El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no tardó en responder con dureza este miércoles a las acusaciones de la Fiscalía General de la República de El Salvador sobre el desmantelamiento de una red de narcotráfico que presuntamente trasladaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando territorio salvadoreño como punto de tránsito.
A través de una nota del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua a El Salvador, el régimen rechazó sin titubear los señalamientos de la Fiscalía salvadoreña y cuestionó las pruebas presentadas por parte de las autoridades de ese país.
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Según la Fiscalía de El Salvador, la investigación comenzó en julio de 2024 y permitió decomisar 1,917 kilos de cocaína valorados en más de 48 millones de dólares, además de seis embarcaciones. También reportaron tres nuevas capturas que se suman a otras 12 detenciones realizadas previamente dentro del mismo expediente.
Nicaragua exige pruebas
Asimismo, concluyó que la organización utilizaba pescadores salvadoreños para obtener combustible, equipos GPS y embarcaciones que facilitaban el traslado de la droga entre Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
#Narcotráfico | Golpe a estructura transnacional de tráfico de droga. Durante la madrugada, la @FGR_SV junto a @PNCSV ejecutaron operativo simultáneo en Ahuachapán, Usulután y La Paz contra una red que transportaba cocaína por vía marítima desde Nicaragua hacia Guatemala, utilizando a El Salvador como país de tránsito con el apoyo de pescadores locales que les facilitaban combustible, GPS y embarcaciones. Esta investigación inició en julio de 2024 y a la fecha a la estructura se le han decomisado 1,917 kilos de cocaína, valorados en $48,193,380.00, además de seis embarcaciones y doce personas capturadas previamente, quienes se sumarán a los detenidos de este operativo.
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) October 8, 2026
Ante estas afirmaciones, la dictadura sandinista, a través de los cocancilleres Valdrack Jaentschke y Denis Moncada Colindres, expresó que tales señalamientos provienen de un fiscal que, según su criterio, «no representa formalmente al Estado de El Salvador». Además, lo señaló de exponer acusaciones contra otro país «sin acompañar públicamente la información verificable que permita conocer su fundamento».
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«El Gobierno de Nicaragua solicita respetuosamente al Gobierno de la República de El Salvador que, por medio de los canales oficiales correspondientes, nos comparta la información disponible sobre los hechos referidos y los antecedentes que sustentan el pronunciamiento, incluida —en la medida en que las normas aplicables lo permitan— la documentación pertinente», reza la nota de prensa divulgada por medios oficialistas.
Insiste en el «muro de contención»
La dictadura también reprochó a la Fiscalía de El Salvador que haya informado el desmantelamiento de la red de tráfico de cocaína que operaba entre Nicaragua y Guatemala a través de medios de comunicación. Ante esto, llamó al Gobierno de El Salvador a tratar estos asuntos «mediante el intercambio oportuno de información entre las autoridades competentes y los canales diplomáticos establecidos».
Además, insistió en que Nicaragua mantiene una política de combate al narcotráfico y defendió nuevamente la estrategia oficial conocida como «muro de contención».

Pese a que Estados Unidos volvió a incluir a Nicaragua entre los países identificados como zonas de tránsito o producción de drogas ilícitas para el año fiscal 2027, la dictadura recordó que mantiene un «firme compromiso con la prevención y el combate del narcotráfico y de todas las manifestaciones del crimen organizado transnacional».
«La República de Nicaragua mantiene su disposición a cooperar con los Estados de la región, conforme a los mecanismos y procedimientos correspondientes», añadió.
Managua no cesa en su mismo reclamo
La respuesta de la dictadura sandinista se suma a una serie de rechazos emitidos en los últimos meses frente a operativos antidrogas realizados por las autoridades salvadoreñas.
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En diciembre de 2025 y enero de 2026, el gobierno de Nayib Bukele informó sobre la intercepción de embarcaciones con cargamentos de cocaína que, según sus investigaciones, procedían de Nicaragua. En ambas ocasiones, el Ejército nicaragüense negó categóricamente que las lanchas hubieran salido de territorio nacional.