Los agentes antinarcóticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dieron a conocer el 30 de marzo de este año la captura del transportista guatemalteco Juan José Ríos con 1,312 kilos de cocaína. Inmediatamente, la propaganda oficialista habló de uno de los golpes más importantes al narcotráfico de 2026, pero hoy puede ser considerado un ejemplo de la opaca lucha contra el narcotráfico del régimen de Nicaragua.
A diferencia de otros detenidos, a Ríos le permitieron contar su historia para reforzar el mensaje de seguridad ante los medios oficialistas. El transportista de 47 años cruzó el puesto fronterizo de Costa Rica al mando de un cabezal cargado con bobinas de papel kraft. Pasó controles, sellos aduaneros y escáneres, pero cayó en Cárdenas, en el departamento de Rivas, todavía en la zona fronteriza de Peñas Blancas.
Sin embargo, siete meses después no hay una acusación en el sistema judicial registrada en su contra; tampoco se sabe nada sobre la droga ni sobre el cabezal incautados. No hay registro sobre audiencias, sentencias ni actuaciones judiciales.
Para la Policía nicaragüense, cuestionada internacionalmente por su falta de transparencia, un caso que pudo destacar su trabajo se volvió un enigma cuando desde hace años se cuestiona la falta de resultados del régimen de Ortega, que suele decir que su estrategia es efectiva, «un muro de contención contra el narcotráfico».
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El mismo día de la conferencia oficialista para dar a conocer el caso del transportista guatemalteco, un vocero del Departamento de Estado afirmó a LA PRENSA que las autoridades del régimen orteguista incumplen en la lucha contra el narcotráfico.
«Nicaragua continúa incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de control de drogas y, a lo largo de la historia, ha ignorado las solicitudes de colaboración del gobierno estadounidense para combatir el narcotráfico en su país y toda nuestra región, lo que contribuyó al cierre de las operaciones de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en Nicaragua en 2025», sostuvo la fuente.
También el vocero recordó los «vínculos de vieja data» que la dictadura «Murillo-Ortega» y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) han tenido con el narcotráfico internacional, los cuales «se remontan a la década de los ochenta, incluyendo acusaciones de colusión para obtener beneficios financieros y políticos».
El procedimiento técnico que debió seguirse
Un abogado consultado bajo condición de anonimato explicó que el Código Procesal Penal (CPP) de Nicaragua establece que después de la detención de Juan José Ríos, la Policía debía no solo ocupar la droga, determinar su pesaje y decomisar todos los bienes vinculados, como vehículos, dinero en efectivo o armas, sino que también estaba en la obligación de remitir al señalado a la orden de la Fiscalía para la acusación.
La ley establece que el caso sea conocido por un juez de Distrito Penal de Audiencias, quien analiza los cargos y resuelve sobre las medidas cautelares. En los delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, la legislación nicaragüense contempla la prisión preventiva como medida cautelar durante el proceso.
Después de la audiencia preliminar, sigue la audiencia inicial; la Fiscalía expone los elementos de convicción recabados durante la investigación y el acusado puede optar por admitir los hechos. De hacerlo, evita la celebración del juicio y avanza a la determinación de la pena que corresponda. De lo contrario, el juez o jueza valora las pruebas y ve si el caso es enviado o no a juicio. En el juicio, las partes presentan pruebas documentales, periciales y testimoniales, las cuales son valoradas por la autoridad judicial antes de emitir un veredicto.
En caso de una declaración de culpabilidad, se procede a la imposición de la pena correspondiente. Para el delito de tráfico interno de estupefacientes, las condenas pueden oscilar entre cinco y 15 años de prisión. Cuando se trata de tráfico internacional, las penas son mayores y pueden alcanzar entre 10 y 20 años de cárcel, además de multas económicas previstas por la ley.
