Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Hacía tiempo que no observábamos la coyuntura nicaragüense con esperanza. No por conversión repentina ni por fe en un desenlace escrito de antemano (desconfío del providencialismo tanto como de la resignación), sino porque la pieza hemisférica, por fin, se está moviendo.
Hay un momento que aprovechar: presionar a las instituciones financieras internacionales, sumar a la Unión Europea al tablero y sostener la imagen de una oposición que, al hacer las cosas juntas, empieza a proyectar algo que llevaba tiempo ausente: confianza. Y la confianza, en política internacional, es capital. Cuando los actores prodemocracia actúan de forma coordinada, el respaldo externo deja de ser un gesto simbólico y se convierte en apalancamiento real.
Veo con entusiasmo que existan planes de transición y claridad sobre la necesidad de identificar y atacar los pilares que sostienen al régimen. Pero creo que a la ecuación le falta una mitad. Estos esfuerzos están orientados, casi por completo, hacia afuera: hacia cancillerías, organismos y foros. Falta que se correspondan con la realidad de quienes siguen viviendo dentro del país y sufren, de manera desigual, el peso cotidiano de la dictadura. Porque una transición no se sostiene solo con legitimidad internacional. Se sostiene, sobre todo, con legitimidad interna, que es donde de verdad se anclan los cambios.
La historia reciente de Nicaragua es elocuente. El orteguismo ya utilizó esta estrategia durante los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro y de Enrique Bolaños: cuando el poder formal cambió de manos, pero los pilares reales del control permanecieron intactos, el régimen supo esperar, erosionar desde abajo y regresar. Muchísimas transiciones en el mundo han fracasado no por falta de reconocimiento externo, sino por factores internos de gobernabilidad. Un gobierno puede nacer aplaudido en Washington, Bruselas o la OEA y aun así derrumbarse porque nunca echó raíces en el territorio que debía gobernar.
De ahí la necesidad de recordar el paso previo que a veces se salta: entender los escenarios y antes de la transición misma, no todos los caminos llevan hacia la democracia. Conviene recordar que la democracia no es un hecho que se decreta, sino un proceso que se construye. Y si aceptamos esa premisa, la pregunta estratégica cambia. No basta con entender qué pilares sostienen al régimen; hay que entender también cómo se construyen los pilares que sostendrán la democracia que aspiramos a levantar.
Obligándonos a una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué determina el peso político real de los actores prodemocracia, defensores de derechos humanos, medios independientes, actores políticos, sociedad civil? Cada uno cumple una función distinta en el debilitamiento de las bases que apuntalan a la dictadura. Una respuesta posible es medir la capacidad de cada actor para erosionar uno o varios de esos pilares. Pero incluso ahí queda una incógnita mayor, y es la que suele decidir el destino de las transiciones: la capacidad de ese mismo actor para capitalizar esa erosión en legitimidad, es decir, para ocupar con autoridad el vacío que ayudó a abrir.
Debilitar al régimen y construir la alternativa son dos operaciones distintas, y confundirlas ha costado caro en otros procesos. Un actor puede ser eficaz derribando y, sin embargo, incapaz de sostener lo que viene después. Por eso la coordinación externa, con ser indispensable, no basta.
El momento hemisférico es real y no se repetirá indefinidamente: las ventanas de oportunidad se abren y se cierran, y la nuestra está abierta ahora. Aprovecharla exige presionar afuera con toda la fuerza disponible, sí, pero también volver la mirada adentro, hacia quienes resisten cada día dentro del país y serán, al final, los que sostengan o dejen caer lo que se construya. No les debemos una transición diseñada sobre sus cabezas, sino una construida con ellos, en sus términos y desde sus realidades. Esta es la otra mitad de la ecuación, y sin ella no hay democracia que se sostenga.
La autora es abogada defensora de derechos humanos y analista política.
