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Todos los días la vocecilla aflautada de Rosario Murillo resuena con anuncios de «nuevas victorias” del régimen, proclamando la inauguración de hospitales, centros educativos y espacios culturales que, en su narrativa distorcionada, representan un avance en derechos sociales.
Sin embargo, lo que Murillo omite entre insultos, oraciones, mentiras y discursos de odio es el origen real de estas infraestructuras: propiedades confiscadas a la fuerza a opositores, periodistas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.
El más reciente anuncio de Murillo, el pasado 3 de marzo, incluyó dos nuevas “obras” que se suman a esta estrategia de despojo disfrazado de inversión social.
Uno de ellos es el Centro de Hemodiálisis Sacuanjoche, que abrió sus puertas el 7 de marzo en San Rafael del Sur, pero que no es más que el hostal confiscado en 2024 al periodista Henry Briceño, desterrado junto con su familia.
El otro, el Centro Oncológico Nacional Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa, lo inauguraron el 8 de marzo en el campus de la otrora prestigiosa escuela de negocios Incae, asaltado por el régimen en 2023.
Lo que analistas y expertos describen es un patrón claro: la dictadura lava sus confiscaciones con apresurados brochazos de pintura, nombres rimbombantes y ceremonias cuidadosamente coreografiadas, con jóvenes uniformados que aplauden ante las cámaras del oficialismo. Pero pasado el espectáculo, los edificios quedan vacíos, deteriorados y resguardados por guardias armados.
“Es la antesala de una nueva piñata”, advierte Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos y víctima de este expolio, al describir un fenómeno que ya no es solo represión, sino también un turbio negocio de Estado.
“Peor que la piñata del 90”
Gonzalo Carrión conocía cada clavo de su casa antes de ser asaltada por la Policía y confiscada por la dictadura.
Más de 20 años de esfuerzos, deudas, sacrificios y alegrías en ese hogar le fueron arrebatados en julio de 2023.
Al igual que otras víctimas de expropiaciones, y como defensor de derechos humanos, sigue de cerca toda la estrategia del régimen por tratar de ocultar el despojo de inmuebles a través de nombres rimbombantes, funciones humanistas en apariencia y altruistas en teoría.
Sin embargo, considera que es difícil que la dictadura pueda lavar de manera definitiva y a perpetuidad el grueso de las confiscaciones, dado que el origen de estas, basadas en el abuso y la violación de derechos humanos, “son imborrables e ilegítimos de facto”.
“Lavar las propiedades confiscadas es tan imposible como ocultar o maquillar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la familia Ortega Murillo”, dice Carrión, quien estima que esta ola confiscatoria ya supera, tanto en monto económico, como en cantidad y en daño social, a la piñata de 1990 que benefició a las grandes figuras del FSLN y sus allegados más cercanos.
A finales de los años 80, la dictadura derrotada del FSLN legalizó la transferencia de más de 20,000 propiedades confiscadas por el Estado, entre casas, empresas y fincas, a funcionarios y seguidores del sandinismo, generando una deuda pública de más de 2,000 millones de dólares al Estado.
Para Carrión, estas propiedades hoy maquilladas y disfrazadas de obras públicas inexorablemente terminarán en manos de la familia y del grupo de poder que parasita alrededor, como terminaron las empresas, fincas y propiedades de la piñata de 1990.
“Por mucho que pintarrajeen los edificios y quieran lavar lo confiscado como una obra social, no pueden ocultar ni borrar el prestigio que por años se labró, por ejemplo, el Incae con su calidad educativa”, advierte Carrión.
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Campaña de “inauguraciones”
En un acto que ejemplifica la estrategia de la dictadura Ortega Murillo para borrar todo rastro de propiedad privada, el pasado 26 de febrero inauguraron en la capital nicaragüense el Centro Nacional de Fisioterapia Ciro Molina, una transformación forzada del antiguo Club Campestre Las Colinas, confiscada en diciembre de 2021 tras la anulación arbitraria de su personería jurídica bajo la excusa de incumplimientos legales.
Lo que alguna vez fue un espacio privado para la recreación entre socios del exclusivo residencial de Managua, hoy lo presentan como una iniciativa del Ministerio de Salud (Minsa), en un intento del régimen por disfrazar su política de despojo con el ropaje de la inversión pública.
El mismo día de la inauguración del centro de fisioterapia, el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) junto a la Alcaldía de Managua presentó con bombos y platillos la apertura del Centro Tecnológico “Muchachos, Horizonte Valiente”, instalado en lo que hasta hace menos de un año era la sede de la Fundación Samuel, otra ONG cuya personería jurídica le anularon el 21 de junio de 2024.
