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Mientras crece la incertidumbre por la pausa de noventa días que el presidente Donald Trump le puso a los aranceles recíprocos generalizados que le aplicó a los productos que llegan a su territorio desde casi un centenar de países —incluido Nicaragua—, economistas locales consideran que por ser una medida generalizada, que incluso puede estandarizarse en 10 por ciento, ahora es más difícil predecir qué impacto provocará. Incluso, temen una afectación mayor si la USTR impone aranceles específicos en el marco de la Investigación 301 o si la Unión Europa invoca la cláusula democrática del AdA.
El miércoles 9 de abril entraba en vigencia el arancel del 18 por ciento que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le impuso a los productos que Nicaragua exporta al mercado estadounidense.
Sin embargo, ese mismo día Trump anunció una pausa de noventa días a este gravamen para los países que no respondieron con medidas recíprocas, entre ellos Nicaragua, para quien el arancel es ocho puntos porcentuales por encima del 10 por ciento que fijaron para la mayoría de naciones, entre estas, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y República Dominicana, que junto a Nicaragua comercializan sus productos con ese país, bajo las normas del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, conocido como DR-Cafta.
Dañaría más un arancel específico
Además, al resto de países con excepción de China, les dejó vigente el arancel generalizado del 10 por ciento, que después de la pausa podría ser el que se imponga a todas las naciones. También mantuvo los gravámenes específicos al algunos productos, entre ellos aluminio, automóviles y acero.
El gravamen que seguirá en pausa hasta el 9 de julio es para decenas de países, por tanto, provocará un impacto muy diferente al que generaría una medida de este tipo para un solo país.
Es decir, como ocurría si la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) impone un arancel o algún otro tipo de sanción, en el marco de la investigación por las violaciones a los derechos laborales y humanos y al Estado de derecho que se cometen en Nicaragua. Proceso que se sustenta en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Una afectación igualmente grave la provocaría que la Unión Europea (UE) active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA).
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A déficit mayores, aranceles más altos
Los aranceles, según la administración Trump, rectificarán las prácticas comerciales que alimentan el persistente déficit comercial que Estados Unidos tiene con una lista de países. Para definirlos, usaron una fórmula que aplicaron sin importar si eran países amigos o enemigos.
La fórmula divide el déficit comercial que Estados Unidos tiene con el país entre las importaciones y el resultado lo dividieron entre dos. Para resultados menores al 10 por ciento aplicaron el arancel mínimo del 10 por ciento, y al resto le impusieron el resultado que arrojó la fórmula.
«En los casos de Guyana, Nicaragua y Venezuela les aplicaron la fórmula y el resultado fue superior al 10 por ciento. Las tarifas 38, 18 y 15 por ciento, respectivamente. La fórmula castiga a los países en los que hay mayor diferencia entre las exportaciones y las importaciones, independientemente de los montos», explica un economista que prefiere no identificarse.
Añade que a los países con los que Estados Unidos no tiene déficit comercial les aplicaron un arancel del 10 por ciento, con base en una decisión política, sin importar los montos del intercambio comercial ni las barreras no arancelarias de cada país. Esto ocurrió con Guatemala, El Salvador y Honduras, que son miembros de la región Cafta.
Fórmula para definir aranceles
Además de la fórmula, y el cobro de aranceles que cada país cobra a los productos de Estados Unidos que entran a los mercados, los integrantes de la región Cafta deben revisar las quejas que Estados Unidos incluyó en el reporte de barreras no arancelarias, que para Nicaragua incluye una amplia lista de denuncias de abusos y actos de corrupción que comete la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) que afectan a las empresas estadounidenses.
Las denuncias incluyen, entre otros abusos, el cálculo del cobro de aranceles a los productos extranjeros basados en precios superiores a los reales, negativa de devolución de impuestos corporativos, cobros de aranceles y multas arbitrarias que a veces superan el valor de la importación, inspecciones aduaneras adicionales basadas en consideraciones políticas, indagaciones arbitrarias sobre las reglas de origen, negativa de otorgar el trato preferencial que otorga el DR-Cafta, la ausencia de Estado de derecho que propicia la corrupción y otras.
