El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pospuso la adopción del informe final del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Nicaragua, debido a que el país se ausentó de la sesión y no envió sus consideraciones sobre las 279 recomendaciones que recibió en noviembre de 2024.
El presidente del Consejo, Jürg Lauber, confirmó durante la sesión de este miércoles que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no envió representantes para la adopción del informe final.
Ante la negativa del régimen a colaborar con el EPU, la mesa de trabajo para Nicaragua presentó tres propuestas al Consejo, las cuales fueron aprobadas. Estas incluyen: un llamado a Nicaragua para que reanude su cooperación con el EPU; una solicitud al presidente del Consejo para que informe sobre los resultados de sus gestiones con el fin de exhortar al país a retomar la colaboración; y el aplazamiento del estudio para la adopción del informe final hasta el 60º período de sesiones, previsto para septiembre de 2025.
Además, el presidente del Consejo deberá presentar los resultados de sus gestiones ante Nicaragua durante el 59º período de sesiones, que se celebrará en junio de este año, aunque ese informe podría extenderse hasta septiembre.
El pasado 27 de febrero, la vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que el canciller Valdrack Jaentschke notificó a Lauber que Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos, tras rechazar un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos (GHREN), el cual responsabiliza a la Policía, al Ejército y a los dictadores Ortega y Murillo de crímenes de lesa humanidad.
Nicaragua no respondió pese a «múltiples recordatorios»
Según Lauber, el 13, 14 y 19 de marzo la mesa debatió sobre esta situación de cara a la aprobación del EPU y «alentó» al régimen Ortega Murillo para que Nicaragua siga comprometida con el mecanismo, a la vez que acordó «seguir estudiando esta cuestión».
Sin embargo, Lauber señaló que Nicaragua no respondió a la solicitud de colaboración y tampoco al envío de las respuestas ante las recomendaciones.
«A pesar de varios recordatorios, se me informó que la Secretaría no ha recibido hasta hoy en día, las posiciones de Nicaragua sobre las recomendaciones recibidas», dijo Lauber.
279 recomendaciones en el EPU
En noviembre de 2024, el Grupo de Trabajo del EPU para Nicaragua aprobó un informe —borrador final— con 279 recomendaciones realizadas por 88 países ante el Consejo de Derechos Humanos.
Finlandia, Marruecos y Paraguay integraron la «Troika» que colaboró con el Grupo de Trabajo en la elaboración de dichas recomendaciones. Anabel Rolón Gambia, vicerrepresentante de Paraguay y miembro de la Troika para Nicaragua, expuso ante el Consejo que el país había recibido las 279 recomendaciones.
«Las recomendaciones que se hicieron en este EPU son, en muchos casos, una continuación de las formuladas en 2019, porque evidentemente Nicaragua no ha avanzado. Yo diría que el país no ha mostrado progreso en el 98 % de las recomendaciones hechas ese año», valoró el abogado Danny Ramírez, secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Latinoamericano de Derechos Humanos (Calidh).
A su juicio, los Estados democráticos realizaron recomendaciones que reflejan la realidad que viven los nicaragüenses, tanto dentro como fuera del país.
«Varias observaciones están relacionadas con las expulsiones y confiscaciones, que se han consolidado como formas de represión desde 2019. Pero también hubo recomendaciones, o incluso alabanzas, de parte de Estados que son aliados del régimen o que, al igual que Nicaragua, también violan derechos humanos», añadió.
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La dictadura prometió «tomar nota»
La representante permanente del régimen Ortega Murillo ante la Oficina de la ONU en Ginebra, Rosalía Bohórquez, aseguró en noviembre que “tomaron nota” de las recomendaciones y que analizarán cada una de ellas. Afirmó además que el régimen «es respetuoso del derecho internacional».
«Consecuentes con nuestra vocación de paz y de buena fe, hemos participado y completado nuestro EPU con la convicción de que solo el diálogo genuino, respetuoso, sin injerencias, constructivo y en igualdad de condiciones permitirá relaciones amistosas entre los pueblos del mundo», dijo Bohórquez.
Dictadura defendió el despojo de nacionalidad
El 13 de noviembre, el régimen presentó su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que defendió su política represiva, incluyendo el despojo de la nacionalidad a opositores, la cancelación de personerías jurídicas a organizaciones sin fines de lucro, y reiteró su negativa a ratificar el Estatuto de Roma, además de negar la existencia de represión transnacional.
Durante la sesión de este miércoles, 88 países intervinieron tras la presentación de Nicaragua, y la mayoría expresó preocupación por las violaciones de derechos humanos, el cierre del espacio cívico y la persecución contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores.
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Ante las consultas de Bélgica y Estados Unidos sobre la pérdida de nacionalidad, Carmen Rodríguez, delegada de la Procuraduría, justificó el despojo a opositores, periodistas, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos y críticos, basándose en la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Nacional el 9 de febrero y aplicada de forma retroactiva a los 222 excarcelados que luego fueron desterrados a Estados Unidos.
“De tal forma que las actuaciones del Estado están fundamentadas en la reforma a la Constitución Política y en ambas leyes existentes: la Ley Especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz”, dijo Rodríguez.
