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Seis días después de que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara, el pasado 17 de junio, a la Policía reducir el límite de velocidad en carreteras de 100 a 50 kilómetros por hora, los transportistas de carga de la región ya sufren las consecuencias. Aunque todavía no cuantifican las afectaciones de forma precisa, reportan incrementos en los pagos por viáticos, gastos de combustible y horas de manejo; y advierten que de momento asumen estas alzas, pero deberán trasladarse al precio de los productos.
Dirigentes de las organizaciones de transportistas enviaron una carta al jefe de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz y están a la espera de su respuesta. Confían en que a través de una negociación con las autoridades nicaragüenses se ajusten los plazos aduaneros o se creen excepciones al límite de velocidad para el transporte de carga. Pero de no obtener una solución, los afectados serán los consumidores porque estas alzas se reflejarán en el precio de los productos que trasladan.
«Hasta el momento no hemos podido cuantificar el aumento, estamos claros que al transitar a 50 kilómetros por hora se incrementa el gasto de combustible y motor, aumentan los viáticos al durar casi el doble el recorrido. Además debemos de sumarle que si no llegamos de una aduana a otra en las horas establecidas somos sujetos a pagar una multa», dijo Marjorie Lizano, presidenta de la Federación Centroamericana de Transporte (Fecatrans) en declaraciones a LA PRENSA.
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Velocidad más lenta, mayores costos
Augusto Toledo, directivo de la Asociación de Transportistas Internacionales de Guatemala (ATI) y de Fecatrans, señaló que por ahora los transportistas asumen los mayores costos derivados de un tránsito más lento, ya que aún no han ajustado sus tarifas, pues están a la espera de una respuesta de las autoridades nicaragüenses.
Además confirmó lo que dijo Lizano. «Al circular más lento aumenta el consumo de combustible, el desgaste del motor y los viáticos de los pilotos. La ‘velocidad de cruce’ —la recomendada— se vería completamente afectada. Todos los costos se incrementarían y, por ende, subiría el precio final de la mercancía que pertenece a los empresarios que nos contratan», explicó Toledo.
Por su parte, la guatemalteca Fanny de Estrada, representante de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y República Dominicana (Fecaexca), dijo a LA PRENSA que el aumento de horas por viaje implica mayores tiempos de recorrido que se traducen en incrementos en los costos de producción.

Acentúa deficiencia del transporte
Transportistas y exportadores señalan que la medida tomada por el régimen Ortega Murillo agrava la problemática del transporte en Centroamérica.
«La velocidad por las carreteras de Centroamérica no es muy eficiente. En el caso de Guatemala, la infraestructura de las carreteras no está bien y la velocidad es bastante menos que 50 kilómetros por hora», señaló Estrada.
Toledo agregó que, según análisis de ATI, en Centroamérica los vehículos de carga circulan a un promedio de 17 kilómetros por hora debido a diversos obstáculos. Por lo que reducir el límite de velocidad en Nicaragua empeorará ese promedio y hará menos competitiva a la región.
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Carta de Fecatrans aún sin respuesta
El 18 de junio, solo un día después de que la Policía de Nicaragua oficializó la reducción de la velocidad en sus carreteras, Fecatrans le envió una carta al primer comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía, donde expresaron su preocupación por la disposición de reducir la velocidad máxima en las carreteras. Además, solicitaron una audiencia para argumentar su posición, «buscar opciones de mejora a esta medida» y para que se valore una excepción al sector de transporte de carga.
También enviaron copia de la carta a la presidencia pro tempore del Consejo de Ministros de Integración Económica (Comieco), actualmente en poder de Costa Rica, al Comité Aduanero Centroamericano y al Sistema de Integración Económica Centroamericana (Sieca).
En la misiva también advierten que los transportistas deben solventar sus necesidades de alimentación y fisiológicas. «Desde el punto de vista humano, los pilotos necesitan descansar: la recomendación es no conducir más de seis horas consecutivas. Con estos límites, eso no sería viable. También requieren pausas para alimentarse y atender otras necesidades, lo que complicaría aún más la operación», advirtió Toledo.
Toledo también confirmó que los transportistas están a la espera de una respuesta de las autoridades policiales de Nicaragua. Pero advirtió que de no recibirlas, adoptarán medidas «que muy probablemente significarán incrementos en los costos de transporte y por ende, en la mercadería para los consumidores».
Que Policía coordine velocidad con aduanas
Otra preocupación de los líderes del transporte de carga es que, aunque la Policía estableció un nuevo límite de velocidad en carretera, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) aún no lo contempla. Y ante los retrasos que provoca la baja velocidad, los transportistas incurrirán en multas mientras no haya una coordinación entre la Policía y la DGA.
En la misiva enviada por Fecatrans a Díaz, le solicitan coordinar con la DGA el ajuste de los plazos autorizados para el tránsito aduanero, duplicando el tiempo que actualmente se otorga.
«Los tiempos fiscales para los tránsitos por Nicaragua son muy ajustados. Si se suma esta reducción de velocidad, será casi imposible cumplir los plazos, lo que originaría multas y problemas aduanales», puntualizó Toledo.
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Dictadura impuso la medida sin consultas
El 17 de junio, la Dirección General de Tránsito Nacional de la Policía, en cumplimiento de la orden del dictador Daniel Ortega, informó que a partir de ese mismo día el límite de velocidad en las carreteras del país sería de 50 kilómetros por hora.
Según la nota informativa 001-2025 divulgada por la Policía, el nuevo límite de 50 kilómetros por hora aplica a vehículos de transporte privado, público, de carga y de pasajeros. Para motocicletas, el límite es de 40 kilómetros por hora.
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Actualmente, la Ley 431, «Ley para el Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito», en su artículo 37, establece límites de velocidad de 45 kilómetros por hora en perímetros urbanos, 60 kilómetros por hora en vías interurbanas y hasta 100 kilómetros por hora en carreteras.
El 5 de junio, Ortega adelantó que reducir el límite de velocidad a 50 kilómetros por hora era necesario, aunque reconoció que ello implicaría pérdidas económicas. «Ah, pero ¿qué vale más, un camión con mercadería o la vida de un ciudadano? Tenemos que poner en primer lugar la vida», dijo Ortega durante un acto público.