Muchas de estas denuncias también se presentaron durante la etapa de recolección de testimonios, en enero pasado, cuando la USTR recolectó testimonio escritos y orales de la investigación que realiza. Este proceso, a criterio de los especialistas, puede concluir con la imposición de aranceles y otras sanciones a las exportaciones de Nicaragua, que resultarían en afectaciones mayores a la colocación de productos nicaragüenses en el mercado estadounidense.
La investigación 301
Una de las últimas acciones de la administración del demócrata Joe Biden referidas a Nicaragua, fue que la USTR abriera el 10 de diciembre una investigación «sobre los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, derechos humanos y el Estado de Derecho». Cuando anunció el proceso, la administración Biden dijo que «numerosos informes sugieren que el Gobierno de Nicaragua está participando en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región».
El proceso puede concluir con la suspensión parcial o total, temporal o definitiva de los beneficios arancelarios y de otro tipo que le ofrece a Nicaragua el DR-Cafta. En las primeras semanas de enero la USTR recolectó más de 160 testimonios escritos y más de veinte testimonios orales.
Unos pocos, menos de una docena de empresas y organizaciones, presentaron su testimonio para solicitar que no se aplique ninguna sanción a Nicaragua, porque eso dañaría a empresas estadounidenses que tienen relaciones comerciales en el país. Pero el resto, la mayoría empresas y personas nicaragüenses, pero también estadounidenses, que sufrieron las violaciones lo hicieron en calidad de víctimas para pedir que le suspendan a Nicaragua los beneficios del Cafta.
Acciones directas afectarán más
Casi tres meses después que haber concluido ese proceso de recolección de evidencias, se desconoce en que etapa está el proceso, ya que no hay información sobre el avance. Lo único que ha ocurrido es que más personas y empresas introdujeron sus testimonios, aún después de vencidos el plazo para hacerlo. Dirigentes políticos y empresariales vinculados al proceso, consideran que es fundamental que este siga su curso, pero hasta ahora y en medio de la guerra comercial provocada por los aranceles, no hay certeza de la decisión que tomará la USTR sobre el proceso.
Un daño similar al que provocarían aranceles específicos de parte de la USTR en el marco de la investigación 301 a los productos que se venden en Estados Unidos, provocaría, si tal como lo solicitó el Parlamento Europeo (PE) en la resolución que emitió en febrero pasado, se activa la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación (AdA) que rige las relaciones comerciales entre Centroamérica y la Unión Europea (UE).
La diferencia radicaría en que según cifras oficiales Estados Unidos que es el principal socio comercial absorbe alrededor del 60 por ciento de las exportaciones totales de Nicaragua, es decir las del régimen general y las de zona franca, en cambio la Unión Europea (UE), solo compra alrededor del 6 por ciento de estas ventas. Según cifras oficiales, el año pasado de los 7,521 millones que generaron las exportaciones, 3,641 millones los aportó Estados Unidos, mientras la UE sólo compró 392 millones.
Los aranceles específicos
El economista explica que ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con los aranceles de Trump y las posibles negociaciones que pueden surgir en los próximos meses, el mayor riesgo que enfrentan los productos nicaragüenses que se exportan a Estados Unidos es la imposición de aranceles específicos como resultado de la Investigación 301 y la activación del pilar democrático del AdA.
«Esto implicaría un costo particular para el régimen Ortega Murillo como resultado de sus acciones violatorias de los derechos humanos, sociales y políticos de los nicaragüenses… Igualmente importante será el regreso de los nicaragüenses afectados por la suspensión del parole humanitario que podría tener un impacto mayor en la caída de las remesas y la presión de nuevas plazas que el mercado laboral nicaragüense no ofrece por el ataque del régimen Ortega Murillo al sector empresarial, que provoca que Nicaragua no sea una opción para inversiones nuevas en el país», dice el economista.
