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El jueves 10 de julio, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen de Ortega, ratificó el acuerdo entre Nicaragua y Rusia sobre “la protección recíproca de los ciudadanos contra los abusos en el ámbito de la justicia internacional”. Este fue firmado el 20 de junio y, según especialistas consultados por LA PRENSA, constituye un intento de ambas dictaduras por blindarse frente a eventuales requerimientos de tribunales internacionales si llegaran a perder el poder.
El inciso 4 del artículo 19 del acuerdo establece que la eventual denuncia (revocación) del mismo por un futuro gobierno democrático, no implica la terminación de las inmunidades otorgadas a funcionarios y “no eximirá a la otra parte de sus obligaciones”.
«Es decir, aunque el tratado se haya denunciado, la obligación persiste y la protección debe continuar. Lo que hace este tratado es ‘amarrarlos en el tiempo’. Por ejemplo, si una solicitud fue hecha antes de la denuncia, aunque se denuncie después, se mantiene la protección», dijo una especialista en derecho internacional que prefirió omitir su nombre.
Ortega y Murillo buscan la protección de Rusia
El acuerdo dispone que ningún ciudadano protegido podrá ser entregado a un tercer país sin el consentimiento expreso del Estado de origen.
Aunque menciona a la Corte Penal Internacional (CPI), ni Nicaragua ni Rusia son parte del Estatuto de Roma, que rige a la CPI. Sin embargo, especialistas en derechos humanos han advertido que, en caso de un cambio democrático en Nicaragua, podría reconocerse la competencia de la CPI en el futuro.
«Ahí es donde está la clave del acuerdo, se trata más bien de un compromiso ruso de bloquear cualquier intento de juzgar a los más altos jerarcas del régimen Ortega Murillo ante un tribunal internacional como la Corte Penal Internacional o ante las jurisdicciones nacionales de otros Estados en el ejercicio de la jurisdicción universal», señaló a LA PRENSA el especialista en derecho internacional e investigador panameño, Alonso Illueca.
«En lo que concierne a Nicaragua es más bien una acción que demuestra el temor de la dictadura de ser objeto de algún tipo de proceso internacional, a futuro, orquestado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», señaló Illueca.
Esto se explica porque la única vía alterna para que la CPI tenga competencia sobre crímenes cometidos en Nicaragua —que no es parte de la CPI— sería mediante una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU, esto resulta improbable, ya que Rusia, como miembro permanente, puede vetar cualquier iniciativa en ese sentido.
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Dependerá del poder en Rusia
Por su parte, el especialista consultado bajo anonimato señaló que si Putin permanece en el poder cuando se haga una solicitud de extradición o se inicie un proceso penal, y esta se realizó antes de la denuncia del tratado, Rusia estaría obligada a proteger a los Ortega Murillo.
«La gran pregunta es qué haría Rusia si él ya no está. Si es un gobierno que quiere desmarcarse de lo que hizo Putin, es probable que no le importe violar el acuerdo. ¿Y qué consecuencias tendría eso? Ninguna. Ortega no va a reclamarle a Rusia. Aunque podría darse un escenario en que Ortega, refugiado en Rusia, pida protección a una corte local, si el sistema judicial ruso sigue plegado al viejo régimen», señaló el especialista.
Cero inmunidad fuera de Rusia y Nicaragua
Illueca señaló que, fuera de los territorios de Nicaragua y Rusia, las inmunidades establecidas en el acuerdo carecen de validez, especialmente en países como Panamá, que reconocen el principio de jurisdicción universal y rechazan cualquier tipo de inmunidad, incluso la que reviste a jefes de Estado y de gobierno, cuando se trata de crímenes atroces.
«En el derecho penal internacional existe un debate en marcha sobre si los jefes de Estado y de gobierno, así como los ministros de Relaciones Exteriores —la famosa troika— gozan de inmunidad absoluta, incluso respecto a crímenes atroces, ante tribunales internacionales e internos de los Estados. Ese debate se ha visto informado por las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional en contra de jefes de Estado y de gobierno en ejercicio como Omar Al-Bashir, Vladímir Putin e, incluso, Benjamin Netanyahu», refirió Illueca.
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Regímenes autocráticos crean entramado paralelo
La firma del acuerdo se produjo un mes después de que China lanzara la Organización Internacional para la Mediación (OIMed), que se autodefine como la primera entidad jurídica intergubernamental del mundo para resolver controversias internacionales mediante la mediación, con sede en Hong Kong.
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«Quieren crear un nuevo sistema de justicia internacional. Se trata de una acción más de orden revisionista que esta vez fusiona en un solo mecanismo competencias que usualmente eran resueltas ante la Corte Internacional de Justicia, ante el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya e incluso ante el mecanismo de solución de controversias de la Organización Mundial de Comercio», dijo Illueca.