Ministro de Costa Rica con «serias dudas»
El caso del cargamento de droga llamó la atención en Costa Rica, porque la captura habría evidenciado que el transportista había burlado los controles de ese país con el cargamento. En la información, divulgada en San José por la policía costarricense, se consignó que un total de 1,057 paquetes con la droga estaban escondidos en siete bobinas. El transportista reconoció que lo contrató un señor llamado Henry Sáenz García para trasladar herramientas desde México hasta Costa Rica. Le pagaron US$1,800. Al regreso de su viaje es que fue detenido en Nicaragua con la droga.
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La información la brindó Marcelo Solano Ortiz, director de seguridad y policía municipal de San José. El jefe policial aseguró que la detención del transportista se realizó el 29 de marzo en Nicaragua y que, tres días antes, el furgón fue cargado en el sector conocido como Calle Blancos, en la capital costarricense, en una bodega que tiene únicamente como referencia de razón social el nombre de Daniel Picón Bonilla.
Sin embargo, el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica Mario Zamora afirmó ante medios de comunicación que existía «una serie de dudas» sobre lo sucedido y calificó el caso como una situación «fuera de los parámetros habituales». El funcionario aseguró que las autoridades revisarían los protocolos de inspección de carga para determinar cómo el cargamento logró superar los controles fronterizos de su país.
Entonces en La Uruca según medios de #Nicaragua a un trailero guatemalteco le cargaron 1312 kilos de cocaína. Salió de Costa Rica con normalidad pasando los controles fronterizos. La droga la incautó la Policía Nacional en Rivas. Canal 26 de Nicaragua consigna textualmente lo siguiente: “El cargamento de droga venía de Costa Rica con destino a Guatemala. El furgonero guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, de 47 años, fue capturado por la Policía Nacional cuando trasladaba mil 312 kilos de cocaína, ocultos en unas bobinas. El operativo se realizó el domingo 29 de marzo en la frontera de Peñas Blancas, municipio de Cárdenas. En la inspección realizada en el interior del furgón se encontraron veinte bobinas de papel Kraft y dentro de siete bobinas se encontró 1,057 paquetes de forma rectangular envueltos en cinta adhesiva, prueba de campo dio positivo a cocaína. Según Juan fue contratado por Henry Sáenz García, para trasladar herramientas desde México hacia Costa Rica por la cantidad de 1,800 dólares. El jueves 26 de marzo, en San José Costa Rica, en el sector conocido como Calle Blanco, en una bodega cuya razón social aparece a nombre de Daniel Picón Bonilla y a cargo del costarricense conocido como Jorge, le cargaron veinte bobinas de papel Kraft que debía trasladar hacia Guatemala, departamento de Sacarepéquez, municipio de Santa Lucía Milpa Alta, a una bodega propiedad de un sujeto conocido como “Luis” de nacionalidad guatemalteca.”
— Marcelo Solano Ortiz (@msolartiz) March 31, 2026
Zamora indicó que mantenía abierta una investigación, en coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), con el fin de esclarecer cómo pasó el cargamento de más de una tonelada de drogas por escáneres fronterizos, que habían sido instalados recientemente.
La opacidad marca el estilo del oficialismo de Nicaragua
El analista en seguridad y crimen organizado, Roberto Orozco, consideró que, en un caso donde existe una incautación de droga, un vehículo retenido y una persona detenida, lo normal sería la apertura de un proceso judicial. A su juicio, la falta de información pública sobre una acusación o proceso penal resulta llamativa y merecería una explicación de las autoridades.
Sin embargo, Orozco puntualizó que existen circunstancias en las que una investigación puede mantenerse bajo reserva, particularmente cuando se trata de operaciones encubiertas o «entregas controladas», una técnica utilizada para «descubrir quiénes están detrás de una cadena de tráfico o distribución» de drogas. No obstante, advirtió que este tipo de operaciones suelen desarrollarse bajo estricta confidencialidad, lo que dificulta conocer sus detalles desde fuentes públicas.
«Son operaciones del tipo encubiertas que deben estar reconocidas por una autoridad judicial, aunque ahora en Nicaragua nada se hace conforme a derecho», advirtió.
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Para el analista, el principal elemento que consideró inusual es la ausencia de información pública sobre el proceso judicial posterior a la captura y al decomiso, una situación que, según afirmó, debería ser aclarada oficialmente.
