraigo muy fuerte en ese país.
Martínez comentó que en estos años ha participado en cabildeos junto a organizaciones de la sociedad civil para lograr la extensión del TPS. Subrayó que su eliminación expone a miles de personas a perder su estatus migratorio y sus permisos de trabajo, además de enfrentar separación familiar, inseguridad jurídica y el riesgo de ser detenidos.
Por eso, explicó que muchos afectados están buscando alternativas como peticiones familiares, defensa contra la deportación, programas humanitarios o la asesoría legal especializada. “Deben buscar por todos lados la salvación de sus casos”, dice.
Respecto al acompañamiento de casos, señaló que su organización ayudó a muchas personas a validar sus testimonios y recopilar documentación que demuestre persecución o riesgo si regresan a su país.
Explicó que las autoridades migratorias en Estados Unidos ya no aceptan sólo relatos verbales. “Aunque digas que te dispararon o que estuviste preso por protestar, si no presentas pruebas, te pueden decir que eso puede ser verdad, pero que no tienen por qué darlo por válido”, indicó.
Por ello, recomendó a quienes estén en procesos de asilo que refuercen su expediente con evidencias claras, como denuncias, documentos médicos, fotos y cualquier material que respalde su relato, pues la verificación se ha vuelto más rigurosa y los casos sin pruebas pueden ser desestimados.
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A territorios demócratas
Martínez aclaró que quienes llegaron con el programa de Movilidad Segura tienen menos motivos de preocupación inmediata, porque su entrada fue legal y cuentan con documentación de identidad. Añadió que según información consultada, después de cinco años podrían calificar para la residencia o incluso la ciudadanía.
En el caso de las personas con parole humanitario, advirtió que al vencer el permiso temporal de trabajo, tanto el beneficiario como su patrocinador podrían enfrentar consecuencias si no regularizan su situación. Recordó que en estos casos también es posible solicitar asilo, aunque recomendó valorar bien en qué estado presentar el trámite.
Sugirió que quienes teman a procesos de deportación busquen radicarse en estados con menor presencia de ICE y que sean gobernados por demócratas, donde la tramitación puede ser más accesible y hay menos operativos.
Finalmente, enfatizó que, independientemente del estatus migratorio, lo más importante es contar con un abogado de confianza, pues en casos de detención masiva, es el abogado quien puede interponer recursos para frenar la deportación.
También mencionó que la autodeportación o el regreso voluntario es una opción que permite salir de forma ordenada y con cierto apoyo económico, en lugar de esperar a ser arrestado y deportado abruptamente.
El jornalero marcado por su pasado político
Francisco R.P. nació en León y tiene 42 años. Su historia, dice, está cruzada por la política “desde que tengo uso de razón”. Toda su familia fue liberal: su abuelo fue opositor de Somoza, su padre y dos tíos se unieron a la Contra en los años ochenta. “Nosotros siempre fuimos adversarios de los sandinistas, pues”, resume con orgullo.
En 2021, después de que un primo suyo fuera detenido por publicar mensajes en redes sociales contra Ortega, Francisco decidió que era cuestión de tiempo para que fueran por él. Vendió su moto, dejó a su familia y atravesó México por tierra. Llegó a Texas y pidió asilo en la frontera.
Le dieron un permiso temporal y se fue a California a cosechar tomates. En cuatro años no ha faltado a una cita a ICE ni tiene antecedentes penales. Pero en junio recibió una orden de deportación que lo obliga a irse, aunque su audiencia de asilo sigue programada hasta 2027. “Es un absurdo”, se queja. “Te dicen que esperés seis años, pero al mismo tiempo te mandan a la v…”.
Ha pensado en irse a Canadá o esconderse como miles de mexicanos que, sabe, llevan décadas viviendo así en California. A donde no piensa ni quiere regresar es a Nicaragua. “Allá nos tienen fichados de toda la vida. Y si regreso, yo sé que no la cuento”, afirma con preocupación.
