Este jueves, varios diputados de la Asamblea Legislativa de Costa Rica introdujeron una moción de orden para que se proceda a investigar la inversión del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) en la empresa Telecomunicaciones de Nicaragua SA (Tecomunica).
La empresa Telecomunicaciones de Nicaragua SA se constituyó en el año 2015, en la que Enatrel y el también estatal ICE de Costa Rica aportaron cada una dos millones de dólares, teniendo cada uno el 50 por ciento de la participación.
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Actualmente, bajo la marca Teko, ofrece servicios de internet, televisión digital y seguridad mediante sistemas de cámaras, y su sede principal está ubicada en el edificio de Enatrel.
La moción de orden presentada por los diputados costarricenses, a la que este Diario tuvo acceso, es dirigida a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público y proponen en ella la comparecencia de la expresidenta ejecutiva del ICE, Irene Caña Díaz; del excanciller de la República, Manuel González Sanz; el actual presidente ejecutivo del ICE, Marco Acuña Mora y el canciller Arnoldo André Tinoco.
Luego de 15 días de haber solicitado información al ICE sobre su sociedad con Enatrel, este martes la entidad estatal tica respondió a LA PRENSA de forma escueta que “Tecomunica es una empresa constituida formalmente en 2015. Desde entonces, el ICE forma parte de la Junta de Accionistas, en conjunto con Enatrel de Nicaragua”.
Agregando que “la empresa se constituye por una Junta de Accionistas, la Junta Directiva y el Comité de Vigilancia; la estructura está encabezada por la Gerencia General”.
Señalando además que “por lo anterior, aportar la información solicitada corresponde a alguna de estas instancias, según su ámbito de acción y sus facultades”.
Este Diario solicitó los contactos de las instancias respectivas para obtener la información correspondiente, pero aun al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
Los informes financieros del ICE, disponibles en su sitio web, reflejan que desde 2016, año con año, la empresa ha generado utilidades, el dato más reciente, al 31 de diciembre de 2021, indica el equivalente de 114,842 dólares.
Esta semana, un especialista consultado por LA PRENSA bajo condición de anonimato, recomendó revisar los términos de oportunidad que el ICE tomó en cuenta para “hacer un negocio con una empresa en Nicaragua donde la contraparte es el gobierno de (Daniel) Ortega, habría que ver cuáles son los análisis, no se pueden emitir criterios hasta analizar esto, si hay estudios de riesgo”.
Legisladores ticos reclaman información
El diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Eli Fenzaig, calificó la inversión del ICE como una “barbaridad”, reportó el medio CRHoy.
“Siendo una empresa pública costarricense, con gran tradición democrática de libertad y respeto, es inconcebible que no exista una política de inversión ética por parte de nuestra empresa estatal. Es una barbaridad inaceptable”, indicó Fenzaig.
Agregando que “uno no debería de invertir fondos públicos en países con un riesgo jurídico tan alto como lo es un país con un régimen. Hoy ha recrudecido la situación, pero en 2016 cuando se tomó esta decisión ya era un régimen autoritario, limitador de los derechos de la ciudadanía”, reporta el medio.
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“Por razones éticas, una empresa pública costarricense no puede ser socia de un régimen que viola los derechos de los ciudadanos, las libertades y que tiene a más de 200 presos políticos encarcelados”, indicó Fenzaig, señalando que en 2018, tras las protestas en Nicaragua, existió la posibilidad que las autoridades revisaran “la decisión errónea que ya habían tomado”.
Por su parte, la diputada Vanesa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), dijo que “me preocupa en sobremanera. El régimen de Ortega no se puede considerar democrático. También a Ortega se le ha cuestionado manejar los temas a su antojo y esto en aspectos de seguridad jurídica. Esto pone en cuestionamiento tremendamente que se haga inversión de dinero público en un lugar sin esa seguridad jurídica”.
Según el reporte del medio tico, la diputada Kattia Cambronero, del PLP, opinó que “nos parece poco ético que una empresa estatal costarricense haga negocios con régimen dictatorial como es el de los Ortega. Costa Rica ha llevado una lucha en pro de los derechos humanos en la región y no tiene ningún sentido que una empresa estatal haga negocios con un dictador”.
Entretanto, el diputado Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), indicó que en Nicaragua hay una persecución y encarcelamiento de los líderes opositores, periodistas y políticos, por lo que se deben analizar estas negociaciones.
“Esto hace ver que es un país que no comulga con principios democráticos y de derechos humanos como lo es Costa Rica… ante esto sí hay que tener cuidado quienes son nuestros socios, en especial de una empresa como el ICE, entonces es importante revisar”, señaló.
También en negocios regionales
El ICE detalla en su informe financiero consolidado de 2014, que inició su participación con la Red Centroamericana de Fibras Ópticas SA (Redca SA) con sede en Nicaragua en el año 2013, cuyo objeto es el desarrollo, financiamiento, construcción, mantenimiento, explotación de servicios de telecomunicaciones o aquellos relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación.
Detalla que Redca tenía un total de 2,700 acciones, a un valor de 1,000 dólares cada una, y el ICE era dueño de 300 acciones.
Redca, identificada en su sitio web como Red Centroamericana de Telecomunicaciones, con presencia en todo Centroamérica y Panamá, ofrece comercialmente servicios banda ancha por demanda, soluciones integrales de extremo a extremo a nivel regional, carrier ethernet, acceso IP y coubicación (necesidades relacionadas con espacios, energía y condiciones óptimas para el hospedaje de equipos).
En Nicaragua, la línea Redca tiene instalaciones en Ciudad Sandino y Ticuantepe, indica el sitio web, cuyas noticias no están actualizadas desde 2019 y en donde presenta como vicepresidente de la junta directiva a Samuel Mansell, expresidente de Enatrel, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos.
La empresa se presenta como “el operador neutral carrier de carriers regional de servicios de banda ancha, sobre el cable de guarda de fibra óptica de la línea Siepac”.
Siepac es el Sistema de Interconexión Eléctrica de América Central y es administrado por la Empresa Propietaria de la Red (EPR), con sede en Costa Rica y cuyo presidente actual de la junta directiva es el nicaragüense Horacio Antonio Guerra Wheelock, representante de Enatrel, indica su sitio web. En un documento del Banco Mundial de junio de 2018, Guerra tenía el cargo de director de Planificación de la entidad.
La EPR es una sociedad regida por el derecho privado, constituida en Panamá, facultada por los gobiernos de América Central para diseñar, financiar, construir y mantener un Primer Sistema de Transmisión Regional que interconecte los sistemas eléctricos de los países centroamericanos, refiere la información del sitio web.
Además de los accionistas del istmo, que son los entes estatales de transmisión eléctrica de los respectivos países, participan las instituciones públicas de México, Colombia y España.