En agosto de ese año, la organización denunció que, además de su centro de capacitación, les habían arrebatado terrenos e inventarios completos mediante la intervención policial.
El 12 de febrero de 2025, la directora de Inatec, Loyda Barreda, anunció la apertura de este centro educativo como un supuesto logro del régimen, omitiendo, por supuesto, que el inmueble era fruto de la confiscación.
“Este es el número 70 a nivel nacional y para el departamento de Managua es el centro número 15. Aquí hay una inversión en equipamiento, en personal capacitado, mejoras en infraestructura. Más de 35 millones de córdobas están a disposición de las familias y la juventud”, proclamó Barreda, la misma que celebró que el edificio de LA PRENSA fuera maquillado como el Centro Cultural José Coronel Urtecho.
Saqueo por doquier
La ola de confiscaciones y conversiones forzadas de propiedades también ha alcanzado varias regiones del país, con el mismo patrón: el Estado se apropia de bienes privados y los convierte en centros educativos, sanitarios o culturales con el propósito de justificar el despojo y, al mismo tiempo, borrar el rastro de sus antiguos dueños.
En Matagalpa la dictadura arrebató tres propiedades de la Diócesis: el Centro Diocesano de Pastoral La Cartuja, la Curia Episcopal y el Seminario Mayor de Filosofía San Luis Gonzaga.
En el primero, el régimen instalará el Centro Universitario Regional de Tecnología Agropecuaria para la Exportación “Padre Comandante Camilo Torres Restrepo”.
A principios de febrero, la Curia Episcopal fue retocada para «donarla» al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mientras que el futuro del Seminario Mayor sigue incierto, pero se mantiene tomado por los policías bajo servidumbre del régimen.
Aunque la dictadura no ha justificado formalmente su apropiación, la intervención de la Policía Nacional y la Procuraduría General de la República (PGR) en el proceso sugiere que su destino está sellado como el resto de los centenares de bienes asaltados y anexados al Estado bajo mano policial.
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Confiscaciones y maldad
A don Henry Briceño el dolor le viene por partida doble: hace aproximadamente 100 días no solo perdió su país, sino también el patrimonio que, con mucho esfuerzo y toda una vida de trabajo, había reunido para disfrutar su jubilación y heredarle a sus hijos un futuro mejor.
El 24 de noviembre la policía de la familia de Daniel Ortega y Rosario Murillo invadió su vivienda en San Rafael del Sur, lo apresaron, lo llevaron a la frontera sur a medianoche y lo entregaron al ejército sandinista para que, con insultos y bajo la amenaza de los fusiles AK, lo conminaran a abandonar Nicaragua.
Ahora legalmente don Henry Briceño no tiene nada: ni país, ni nacionalidad, ni casa propia ni negocios.
Seis propiedades familiares, valoradas en aproximadamente 1.5 millones de dólares, sirven ahora como “beneficio público” por decisión de Ortega Murillo.
Eso incluye el hostal central convertido en un centro de hemodiálisis y su antigua vivienda familiar transformada en una sede municipal de la Cruz Blanca, la versión sandinista de la Cruz Roja, otra institución humanitaria confiscada en 2023 después de ser anulada y expulsado del país su Comité Internacional.
“Es pura intención de causar daño, es un estado de maldad total. San Rafael del Sur tiene suficientes edificios y terrenos estatales subutilizados para obras sociales, ahí están deteriorándose, pero ellos lo que quieren es humillar y destruir los bienes ajenos de quienes no piensan como ellos”, se queja amargamente.
La inauguración de una sede de salud pública en la propiedad de Briceño, anunciada como “victoria” por Murillo el 6 de marzo, es una de las 16 propiedades convertidas en “obras públicas” en lo que va de 2025, luego de su confiscación.
“Lavado de propiedades”
El politólogo Félix Maradiaga conoce el dolor de las confiscaciones desde muy niño. Su familia liberal sufrió expropiaciones por la primera dictadura sandinista en 1985.
Luego la sede del Instituto de Estudios y Estrategias de Políticas Públicas (IEEPP) que él dirigía en 2018 fue confiscada y en febrero de 2023, después de más de 600 días encarcelado, la dictadura confiscó sus bienes, lo despojó de su nacionalidad y lo desterró de Nicaragua.
Por eso entiende perfectamente el dolor de la familia Briceño y lamenta profundamente el daño que significa la confiscación y posterior “lavada de cara” del Incae al convertirlo en un “centro médico”.
“Lo que está haciendo la dictadura de Ortega y Murillo con las propiedades confiscadas no es más que un burdo intento de lavado de dinero y de reputación, una táctica propia de las cleptocracias más descaradas”, agrega.
