La grandilocuente afirmación de que «Britannia domina los mares» inspiró la irónica broma de que, en realidad, Britannia ignora las reglas. Si bien el juego de palabras pretendía ser una burla, ignorar las reglas puede ser una decisión prudente. Este es sin duda el caso del Banco Central Europeo hoy, mientras sopesa sus opciones para ayudar a Francia, la segunda economía más grande de Europa, a afrontar su deuda de 4 billones de dólares.
Las finanzas públicas de Francia se encuentran firmemente encaminadas hacia una situación insostenible. En los últimos 15 años, los persistentes déficits presupuestarios han provocado que la deuda pública se dispare del 80 por ciento del PIB a casi el 120 por ciento. Reducir esos déficits y contener el crecimiento de la deuda requeriría recortes importantes en el gasto público, que ha alcanzado la asombrosa cifra del 57 por ciento del PIB. Sin embargo, tales recortes han resultado políticamente inviables. Los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron por controlar el gasto apenas han logrado algo más que acortar los mandatos de los sucesivos primeros ministros.
Ante la inminencia de las elecciones presidenciales y la extensión de las protestas juveniles por todo el país, existen pocas probabilidades de una rápida consolidación fiscal a corto plazo. Tampoco hay motivos para pensar que ninguno de los principales candidatos presidenciales se comprometa con la disciplina fiscal una vez en el cargo.
Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, promete… Reducir la edad legal de jubilación y recortar el impuesto al valor agregado sobre los alimentos y los productos energéticos agravaría aún más los problemas de deuda de Francia. Su oponente de izquierda, Jean-Luc Mélenchon, probablemente respaldaría todas las promesas de Le Pen, e incluso ha propuesto cancelar el 18 por ciento de la deuda francesa que, según él, está en manos del Banco de Francia. Tales promesas infunden temor en los tenedores de bonos franceses.
Un estudio encargado por el Ministerio de Finanzas francés estima que, de persistir las políticas actuales, el déficit presupuestario pasará del 5.4 por ciento del PIB actual a cerca del 7 por ciento en 2030. La imprudencia fiscal del próximo gobierno francés agravaría considerablemente la situación. Lo mismo ocurriría con una recesión económica, un escenario cada vez más probable en un momento de crecientes crisis que afectan a la ya debilitada economía francesa. Los precios de la energía se han disparado debido a la guerra de Estados Unidos en Irán y la de Rusia en Ucrania, y Francia (al igual que el resto de Europa) está recibiendo una avalancha de importaciones chinas. Mientras tanto, la inestabilidad interna está minando la confianza de los inversores y los costes de endeudamiento están aumentando.
En este contexto, la actual venta masiva de bonos del gobierno francés no debería sorprender a nadie. Desde principios de año, el rendimiento del bono a diez años ha subido del 3.2 por ciento a más del 5 por ciento. El diferencial de tipos de interés con los bonos alemanes se sitúa ahora en 165 puntos básicos, un nivel que no se alcanzó ni siquiera durante la crisis de deuda soberana de 2010. Si Francia quiere evitar la suspensión de pagos, el BCE tendrá que comprar grandes cantidades de bonos de su gobierno, y pronto.
La buena noticia es que el BCE está mejor preparado para rescatar a Francia hoy que en 2010. En principio, puede utilizar su Instrumento de Protección de la Transmisión para comprar cantidades ilimitadas de bonos del gobierno francés en el mercado secundario. La mala noticia es que el uso de dicho instrumento está sujeto a cuatro criterios que Francia actualmente no cumple: el país beneficiario no debe estar sujeto al procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea; debe estar libre de graves desequilibrios macroeconómicos; su situación fiscal debe ser sostenible; y sus políticas macroeconómicas deben ser sólidas.
El BCE se enfrenta ahora a una difícil disyuntiva. Puede atenerse a las normas y negarse a rescatar a Francia hasta que este país se comprometa a un programa de ajuste económico creíble que restablezca la sostenibilidad de la deuda pública. Esto podría reforzar la credibilidad del BCE, pero conllevaría el riesgo de una grave crisis en el mercado de bonos y la posibilidad de un impago francés en vísperas de las elecciones presidenciales. Dicha crisis podría provocar el colapso del euro, con importantes repercusiones negativas para el resto de la economía mundial.
Como alternativa, el BCE podría suspender sus normas y, haciéndose eco de la promesa de 2012 del entonces presidente del BCE, Mario Draghi , dejar claro que hará «todo lo necesario» para evitar que la rentabilidad de los bonos del Estado francés se dispare. Esto mermaría la credibilidad del BCE y complicaría el cumplimiento de su objetivo de inflación. Sin embargo, evitaría a Europa y a la economía mundial otra crisis de deuda soberana europea, aún más dolorosa, y, potencialmente, una ruptura de la eurozona.
Si el BCE decide seguir este camino, cabe esperar que el próximo presidente francés tenga el mandato de sanear las finanzas públicas de Francia. Pero el tiempo se agota. Por el bien de las economías europea y mundial, un rescate del BCE debe ser prioritario.
El autor es investigador sénior del American Enterprise Institute, es exsubdirector del Departamento de Desarrollo y Revisión de Políticas del Fondo Monetario Internacional y ex estratega económico jefe de mercados emergentes en Salomon Smith Barney.
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