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El dictador Daniel Ortega anunció el lunes su intención de que se elabore un plan para imponer un límite nacional de velocidad máxima de hasta 60 kilómetros por hora, argumentando que la vida de los ciudadanos debe estar por encima del comercio o la rapidez del transporte. La medida, según especialistas, sin un estudio técnico riguroso y una implementación adecuada, podría generar efectos negativos en la economía, el tránsito regional y la seguridad vial.
«Tenemos que desarrollar un plan que podrá provocar algunas incomodidades a los que les gusta andar corriendo por las carreteras, pero tenemos que hacer un plan donde no se pueda correr en las carreteras; poner un límite. Poner un límite, que no puede ser de 90 kilómetros, ni de 100 kilómetros; poner un límite que tendrán que trabajarlo bien los compañeros y hacernos la propuesta», dijo Ortega el lunes durante el acto para imponer los grados militares de «coroneles generales» a Marvin Corrales y Bayardo Rodríguez.
Ortega insinuó que el límite podría ser de 50 o 60 kilómetros por hora, aunque reconoció que eso podría provocar pérdidas por la tardanza.
«Ah, pero ¿qué vale más, un camión con mercadería o la vida de un ciudadano? Tenemos que poner en primer lugar la vida», dijo Ortega.
Se necesita plan integral
El exdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y consultor en seguridad vial, Gerardo Castaing, dijo a LA PRENSA que para llegar a la determinación que insinúa Ortega es necesario un estudio integral, puesto que una velocidad mal establecida pone en riesgo la circulación vial, aunque refirió que si se establece un plan y se implementa correctamente, podría tener alguna viabilidad o efecto positivo la reducción de la velocidad máxima.
«En autopistas establecer ese límite de 50 o 60 kilómetros por hora generaría grandes retrasos, mayor gasto de combustible, afectaría actividades dinámicas como el transporte público. De igual forma, una misma velocidad para todo el país no es conveniente, porque puede tener efectos negativos en la economía y aumentar la mortalidad, dependiendo del contexto», dijo Castaing.
Además señaló que debido a que en Centroamérica hay una dinámica de intercambio de productos, si se impone un límite de 60 km/h, «evidentemente va a afectar ese intercambio», tal como lo reconoció Ortega en su discurso.
Además sugirió que a nivel de Centroamérica es necesario implementar más planes de desarrollo de infraestructura y regulaciones para la venta de vehículos.
«El parque vehicular crece porque es fácil adquirir un vehículo y cada persona quiere uno propio. Aquí en Costa Rica ya hay un caos vial. Por ejemplo, en un fin de semana largo, las carreteras se convierten en un parqueo. A veces toma ocho horas recorrer lo que normalmente tomaría dos», dijo Castaing.
Interés de recaudar
Otro especialista en seguridad vial, consultado bajo anonimato por temor a represalias, aseguró que detrás de la reducción del límite de velocidad máxima podría esconderse un interés de incrementar la recaudación en multas.
«La medida podría ser también para incrementar la presencia policial en las carreteras, colocando retenes con radares de velocidad para multar a más conductores», manifestó.
A la vez señaló que, aunque la Policía informa desde hace más de un año sobre una supuesta reducción en el número de accidentes de tránsito, el anuncio de Ortega podría reflejar que los resultados de la campaña «Salvá tu vida» no llenan las expectativas de la dictadura o que en realidad no reducen la accidentalidad.
Regulación requiere más vigilancia
Castaing señaló que controlar la velocidad requerirá inversiones importantes del régimen: más inspectores, cámaras detectoras, mayor despliegue policial, vigilancia, logística para revisión, multas, entre otras medidas.
«Para controlar la velocidad se necesitan inspectores, cámaras que detecten placas y velocidad, y todo un sistema para el cobro de multas. Eso también tiene un componente educativo, para que los conductores se adapten», señaló Castaing.
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¿Reformará la Ley de Tránsito?
Un abogado consultado bajo condición de anonimato por temor a represalias, aseguró que es posible que el régimen reforme la Ley 431, Ley del Régimen de Circulación Vehicular e Infracciones de Tránsito, aunque existen otras alternativas.
«Podrían hacer una reforma al artículo 37 bis que establece los límites de velocidad o simplemente señalizar nuevamente todas las calles, pistas y carreteras porque en el mismo artículo señala que los límites que establecen las señales de tránsito van a prevalecer. Pueden hacer la reforma al artículo o simplemente podrían señalizar nuevamente», dijo el abogado.
El artículo 37 bis de la Ley 431 establece que en el perímetro urbano, la velocidad máxima es de 45 kilómetros por hora, en pistas de 60 y en carreteras es 100.
Es necesario tomar en cuenta varios elementos
Castaing consideró que, de implementarse un cambio en la regulación y en la velocidad máxima, las autoridades de tránsito deben valorar varios aspectos de cara a la creación de políticas más integrales.
«Hay que tomar en cuenta la cantidad de personas en el país, el parque vehicular, es decir, la cantidad de vehículos. También la estructura de las carreteras y la topografía del terreno. Desde el punto de vista sociológico es importante considerar los centros urbanos, especialmente lugares como las escuelas. Entonces, los gobiernos , con asistencia técnica, establecen los distintos límites de velocidad, tanto mínimos como máximos», dijo Castaing.
En Nicaragua no existe información actualizada sobre el parque vehicular. Hasta 2022, el Ministerio de Transporte e Infraestructura reportó 1,164,300 vehículos. De estos, 193,467 son automóviles, 204,135 camionetas, 633,882 motocicletas y 9,351 autobuses.
