La decisión del régimen Ortega-Murillo de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene el objetivo de transmitir un mensaje sobre el poco interés de la dictadura sandinista en responder por la comisión de crímenes de lesa humanidad, señalados en los informes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GHREN). En estos informes también se menciona el involucramiento del Ejército, la Policía y entidades públicas como el Ministerio de Salud y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
“Es una estrategia de autoaislamiento con el propósito de impedir que se generen presiones contra el régimen. Entonces, eso niega espacio de interlocución, de presión, de propuesta, de gestión y de ejercicio diplomático, porque no tiene capacidad de respuesta ni interés alguno en mejorar la situación del país frente a sus obligaciones internacionales”, señaló un especialista en relaciones internacionales consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El abogado y defensor de derechos humanos Salvador Marenco coincidió en que, con estas medidas, la dictadura busca alejar aún más a Nicaragua de la comunidad internacional para evitar críticas y presiones por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
“Básicamente lo que está haciendo la dictadura es intentar exportar su política de censura, impunidad y falta de rendición de cuentas al ámbito internacional, con el fin de evitar cuestionamientos sobre las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad y la impunidad que rodea estos hechos”, refirió.
Obligaciones continúan vigentes
A pesar de la salida de la dictadura de los espacios internacionales no ha denunciado los convenios internacionales suscritos por Nicaragua, que son la base del sistema universal de protección y defensa de los derechos humanos. Por ello, los especialistas consultados señalan que las obligaciones siguen vigentes.
“Esta decisión no elimina su responsabilidad internacional por estas violaciones, ni lo exime del cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y estándares internacionales. Su salida del Consejo no impide que las organizaciones nicaragüenses sigamos acudiendo a los mecanismos especiales de las Naciones Unidas”, dijo Marenco.
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Por su parte, el abogado Danny Ramírez Ayérdiz, secretario del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), explicó que estos informes no son meras opiniones, sino el resultado de investigaciones rigurosas, sustentadas en pruebas documentales y testimonios de víctimas, realizadas bajo estándares internacionales en materia de derechos humanos.
“El Consejo de Derechos Humanos, como máximo foro de Naciones Unidas en la materia, supervisa el cumplimiento de estas obligaciones mediante su plenario, así como a través de mecanismos como mandatos especiales y relatores. Estos continuarán observando la situación en Nicaragua. Cuando el GRHEN presenta un informe ante el Consejo, los Estados reaccionan, hacen recomendaciones y dejan en evidencia al régimen, lo que este no está dispuesto a tolerar”, dijo Ramírez.
¿Qué otros países están fuera?
Nicaragua no es el único país que ha suspendido su participación en el Consejo de Derechos Humanos. También lo han hecho Israel, Arabia Saudita y Estados Unidos.
El 4 de febrero de 2025, Estados Unidos se retiró del Consejo y, al mismo tiempo, anunció que no reanudaría el financiamiento para la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Israel se retiró un día después de Estados Unidos, argumentando que este órgano ataca al país por denunciar los ataques en la Franja de Gaza.
El precedente de la OEA
El régimen Ortega-Murillo también se retiró de la Organización de Estados Americanos en noviembre de 2021, ordenando además el cierre y la confiscación de sus oficinas en Managua.
“Recordemos que el régimen nicaragüense ya denunció la Carta de la OEA y dejó de ser parte de la Organización de Estados Americanos, además de haber roto relaciones diplomáticas con al menos seis Estados”, señaló Marenco.
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El 4 de febrero, la dictadura ordenó a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) cerrar «de inmediato» su «representación y oficinas» en Nicaragua, anunciando que el país se «retira» de esa organización.
En la misiva dirigida a QU Dongyu, director general de la FAO, el régimen rechazó el reciente informe Panorama regional de la seguridad alimentaria y la nutrición para América Latina y el Caribe 2024, elaborado y divulgado por la FAO, en el que la organización señala que 1.4 millones de nicaragüenses están subalimentados.
También el 28 de febrero, la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, anunció que el canciller del régimen, Valdrack Jaentschke, envió comunicaciones a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), argumentando que estos organismos no cumplen con su naturaleza y que incurren en injerencia en los asuntos internos del país. Por ello, el régimen decidió retirar a Nicaragua de ambos.
Murillo aseguró que, como «muestra» de la «inmensa dignidad nacional», el régimen continúa rechazando los informes de organismos internacionales, alegando que estos «se suman al coro de las potencias imperialistas».
