Este 15 de diciembre fue aprobada la moción de orden para que se proceda a investigar la inversión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua SA (Tecomunica), en la que comparte sociedad con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel).
Aunque aún no se define fecha, a partir de enero de 2023, se tratará de incluir en agenda de la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, confirmaron a LA PRENSA diputados miembros de dicha instancia.
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El 8 de diciembre, un grupo de diputados presentó la solicitud de moción de orden a la Comisión en la que proponen la comparecencia de la expresidenta ejecutiva del ICE, Irene Caña Díaz; del excanciller de la República, Manuel González Sanz; el actual presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora y el canciller Arnoldo André Tinoco, y fue aprobada una semana después.
Ahora lo que corresponde es que la presidenta de la Comisión, diputada Dinorah Barquero, convoque a los funcionarios y exfuncionarios mencionados.
Será el próximo año
Barquero explicó a LA PRENSA que tocará esperar el próximo año para convocar a las personas que se están refiriendo en la moción, “convocarlas para que asistan a la Comisión y den su versión sobre las condiciones y todo lo referente a la manera en que se toma la decisión del Instituto Costarricense de Electricidad”.
“Queda para el año entrante, queda aprobada la moción y ahora lo que viene es convocar a los jerarcas que tomaron esa decisión para que vengan a explicar cuál es la motivación que tienen para hacer ese contrato con el gobierno del señor Daniel Ortega”, agregó.
La empresa Telecomunicaciones de Nicaragua SA se constituyó en el año 2015, cuando Enatrel y el también estatal ICE de Costa Rica aportaron cada uno dos millones de dólares, correspondiendo a ambos el 50 por ciento de la participación.
Actualmente, bajo la marca Teko, ofrece servicios de internet, televisión digital y seguridad mediante sistemas de cámaras, y su sede principal está ubicada en el edificio de Enatrel en Managua, como la misma empresa lo publicó en sus redes sociales.
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Barquero, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), enfatizó que en Costa Rica hay una división de poderes “muy claramente establecida, una cosa es el Ejecutivo, otra cosa es el Legislativo y otra cosa es el Judicial, está muy claramente delimitado, entonces aquí de lo que se trata es pedir explicaciones sobre las condiciones sobre las que se dio (la sociedad)”.
Por su parte, el diputado Elí Fenzaig, miembro de la Comisión, corroboró que dependerá de Barquero la convocatoria a los funcionarios y exfuncionarios referidos en la moción aprobada.
Aclaró que el objetivo de esta comisión legislativa es investigar el uso de los recursos públicos, “no es una comisión que dictamina leyes, y en esta comisión hay abiertos decenas de expedientes, la convocatoria depende exclusivamente de la presidenta, es quien determina en qué orden se hacen estas convocatorias, vamos a pedirle que nos presente una programación de las audiencias”.
Críticas por negocios con el régimen
“Lo que queremos es determinar quién tomó la decisión de crear esta empresa, de participar accionariamente en esta empresa, si se valoró de una manera estratégica, entendiendo que desde que esta empresa se creó ya Costa Rica estaba teniendo problemas serios con el régimen orteguista, la invasión a la (isla) Calero y todos los problemas que se han dado a lo largo de los años”, señaló Fenzaig.
Nicaragua y Costa Rica llegaron hasta la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para dirimir un litigio en la zona de Harbour Head, conocida en el país vecino como Isla Calero, fronteriza entre ambos países en la zona del Mar Caribe.
El máximo tribunal emitió su fallo en diciembre de 2015 en donde por unanimidad la Corte señaló que Nicaragua “violó la soberanía territorial de Costa Rica al crear tres caños y establecer una presencia militar en el territorio costarricense”, en su intento de unir el río San Juan, de soberanía nicaragüense, con el mar Caribe.
El caso que enfrentó a ambos países centroamericanos tiene su origen en una demanda presentada por Costa Rica en 2010 por una supuesta invasión de Nicaragua a territorio costarricense en la fluvial Isla Calero, que también es conocida como Isla Portillos.
Los jueces decidieron agregar al caso una demanda del año 2011 de Nicaragua contra Costa Rica por supuestos daños ambientales al río San Juan, durante la construcción de un camino de lastre de unos 160 kilómetros que corre paralelo al afluente.
El diputado Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que “un aspecto particular que a mí me interesa investigar es exactamente qué servicios presta esta empresa, he leído que son servicios de internet, de infraestructura de telecomunicaciones, incluso cámaras de vigilancia. Cómo con capital público costarricense se puede estar ayudando al régimen a escuchar, espiar y perseguir a sus propios ciudadanos”.
Asunto ético
Consideró que “aunque sea un negocio rentable para nosotros, no es relevante eso, es un tema ético político, hay un régimen prácticamente dictatorial en Nicaragua que persigue a sus ciudadanos, que tiene más de 200 presos políticos”.
Asimismo Fenzaig reiteró que, “aunque el negocio sea bueno no se debe comprometer dinero que es de los costarricenses, porque es una empresa pública, en un régimen que utiliza las tecnologías de la información para espiar a sus ciudadanos”.
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El legislador dijo que, una vez convocadas las personas mencionadas, se valorará si es necesario convocar a otras personas.
Fenzaig dijo estarse preparando para elaborar un buen cuestionario al momento que comparezcan estos funcionarios.
“Queremos ver si se ha liberado necesariamente el capital de los costarricenses y cómo se tomó esa decisión, si se hizo una valoración política, quiénes son los responsables y llamar la atención sobre la conveniencia desde la perspectiva de la trayectoria democrática y del respeto de los derechos humanos de Costa Rica, de estar involucrados en un negocio con el régimen de Daniel Ortega”.
Añadió que este funcionamiento está definido así desde el reglamento de la Asamblea Legislativa. El parlamento tico concluye funciones este 22 de diciembre para retornar el 9 de enero de 2023.