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La masiva migración de nicaragüenses, que ha dejado a miles de familias fracturadas, también ha causado problemas relacionados con el cumplimiento de las responsabilidades con menores de edad, que en muchas ocasiones quedan a cargo de madres o abuelas.
“Mariángeles”, de 27 años, tiene dos hijos de 7 y 10 años. Su expareja, antes de salir de Nicaragua en 2023, prometió que cumpliría con sus obligaciones de pensión de alimentos, pero una vez estuvo en territorio estadounidense —según el relato de esta madre soltera— “comenzó a poner excusas”.
“Una vez llegó allá no mandaba mucho, solo 20 y 40 dólares a la semana. Con eso uno no hace nada, son dos niños los que tengo, se les tiene que dar de comer y todo está caro, además los tengo en un colegio privado y con lo que manda no da para nada”, afirmó Mariángeles a LA PRENSA.
Explicó que cuando su ahora expareja se fue del país prometió que se la llevaría a ella y a sus hijos, pero “no cumplió su palabra”. El migrante nicaragüense tiene en Estados Unidos a una nueva pareja y los planes que hizo con Mariángeles antes de salir de Nicaragua se vinieron abajo y ahora la madre de estos dos menores debe estar “a expensas de lo que quiera mandar”.
La mujer apuntó que decidió que no lo demandaría porque “no creo que cumpla”. Además, afirmó que conocía que hay procedimientos que puede utilizar desde la justicia nicaragüense para hacer que este padre deudor de pensión de alimentos cumpla con su responsabilidad con ambos menores.
En Nicaragua, según el informe del Estado de Nicaragua ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en septiembre de este año, se suministran pensiones alimenticias a favor de 67,550 menores de edad.
Cobro de pensiones en el extranjero
Marlon Blanco, director de Asuntos Internacionales de Familia, en entrevista con medios oficialistas, recientemente explicó que Nicaragua, desde 2018, suscribió el “Convenio sobre Cobro Internacional de Alimentos para los Niños y otros Miembros de la Familia” (HCCH, por sus siglas en inglés), un instrumento internacional de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, con el cual se puede garantizar que las personas menores de edad y otras que sean dependientes, reciban las pensiones de alimentos a las que tienen derecho, aunque los responsables de estos pagos residan fuera de Nicaragua.
El HCCH, desde 2020 que entró en vigor en Nicaragua, incluye que el Estado nicaragüense a través del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez (Mifan), puede gestionar con el país donde reside la madre o padre deudor de pensiones para que este cumpla con sus deberes, esto siempre y cuando el país donde estos vivan haya ratificado dicho convenio.
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En la lista de los países que han firmado ese convenio están varios que son destino de migrantes nicaragüenses, como Estados Unidos, España y Canadá. De la región centroamericana por ahora solo se conoce que Honduras es suscriptor de ese convenio, aunque Costa Rica en su legislación nacional, recientemente, también incluyó el cobro de pensiones alimenticias en el extranjero.
La abogada Beningna Baltodano, litigante en procesos de Familia en Costa Rica, en noviembre pasado explicó a LA PRENSA que el nuevo Código Procesal de Familia, que cubre todo lo relacionado con pensiones alimenticias entre sus artículos 257 y 288, trajo a la legislación costarricense un marco claro y efectivo para resolver casos de pensión entre países, apoyado por la cooperación regional e internacional.
“El Código Procesal de Familia crea un nuevo articulado relacionado con la competencia internacional, que antes se regulaba por otros códigos. Así, al tener la competencia internacional regulada desde el Código de Familia, nos indica cómo proceder, por ejemplo, en caso de tener a un deudor alimentario en otro país mientras la persona encargada del menor está en Costa Rica”, apuntó la letrada costarricense.
Además, mencionó que la nueva legislación “crea un marco claro y efectivo para resolver casos de pensión alimentaria entre países”. “Si estoy en Costa Rica, tengo a mis hijos aquí y el padre está en Nicaragua, se puede iniciar el proceso en Costa Rica y hacer que todos los efectos se cumplan en Nicaragua. Esto es interesante para los extranjeros y lleva el sistema procesal de familia a otro nivel de cumplimiento, incluso en el extranjero”, afirmó la letrada costarricense.
Gestionar cobro en el extranjero no requiere de abogado
La aplicación de este convenio HCCH, según la explicación de Blanco, es similar a los mecanismos que se aplican en la legislación costarricense. El funcionario del Mifan detalló que este se puede utilizar en casos cuando hay una sentencia judicial de pensión de alimentos que en Nicaragua no se haya podido ejecutar porque el deudor está fuera del país.
A través del convenio HCCH, en caso que el país de residencia del deudor de alimentos esté suscrito a este, se puede solicitar «reconocimiento y ejecución» de esa sentencia. Además, si no hay reconocimiento de paternidad y se busca que este la reconozca y cumpla con su deber de pensión alimenticia, detalló Blanco, el Mifan también puede hacer la gestión para hacer que el demandado haga una prueba de paternidad, se confirme que es el padre y así continuar con el proceso relacionado con la pensión de alimentos.
La forma de gestionar la solicitud de cobro de pensión de alimentos en el extranjero, según el funcionario del Mifan, primeramente consiste en llegar a la delegación del Ministerio de la Familia, donde se explicará el proceso y el detalle de los documentos que se requerirán, entre estos: en caso de tener una sentencia de alimentos a favor de los menores, llevar original de certificado de nacimiento del menor, cédula del solicitante, los datos que tengan relacionados con el deudor alimentario y la dirección en la que este reside en el extranjero.
