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El Parlamento Centroamericano (Parlacen) otorgó el reconocimiento «San Óscar Arnulfo Romero» a la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) de Nicaragua, Wendy Morales, por su «labor de defensa de derechos humanos» en el país.
Sin embargo, el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), de la Organización de Naciones Unidas, la señala como una de las responsables de la confiscación de bienes en el país, lo que se suma a la lista de acciones del Parlacen que, según especialistas consultados, reflejan la influencia del sandinismo.
«La condecoración San Óscar Arnulfo Romero se establece como un reconocimiento a líderes que han demostrado valentía y compromiso en la defensa de los derechos humanos en la región, promoviendo sociedades más justas y solidarias», señaló el Parlacen en sus redes sociales.
Según informó el Parlacen con bombos y platillos en sus redes sociales, la entrega de la condecoración se realizó en la subsede del órgano político en Nicaragua, fue entregada por la Comisión de Derechos Humanos del Parlacen y estuvo presidida por los nicaragüenses Guillermo Daniel Ortega Reyes, junto con la secretaria de la Junta Directiva, Aída Ester Blanco Talavera; la diputada Doris María Tijerino Haslam y la parlamentaria Socorro Reyes Lara, vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
La Comisión de Derechos Humanos está integrada por 10 diputados, encabezada por el diputado hondureño Yehering Roberto Maldonado y el parlamentario panameño Honorio Quezada Martínez, quien ocupa el cargo de secretario.
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Morales «estrena» reconocimiento del Parlacen
Esta es la primera vez que el Parlacen otorga esta condecoración a un funcionario centroamericano, según lo señaló el diputado sandinista Daniel Ortega Reyes durante la entrega del reconocimiento.
Este reconocimiento fue establecido en el Parlacen el 26 de septiembre de 2024, tras su aprobación en sesión ordinaria de la Asamblea Plenaria, según consta en la Resolución AP/3-59/2024.
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La resolución establece que el reconocimiento se entrega en una ceremonia especial organizada por la Comisión de Derechos Humanos del Parlacen en cada una de las subsedes de los Estados parte. La selección de los galardonados (uno por país miembro del Parlacen) está a cargo de cada bancada parlamentaria, que en su reunión ordinaria de febrero evalúa las nominaciones recibidas y selecciona a los candidatos más meritorios. Sin embargo, este procedimiento no fue transparentado y se desconoce si hubo otros candidatos nominados además de Morales.



Resolución del Parlacen que establece el reconocimiento San Óscar Arnulfo Romero, que estrenó Wendy Morales. LA PRENSA.
Condecoración refleja la influencia del sandinismo en el Parlacen
Para el especialista en relaciones internacionales, Carlos Murillo Zamora, esta medida refleja la poca seriedad que envuelve al Parlacen.
«El Parlacen nunca ha sido relevante en Centroamérica porque nunca se completó en términos de que todos los países fueran miembros. Además, los países que sí son miembros lo aceptan solo cuando les conviene. Con el tiempo, también se convirtió en un refugio para muchas personas que, al no tener peso en sus propios países, adquieren inmunidad al formar parte del Parlacen», dijo Murillo.
Por esta razón, señaló que «no es de extrañar que se haya convertido en un órgano al servicio de los gobiernos de turno, utilizado para tomar decisiones irrelevantes que solo benefician a ciertos grupos. Desde esa perspectiva, el Parlacen no cumple con la naturaleza de lo que debería ser un parlamento regional».

Morales, sancionada por EE.UU. por ser cómplice de las confiscaciones
El 21 de marzo de 2024, Estados Unidos sancionó a Morales, señalándola como cómplice de la opresión de la dictadura Ortega-Murillo. Además, en 2023 Washington la incluyó en la lista de «actores corruptos y antidemocráticos» de los países centroamericanos, conocida como Lista Engel, por confiscar propiedades a opositores desnacionalizados por la dictadura.
El GHREN, en su informe publicado el 26 de febrero de 2024, señaló que, una vez que el Ministerio Público y el Poder Judicial toman decisiones en los procesos penales que incluyen la confiscación de bienes, la PGR, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), decide a qué institución se le asigna la propiedad confiscada.
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«El Grupo identificó algunos casos en los que la Procuraduría transfirió la titularidad de las propiedades al Estado de facto; es decir, sin que las víctimas tuvieran conocimiento de ningún proceso en su contra. El Grupo también documentó casos en los que las propiedades han sido ocupadas de facto por personas vinculadas al FSLN», señala el informe.
El 17 de mayo de 2024, la PGR defendió al régimen asegurando que en el país no hay confiscación, con base en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua, que prohíbe esta medida. No obstante, la institución justificó la expropiación de bienes alegando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana.