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En medio de la ola de deportaciones desde Estados Unidos, que forma parte de las promesas de campaña del presidente Donald Trump, al menos tres nicaragüenses deportados en los primeros meses de este año desde Estados Unidos fueron arrestados al llegar a Nicaragua, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos.
“Su situación es de abandono”, aseguró una fuente a LA PRENSA, que prefirió el anonimato.
Las organizaciones, entre ellas el Colectivo Nicaragua Nunca Más, que llevan los registros temen la incertidumbre que enfrentan los nicaragüenses deportados desde Estados Unidos y enviados a Nicaragua, especialmente quienes eran solicitantes de asilo y huyeron del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo tras las protestas de abril de 2018.
Es poca la información que existe sobre las personas que han enfrentado cárcel al regresar a Nicaragua, ya que ni sus familiares denunciaron la situación ante organismos de derechos humanos. Sin embargo, estas organizaciones identificaron al menos tres casos desde que el presidente Trump asumió el 20 de enero de este año.
Tampoco se conocen las fechas exactas del ingreso de los tres detenidos. No obstante, fuentes bajo condición de anonimato señalaron que los tres llegaron en vuelos distintos y que, al arribar al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino en Managua, los interrogaron y posteriormente los trasladaron, posiblemente, a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como el Chipote.
“Sus familiares fueron informados por otras personas que venían deportadas”, señaló una de las fuentes.
El defensor de derechos humanos Pablo Cuevas confirmó a LA PRENSA que el más reciente de los tres casos ocurrió “hace un par de semanas”, mientras que el primero se registró en febrero, pocos días después de la llegada del presidente Trump al poder.
Exiliados
Cuevas aseveró que los tres detenidos eran exiliados y solicitantes de asilo.
“Estaban en el exilio y era evidente que eran objetivos del régimen. Lo que les sucedió al regresar, lamentablemente, confirma que estaban siendo perseguidos”, manifestó.
En situación de abandono
Lo que se sabe hasta ahora es que oficiales de la Policía advirtieron a los familiares que no denunciaran, de lo contrario habría consecuencias. Sin embargo, la represión va más allá, ya que Cuevas indicó que las autoridades no permiten que la familia tenga contacto con los encarcelados.
“En los casos de los tres detenidos, prácticamente hablamos de desaparición forzada, ya que no se conoce nada más allá del momento en que los capturaron. Las autoridades no dan información oficial ni son transparentes”, afirmó.
Ante el temor de mayores represalias, Cuevas advirtió que los tres deportados se encuentran en una “situación de abandono”.
“Hoy muchos familiares de personas detenidas se han replegado, tienen miedo, evitan hablar con los medios y se desconectan. Antes, cuando alguien estaba en desgracia, la familia se unía. Ahora, la gente se aísla, se aleja por temor a represalias”, explicó.
Exfuncionario “escondido”
Cuevas relató el caso de un exfuncionario público que participó en las manifestaciones de abril de 2018 y huyó a Estados Unidos, donde ingresó de forma irregular después de que el régimen lo señalara como “traidor”. Según Cuevas, las autoridades estadounidenses lo capturaron durante una redada en febrero en California y luego lo deportaron a México.
Posteriormente, tuvo que regresar a Nicaragua utilizando los mismos medios que empleó para salir, cruzando por puntos ciegos. “Actualmente está escondido en una zona rural del interior del país. Me dijo textualmente: ‘Vivo con el temor latente de ser atrapado’. Vive un verdadero calvario”, puntualizó el defensor.
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Se desconocen los criterios
Aunque se desconoce el número total de nicaragüenses deportados que han arribado al país y cuántos han perdido la libertad, fuentes internas indicaron que las autoridades imponen filtros al recibir a los migrantes.
“Lo que tengo entendido es que la Policía posee información sobre todos los deportados y que estas deben pasar un filtro de antecedentes, ya sea por delincuencia o porque participó en las protestas sociales”, afirmó una fuente que prefirió el anonimato.
El régimen Ortega-Murillo no se ha pronunciado oficialmente sobre la recepción de migrantes nicaragüenses deportados desde Estados Unidos. La única vez que el dictador Daniel Ortega se refirió al tema fue el 3 de febrero de este año durante la XII Cumbre Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (Alba-TCP).
“Tenemos que defender los derechos de todos los ciudadanos de este planeta y, en primer lugar, de los ciudadanos de América Latina y el Caribe. Expresamos nuestra solidaridad con los pueblos que están siendo atropellados por la manera en que se trata a los inmigrantes que habían estado asentados en Estados Unidos durante años”, declaró Ortega.
Panorama para migrantes podría empeorar
Maureen Meyer, vicepresidenta de programa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y especialista en temas migratorios, considera que el panorama migratorio en Estados Unidos podría radicalizarse aún más.
“El gobierno de Trump hace múltiples intentos por ampliar al máximo la cantidad de personas a deportar desde Estados Unidos. Estas acciones incluyeron medidas para dificultar el cruce de la frontera, restringir las solicitudes de asilo y cancelar programas como las visas humanitarias, que beneficiaron a más de medio millón de personas de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua durante la administración de Joe Biden”, explicó.
No obstante, Meyer advierte que, hasta el momento, el número real de deportaciones no ha alcanzado los niveles que el gobierno de Trump desea ni lo prometido, en parte debido a la falta de recursos financieros e infraestructura para implementarlas.
Por ello, según Meyer, actualmente se mantienen flujos regulares de deportaciones, aunque se espera que el proceso presupuestario especial que discute el Congreso pueda duplicar el presupuesto del Departamento de Seguridad Nacional.
“Se están solicitando 45 mil millones de dólares para ampliar la capacidad de detención en el país. Si ese presupuesto se aprueba, el gobierno tendría mucha más capacidad para cumplir con la promesa de deportaciones masivas, lo que tendría un impacto serio en las familias con estatus migratorio mixto o en las personas indocumentadas en Estados Unidos”, puntualizó.
Incertidumbre sobre deportados
Las deportaciones de nicaragüenses no son un fenómeno nuevo. Incluso durante la administración de Joe Biden ingresaban semanalmente a Nicaragua varios deportados provenientes de Estados Unidos, Costa Rica y otros países, según una revisión realizada por LA PRENSA a notas de prensa del Ministerio del Interior de Nicaragua (Mint).
Datos recopilados por el defensor de derechos de los migrantes, Tom Cartwright, y difundidos por The New York Times, revelan que, hasta el 19 de marzo de este año, se han registrado cuatro vuelos con deportados hacia Nicaragua, cifra similar a la del año anterior.
Por otro lado, cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indican que entre el año fiscal 2018 y los primeros tres meses del presente año fiscal se han deportado 25,640 nicaragüenses desde Estados Unidos hacia Nicaragua.
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