No hay Estado de derecho
Otro experto, quien prefirió el anonimato, coincidió con Orozco y señaló que, conforme al procedimiento penal nicaragüense, una persona detenida con un cargamento de drogas debe ser puesta a la orden de la Fiscalía en un plazo máximo de 48 horas para la presentación de una acusación formal ante un juez. Posteriormente, corresponde la realización de una audiencia preliminar y, de existir mérito, el envío del caso a juicio.
Sin embargo, reconoció, al igual que Orozco, que en Nicaragua se ha vuelto más frecuente la opacidad en casos considerados sensibles o de alto perfil. Sostuvo que no es el estándar legal que una persona presentada públicamente como presunto narcotraficante desaparezca por completo de los registros judiciales accesibles al público.
Explicó que la «reserva» de una investigación puede limitar el acceso al contenido del expediente mientras las diligencias están en curso, pero «no debería traducirse en la inexistencia total de una causa judicial» o de un número de expediente. A su juicio, en algunos casos las autoridades aplican niveles de secretismo que van más allá de las restricciones previstas en la ley.
«No es el estándar legal, pero ocurre en la práctica: en un sistema judicial transparente, todos los procesos penales deben figurar en el sistema informático de consulta de causas (Nicarao). Sin embargo, en el contexto político e institucional actual de Nicaragua, es cada vez más frecuente que ciertos casos de alto perfil de narcotráfico internacional y políticos queden bajo opacidad», manifestó.
¿Cooperación regional?
Acerca de las posibles explicaciones para la ausencia de información pública, el experto indicó desde el anonimato que sería necesario determinar si el detenido fue deportado o expulsado administrativamente a su país de origen, o si existió algún proceso de extradición solicitado por otra jurisdicción.
Sin embargo, aun si alguno de esos escenarios ocurrió, persisten otras interrogantes. Entre ellas, el destino de la cocaína. ¿La droga fue destruida conforme al procedimiento legal mediante incineración o qué pasa con ella?
Por su parte, Orozco se refirió a la posibilidad de que exista una cooperación regional sobre el caso. Explicó que los mecanismos de intercambio de inteligencia entre cuerpos policiales son habituales en investigaciones de narcotráfico transnacional, aunque se desconoce si en este caso específico existió coordinación entre Nicaragua y Costa Rica.
LA PRENSA intentó contactar por correo electrónico a las autoridades costarricenses para conocer el estado y los resultados de la investigación anunciada tras la incautación del cargamento. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no respondieron.
¿Red de drogas en Nicaragua?
El 8 de octubre, la Fiscalía General de la República de El Salvador confirmó el desmantelamiento de una red de narcotráfico que transportaba cocaína por vía marítima de Nicaragua hacia Guatemala. Desde hace dos años, la banda utilizaba el territorio salvadoreño como corredor de tránsito. En ese tiempo se les logró decomisar casi dos toneladas de drogas valoradas en US$48.1 millones.
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Durante el operativo en conjunto entre la Fiscalía y la Policía Nacional Civil se allanaron simultáneamente varias viviendas de esta estructura dedicada al traslado de cargamentos de cocaína. La Fiscalía señaló a la organización criminal de utilizar a pescadores salvadoreños para facilitar combustible, equipos GPS y embarcaciones que permitían movilizar la droga a lo largo de la ruta marítima centroamericana.
El régimen sandinista no tardó en responder con dureza a las acusaciones de la Fiscalía de El Salvador. A través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua la dictadura rechazó los señalamientos y cuestionó las pruebas presentadas por parte de las autoridades de ese país. Estados Unidos volvió a incluir a Nicaragua entre los países identificados como zonas de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027.
A pesar de la vehemencia de las negativas de las autoridades de Nicaragua, ante las críticas a su sistema de lucha antinarco, otros casos como incautaciones en Reino Unido este año y Rusia en 2024 han mostrado su ineficacia y, por ende, el vacío del discurso de la dictadura Ortega Murillo.
