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Durante años, diversos analistas han insistido en que la única salida a la crisis nicaragüense pasa por una transición negociada con los aparatos coercitivos del Estado. La tesis es conocida: esperar fracturas internas, apostar por un Ejército institucionalista y confiar en que la Policía, ante la ausencia de Daniel Ortega, se reacomode hacia un nuevo equilibrio político. Sin embargo, esta lectura, aunque bien intencionada, ignora la naturaleza real del régimen y subestima la profundidad del control que Rosario Murillo ha consolidado sobre las estructuras de poder.
Hoy, Nicaragua no es un sistema autoritario convencional. Es un régimen personalista-familiar, al estilo norcoreano, blindado constitucionalmente y sostenido por una simbiosis entre Murillo y los aparatos coercitivos. Pretender que, ante la falta de Ortega, el Ejército o la Policía impulsarán una transición negociada es desconocer la arquitectura política que ambos han contribuido a construir.
Las reformas constitucionales recientes y de los últimos años no fueron diseñadas para fortalecer al presidente, sino para garantizar la sucesión de Murillo. La eliminación de elecciones, la figura de “copresidenta” y la concentración de facultades ejecutivas son mecanismos que consolidan su posición como heredera natural del poder.
Este diseño no es accidental. Es el resultado de un proceso deliberado en el que Ejército, Policía y operadores institucionales han respaldado cada reforma sin mostrar resistencia. Si percibieran a Murillo como un riesgo, ya habrían frenado ese avance. No lo hicieron. Por el contrario, lo facilitaron.
A diferencia de otros regímenes autoritarios donde las tensiones entre facciones son visibles, en Nicaragua no hay señales de malestar dentro de la cúpula. El mensaje que emiten es de cohesión absoluta. La Policía actúa como brazo directo de Murillo; el Ejército mantiene una postura disciplinada y no deliberante; los operadores políticos repiten la narrativa oficial sin fisuras.
La idea de que existe un “sector moderado” esperando la oportunidad para frenar a Murillo es una proyección externa, no una realidad interna.
Quienes apuestan por una transición negociada suelen asumir que, ante la ausencia de Ortega, el Ejército podría actuar como árbitro. Pero la historia demuestra lo contrario: no intervino en la época de los 90, no intervino en 2018 y no intervendrá en el futuro. El Ejército nicaragüense es doctrinariamente antigolpe. No tiene tradición de actuar como fuerza de corrección política. Su función es preservar la estabilidad del régimen, no reformarlo.
Con la eliminación de elecciones, el régimen cerró la última vía institucional de alternancia. La sucesión no será competencia política, sino continuidad administrativa. Murillo no solo controla la propaganda y la represión; controla el marco legal que define quién puede gobernar.
En este contexto, esperar una transición negociada es esperar un milagro político que contradice la estructura misma del sistema. Si la sucesión interna está cerrada, la transición democrática solo puede surgir de presión internacional coordinada, no de fracturas internas inexistentes.
Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA deben articular una estrategia que, incremente el costo de sostener a Ortega y Murillo, reduzca el costo de abandonarlos, sancione a operadores y facilitadores del régimen, bloquee financiamiento estatal y empresarial del círculo de poder de los dictadores, y establezca una resolución hemisférica que declare que ningún proceso de transición puede incluir a Ortega ni a Murillo. Solo así los actores internos podrán evaluar una alternativa que hoy no consideran: Una transición ordenada sin la pareja gobernante.
La presión internacional debe ir acompañada de incentivos claros para quienes controlan la coerción, como: garantías de no persecución, protección de bienes; reconocimiento diplomático condicionado, participación en un proceso de estabilización. Sin estas salidas, ningún actor interno se arriesgará a romper la simbiosis actual.
Nicaragua no tendrá una transición negociada desde adentro. No habrá golpe militar. No habrá fractura espontánea. La sucesión está diseñada para que Murillo continúe el proyecto político iniciado por Ortega. Por eso, la única vía realista hacia una transición democrática es una acción internacional coordinada, firme y vinculante, que obligue a la salida de ambos y abra un espacio político nuevo, sin Ortega y sin Murillo, donde los actores internos puedan reacomodarse sin temor y el país pueda iniciar un proceso de reconstrucción institucional.
La comunidad internacional debe crear las condiciones para que la transición sea inevitable sin los dictadores.
El autor es expresidente de Hagamos Democracia.
Miembro del Bloque de Centro Derecha. Concertación Democrática Monte Verde. Miembro Conservador de Ciudadanos por la Libertad (CxL) Exilio
