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En un nuevo intento del régimen Ortega Murillo por expandir su presencia y quizás controlar el mercado de las telecomunicaciones, la Empresa de Transmisión Eléctrica (Enatrel) planea entrar al negocio de la telefonía e internet móvil y atender a cinco millones de usuarios. La Asamblea Nacional aprobó un préstamo con una empresa china que le venderá 84.2 millones de dólares en equipos; y bajo la excusa de que el proyecto beneficiará a la población, usará la infraestructura de los dos operadores que ya ofrecen el servicio.
Especialistas en telecomunicaciones recibieron con asombro el anuncio y aseguran que «definitivamente no es legal», porque usarán infraestructura que es propiedad de empresas privadas, sin dejar claro bajo qué parámetros o acuerdos, por tanto la «iniciativa da muy mala espina».
Además, consideran que el uso de la infraestructura ya establecida podría garantizar el ingreso de Enatrel a ese mercado. Recordaron que en 2013, la falta de antenas y las dificultades para instalarlas fue uno de los obstáculos que no pudo superar la empresa china Xinwei para ofrecer servicios móviles en Nicaragua, pese a que ofreció invertir 700 millones de dólares en la primera etapa de la puesta en marcha de sus operaciones.
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«Fortalecer la competencia» en telefonía móvil
Según el decreto de aprobación del crédito por 84.2 millones de dólares que otorgará la empresa china Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd. (ZMJ) que venderá los equipos, la incorporación de un tercer operador móvil en Nicaragua generará «múltiples beneficios para usuarios y empresas».
Actualmente ese servicio lo ofrecen principalmente las transnacionales Claro y Tigo y el proyecto considera que Enatrel como tercer operador del servicio móvil fomentará mayor competencia en el mercado y eso se traducirá en precios más accesibles, mejores servicios y opciones personalizadas. Además, asegura que incentivará la inversión en infraestructura, mejorando la calidad de la red y ampliando el acceso a herramientas digitales.
«Esta iniciativa se orienta a disminuir la brecha digital, promover la inclusión tecnológica y fortalecer la competencia en el sector de las telecomunicaciones. Su ejecución aprovechará la infraestructura ya existente, tanto de los dos operadores actuales como de empresas torreras, complementándose con la red nacional de fibra óptica de Enatrel para el transporte de datos», dice parte del decreto de aprobación del crédito.
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Infraestructura ajena para ahorrar tiempo y dinero
Desde hace más de una década Enatrel administra la red estatal de fibra óptica, según información divulgada en su sitio web tiene presencia en 136 municipios en los que brinda servicios de internet de banda ancha y transmisión de datos, entre otros. Pero ahora su meta es incursionar en el mercado de la telefonía móvil a través del proyecto de Conectividad Digital.
Dicho proyecto consiste en la «instalación y co-ubicación de antenas, equipos de transmisión y componentes de red necesarios para ofrecer servicios de telefonía e internet móvil con tecnología 4G y 5G, utilizando como base 466 sitios con estructuras de soporte ya existentes». Según el decreto de aprobación del crédito, utilizar la infraestructura que ya existe, «permite optimizar recursos y reducir los tiempos de implementación al evitar la construcción de nueva infraestructura».
Enatrel planea desarrollar el proyecto en dos etapas: en la primera el objetivo es ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio de telefonía e internet móvil en Managua, Ciudad Sandino y zonas urbanas con alta demanda de este servicio. En la segunda etapa se extenderá la oferta a las principales ciudades de Chinandega, León, Masaya, Granada, Carazo, Rivas, Estelí, Matagalpa, Jinotega, Nueva Segovia, Madriz, Boaco, Chontales y Río San Juan.
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El crédito para ofrecer telefonía móvil
Según los documentos oficiales, el crédito está dividido en dos partes que suman un total de 612 millones de yuanes, equivalentes a unos 84.2 millones de dólares, que Enatrel debe pagar en un plazo de nueve años con un periodo de gracia de 18 meses y una tasa de interés anual del 4 por ciento. Igual que otros créditos pactados con empresas chinas, este contrato obliga a Nicaragua a pagar por adelantado una contrapartida del 20 por ciento, que equivale a unos 16.8 millones de dólares.
Un dato curioso es que según información divulgada en sitios especializados, la empresa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. (ZMJ) que otorgará el crédito, se especializa en diseñar, producir y comercializar maquinaria para la minería de carbón y autopartes, no equipos relacionados con las telecomunicaciones.
El economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, recuerda que los esfuerzos del régimen Ortega Murillo por controlar el mercado de las telecomunicaciones data desde hace muchos años. Efectivamente, a través de sus operadores José María Enríquez Moncada y José Mojica Mejía incursionó en el mercado de las telecomunicaciones en 2009 en sociedad con la empresa rusa Yota, que inscribieron como Telecomunicaciones de Nicaragua, S.A. (Telnicsa), y que ofrece servicio de internet fijo en algunas zonas del país.
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Acercamientos con la telefonía móvil
En 2013 apareció Xinwei, propiedad del empresario chino Wang Jing, quien también prometió construir el canal interoceánico y una década después, sin avances en la obra, perdió la concesión. Fue hasta 2016 que después de supuestamente invertir 200 millones, de los 700 que anunció inicialmente, bajo la marca Cootel comenzó a ofrecer servicio de internet fijo en algunas ciudades del país.
Además, en 2014 la estatal Enatrel firmó una alianza con el estatal Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) de Costa Rica con el que estableció la firma Tecomunica para brindar servicio de internet en más de doscientos parques públicos, proyecto que con el tiempo desapareció y que incluso fue motivo de críticas por parte de diputados costarricenses.
Sumado a estos esfuerzos, en noviembre de 2022 Daniel Ortega criticó la privatización de la Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (Enitel), que ocurrió veinte años atrás, aseguró que las compañías que brindan estos servicios, aunque pagan impuestos, no tienen una relación «justa» y las amenazó con elevarles los impuestos.
Además, aseguró que «en estos tiempos los celulares y el internet son un tremendo negocio en el que nunca se deja de ganar». En 2022 cuando Ortega dio esas declaraciones, según el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) había 6.70 millones de líneas celulares activas y 4.44 millones de conexiones a internet móvil y menos de 337,059 fijas. A finales del año pasado Telcor reportó 7.32 millones de líneas de celulares activas, 5.11 millones de conexiones a internet móviles y 399,493 fijas. Según el proyecto Enatrel estableció como meta brindar el servicio de telefonía e internet móvil a 5.37 millones de usuarios.
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Especialistas ven abuso estatal
Aunque todos estos esfuerzos no garantizaron una presencia fuerte del régimen Ortega Murillo en el mercado de las telecomunicaciones, este nuevo proyecto sí podría garantizarles la expansión que siempre han buscado, ya que los coloca en una posición ventajosa frente al resto de operadores.
Los especialistas explican que si un tercer operador privado quiere entrar al mercado de la telefonía e internet móvil tendría que invertir en infraestructura y comprarle a Enatrel el acceso a la fibra óptica. Entonces consideran que no tiene lógica que el Estado ponga a disposición de Enatrel la infraestructura de empresas privadas y recuerdan que por falta de esta infraestructura es que Yota y Cootel no han logrado expandir sus servicios.
Aunque admiten que es un abuso contra los operadores que actualmente ofrecen el servicio móvil, los afectados no pueden hacer nada, especialmente porque son empresas transnacionales que tienen que regirse con la nueva Ley de Inversiones que los obliga a firmar un contrato con el Estado para seguir operando en el país. Por tanto, si quieren hacer algún reclamo o demandar, lo más seguro es que tendrían que optar por salir del país, proceso que es muy largo y que puede generar pérdidas mayores y hasta riesgo de confiscación.
Competencia desleal y conflicto de intereses
Los especialistas consideran que el objetivo del régimen puede ser generar ventaja competitiva para Enatrel para que los usuarios opten por su servicio. «Esto les otorgaría el control total de las telecomunicaciones y además empalma con la Ley de Telecomunicaciones Convergentes»; y consideran que la adquisición de los equipos chinos podría garantizar el monitoreo masivo en tiempo real que actualmente no tienen capacidad de realizar.
Para Chamorro, en términos generales el proyecto generará competencia desleal y recuerda que en temas de telecomunicaciones las economías de escala son muy importantes. Fue por ello que la firma del contrato entre Enatrel y el ICE de Costa Rica con el tema de la fibra óptica sacó de competencia a un grupo de operadores de internet de pequeño y mediano tamaño.
«Ahora meterse en telefonía celular e internet móvil lo que refleja es la voracidad de los negocios estatales y eso afecta la imagen del país. Este servicio debería estar en manos privadas para promover la competencia de precios y calidad; y al estatizarlo obviamente el que sufre es el consumidor y ya no digamos también las empresas de telecomunicaciones que van a tener en el Estado a un competidor desleal, porque el Estado que es el regulador también será oferente de servicio. Entonces hay un completo y total conflicto de intereses», señala Chamorro.
Además, advierte que la participación de la empresa china también puede implicar intereses relacionados con la inteligencia y espionaje. Esto dañará aún más la imagen del país con los chinos controlando las telecomunicaciones; y sumado a ello, elevará el endeudamiento del país con el gigante asiático.
