A raíz del anuncio del régimen Ortega Murillo sobre el «retiro» de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 27 de febrero, el país no presentó sus consideraciones ante las 279 recomendaciones recibidas en el Examen Periódico Universal (EPU). Por esta razón, la adopción del informe final fue pospuesta para el 60º período de sesiones, previsto para septiembre de 2025. No obstante, especialistas consultados consideran que el régimen no responderá a las gestiones del Consejo para que el país «colabore» con el mecanismo, por lo que el proceso no podrá concluir.
El presidente del CDH, Jürg Lauber, confirmó durante la sesión de este miércoles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no envió representantes para la adopción del informe final.
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Ante la negativa del régimen a colaborar con el EPU, la mesa de trabajo para Nicaragua presentó tres propuestas al Consejo, las cuales fueron aprobadas. Estas incluyen: un llamado a Nicaragua para que reanude su cooperación con el EPU; una solicitud al presidente del Consejo para que informe sobre los resultados de sus gestiones con el fin de exhortar al país a retomar la colaboración; y el aplazamiento del estudio para la adopción del informe final hasta el 60º período de sesiones, previsto para septiembre de 2025.
Proceso paralizado por decisión de la dictadura Ortega Murillo
El abogado y especialista en derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, Salvador Marenco, expresó que esta medida de la dictadura Ortega Murillo «paraliza» la conclusión del EPU para Nicaragua.
«El hecho de que el Estado de Nicaragua no haya enviado el informe final o el informe de resultados del Examen Periódico Universal (EPU), por procedimiento y por la naturaleza misma del examen, implica una suspensión del proceso. Es decir, se pone en pausa el EPU hasta que el Estado retome su participación presentando sus observaciones», dijo Marenco en declaraciones a LA PRENSA.
Aunque el proceso esté suspendido, los Estados pueden seguir instando a Nicaragua a participar. Además, existen otros espacios y mecanismos dentro del sistema de Naciones Unidas que pueden reforzarse ante la falta de cooperación del Estado nicaragüense.
Presidencia del CDH instará a Nicaragua a retomar el diálogo
La presidencia del CDH deberá realizar gestiones ante la dictadura Ortega Murillo para que el país retome el diálogo en el marco del EPU y de los demás mecanismos del sistema universal de derechos humanos. Sin embargo, Marenco expresó que la dictadura ha demostrado su falta de interés en participar en estos mecanismos.
«Pero la verdad es que no existe ningún mecanismo que obligue al Estado a hacerlo. El cuarto ciclo del EPU para Nicaragua no podrá cerrarse hasta que se complete, por lo que no se podrá iniciar un quinto ciclo para el país hasta entonces», dijo Marenco.
Según Lauber, los días 13, 14 y 19 de marzo la mesa debatió sobre esta situación en el contexto de la aprobación del EPU, y «alentó» al régimen Ortega Murillo para que Nicaragua continúe comprometida con el mecanismo, al tiempo que acordó «seguir estudiando esta cuestión». Sin embargo, Lauber señaló que Nicaragua no respondió a la solicitud de colaboración ni al envío de las respuestas a las recomendaciones.
No hay voluntad de diálogo
Estas medidas, según Marenco, evidencian que la dictadura Ortega Murillo no tiene interés en que se dialogue sobre derechos humanos y los crímenes que se han cometido en el país.
«Lo que Nicaragua ha demostrado una vez más a la comunidad internacional es su falta de voluntad para superar la crisis de derechos humanos, restablecer el orden constitucional y garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones y crímenes de lesa humanidad. Hemos observado un patrón: cuando un Estado es señalado por cometer crímenes de lesa humanidad, tiende a apartarse del EPU. Pero incluso regímenes autoritarios como los de Cuba, Venezuela o Corea del Norte han seguido participando», dijo Marenco.
País seguirá siendo evaluado
Marenco señaló que el EPU es un mecanismo voluntario en el que participan los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas, independientemente de que formen parte o no del Consejo de Derechos Humanos.
«Es decir, aunque Nicaragua haya salido del Consejo, eso no le exime ni le impide ser evaluado a través del EPU. Su salida del Consejo no tiene ningún efecto jurídico inmediato, ya que no era miembro del mismo cuando ocurrió esta desvinculación. Sin embargo, lo que se evidencia es un intento más del Estado nicaragüense por desvincularse de cualquier instancia de fiscalización internacional», refirió.
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279 recomendaciones en el EPU
En noviembre de 2024, el Grupo de Trabajo del EPU para Nicaragua aprobó un informe —borrador final— con 279 recomendaciones realizadas por 88 países ante el Consejo de Derechos Humanos.
Finlandia, Marruecos y Paraguay integraron la «Troika» que colaboró con el Grupo de Trabajo en la elaboración de dichas recomendaciones. Anabel Rolón Gambia, vicerrepresentante de Paraguay y miembro de la Troika para Nicaragua, expuso ante el Consejo que el país había recibido las 279 recomendaciones.
