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La cantidad de demandas por pensiones de alimentos en Nicaragua —concuerdan abogadas consultadas por LA PRENSA, e incluso funcionarios de instituciones controladas por el régimen sandinista— ha aumentado respecto a años anteriores y, en varios de los nuevos casos, los deudores están fuera del país.
Una abogada especialista en temas de familia, consultada por LA PRENSA, explicó que en los primeros meses de 2025 la mayoría de las gestiones de asesoría que ha recibido han sido por pensiones de alimentos.
“Este año he observado que más personas me están preguntando por pensión de alimentos, en su mayoría mujeres, cuyos padres de sus hijos están fuera del país”, indicó.
Explicó que de al menos 30 casos en los que le han pedido asesoría, un total de 20 los remitió a la Defensoría Pública, ya que eran mujeres que no tenían los recursos para pagar los honorarios de un abogado, y estos procesos sí requieren un apoderado general judicial.
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“Es difícil para las mujeres contratar los servicios de un abogado cuando tienen que interponer una demanda. La gran mayoría de veces las remite a la Defensoría Pública por carecer de recursos económicos”, afirmó.
«Alarmante» incumplimiento de pago de pensiones de alimentos
Jenni Palacios, encargada de la Dirección de Atención a Protagonistas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en declaraciones que ofreció al podcast institucional «Hablemos de Discapacidad y Derechos Humanos», indicó que en 2024, entre las principales situaciones que atendieron, las más recurrentes son de familia, “por reconocimiento de hijos y pensión de alimentos”.
El año pasado —explicó— recibieron 2,857 “situaciones planteadas por protagonistas” y, aunque no detalló cuántas de esas correspondían a casos de demanda de pensiones ni cuántas han recibido este año, apuntó que la situación es “alarmante” y que “existe una cantidad increíble de padres que omiten el pago de pensiones de alimentos”.
La letrada apuntó que, aunque desconoce a lo interno la efectividad de la Defensoría Pública en los casos de demandas de alimentos, sabe de mujeres que ha referido que dejan ese servicio “porque valoran que piden muchos requisitos y, entre otras cosas, porque las atienden muy lento”.
Defensoría Pública brinda representación «deficiente»
Otra abogada, feminista y experta en temas de derecho de familia, también ha notado que en este año las demandas de pensiones de alimento para menores han aumentado.
La especialista valoró que esto «puede deberse a un mayor conocimiento por parte de las mujeres de los derechos de sus hijos o a la gran necesidad que existe de que las otras partes cumplan con sus obligaciones».
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Además, concuerda con su colega en relación con que muchas de las demandas de pensiones de alimento terminan siendo representadas por la Defensoría Pública, resaltando que estas mujeres justamente buscan dichas pensiones por no tener cómo suplir por sí mismas todas las necesidades de sus hijos y, por ende, no tienen para costear el servicio de un abogado.
La defensora apuntó que la Defensoría Pública tiene «mucha deficiencia, poco interés y poca voluntad para realmente llegar a un resultado positivo para las mujeres o los hijos de las mujeres».
«Se hace una demanda pequeña, superficial, sin mayores elementos ni fundamentos; no se toman en cuenta aspectos importantes, algunos relacionados con que hay violencia, o algo de violencia, en la relación entre padre e hijo. En resumen, solo se cumple con un formalismo judicial, pero no se va al fondo del asunto en beneficio de los menores… y casi te diría que usan un machote, un modelo, para atender esas demandas», señaló.
Más de 5 mil demandas por pensión de alimentos anualmente
La Defensoría Pública de Nicaragua, en los últimos tres años, no ha actualizado sus anuarios estadísticos de atenciones, por lo que se desconoce cuántos casos de demanda de alimentos se atendieron en 2023 y 2024.
En el primer semestre de 2023, según datos compartidos por el poder judicial con medios oficialistas, se atendieron en todo el país 9,512 casos de familia. Las autoridades, aunque no detallaron cuántos de estos eran por demandas de alimentos, informaron que lograron en dicha materia sentencias judiciales que ordenaron el pago de 92,451,512 córdobas en concepto de pensiones de alimentos, que beneficiaron a 5,478 niños.
En 2022, la Defensoría Pública de Nicaragua, según datos que divulgaron en su programa «Una Hora con la Justicia», brindó 61,276 servicios jurisdiccionales —casos que fueron judicializados—, de los cuales 29,623 fueron casos penales y 19,487 asuntos de familia.
A través de esos procesos judiciales se lograron sentencias de alimentos provisionales y atrasadas a favor de 14,823 niños, niñas y adolescentes, con las que se ordenó el pago de 431,025,795.89 córdobas.
Un año antes, en 2021, según el último anuario estadístico divulgado en el DIE del poder judicial, en materia de familia a nivel nacional se ingresaron 5,802 casos de pensión de alimentos, de los cuales se resolvieron 5,717, ubicándose como la segunda acción más frecuente de ingreso en los servicios jurisdiccionales de asuntos de familia en ese año.