“Así como los narcotraficantes y mafiosos buscan causas ‘nobles’ para disfrazar sus fortunas mal habidas, el régimen pretende encubrir su expolio con un manto de inversión social”, dice Maradiaga.
Para él, la inauguración constante de “obras” en propiedades privadas “no es un acto de generosidad ni de responsabilidad con la salud pública: es el reciclaje cínico de bienes robados, una estrategia deliberada para blanquear el saqueo y tratar de normalizar el crimen”.
“Confiscan universidades y periódicos, destruyen la sociedad civil, asesinan y encarcelan a inocentes, y ahora aparecen como benefactores con dinero y propiedades que nunca les pertenecieron. Es fácil hacer obras con lo ajeno y lo robado”, cuestiona Maradiaga.
A su criterio, el caso del Incae es emblemático: “Una institución con prestigio internacional convertida en un instrumento de propaganda del régimen. Al igual que con las universidades cerradas, los medios confiscados y las ONG destruidas, esta es otra maniobra de expropiación criminal disfrazada de filantropía”.
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Así funciona el lavado
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado desde 2018 un sistema de confiscación de bienes que opera de manera sistemática y coordinada entre varias instituciones estatales.
Según la investigación “La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo”, del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción (OPTA) de Hagamos Democracia, de mayo de 2024, al menos 135 propiedades habían sido confiscadas hasta el año 2023.
Los bienes afectados pertenecían a personas desnacionalizadas, empresas privadas, ONG, medios de comunicación, universidades, iglesias y hasta sedes diplomáticas.
El autor del estudio, el periodista nicaragüenses Wilfredo Miranda, estimaba entonces que la deuda pública generada por la dictadura superaba los 250 millones de dólares.
El estudio develó el mecanismo de confiscación: desde 2018 hasta mediados de 2022, la cancelación de organizaciones pasaba por la Asamblea Nacional, a través de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, presidida por el diputado recalcitrante Filiberto Rodríguez López, quien presentó las primeras solicitudes de eliminación de ONG y universidades.
La maquinaria sandinista en la Asamblea sellaba el destino apretando el botón para aprobar la cancelación de las instituciones y su confiscación.
Sin embargo, en 2022 el Ministerio del Interior (Mint) obtuvo poder absoluto para cancelar personerías jurídicas sin necesidad de la intervención legislativa.
El MintT inicia con la cancelación de personerías jurídicas, una acción ejecutada desde el Departamento de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio del Interior, dirigido por María Amelia Coronel Kinloch y el hoy comisionado general Luis Roberto Caña Novoa, descrito por las víctimas como “un perro guardián” de la dictadura.
Esta dependencia acusa a las organizaciones de no cumplir con normativas administrativas, como la falta de informes financieros o cambios en sus juntas directivas.
Bajo esos señalamientos, hasta el cierre de 2024, el régimen había clausurado a más de 5,700 ONG, a las cuales les notificó la confiscación de sus bienes, cuentas y valores.
Una vez ejecutada la cancelación, la Policía del régimen interviene y toma posesión de los inmuebles.
En paralelo, la PGR bloquea los registros de propiedad originales, crea nuevos documentos y realiza la inscripción de los bienes al Estado.
Luego Murillo decide, como en un juego de naipes, a quién asigna los bienes ajenos: la mayoría de estos inmuebles los han reasignado a instituciones como el Ministerio de Salud (Minsa), Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y el Ejército de Nicaragua.
La número dos del régimen ordena luego a las instituciones designar fondos a esos bienes arrebatados para convertirlos en “obras públicas”, que después anuncia triunfal en sus monólogos a través de los medios en poder de su familia y del partido sandinista.
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Versión oficial: “Recupere”
La dictadura ha querido vender una narrativa oficialista que disfraza el asalto de bienes privados como una exitosa campaña de recuperación de bienes mal habidos por actos de corrupción, terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado.
“Han sido incautadas una gran cantidad de propiedades que se movían en el lavado de dinero, propiedades donde se estafaba, para quedarse con propiedades de gente de buena intención que quería vender propiedad», dijo Ortega en mayo del 2024, a raíz del informe de Hagamos Democracia.
“Estas propiedades, son varios millones, están en manos del Estado de Nicaragua, el Estado las declaró propiedad del pueblo para beneficio de los pobres”, justificó Ortega.
Luego la Procuraduría General del régimen, a cargo de la sancionada funcionaria orteguista Wendy Carolina Morales Urbina, emitió un comunicado justificando legalmente las confiscaciones.
“Como es del conocimiento público, al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses”, señaló.
Su papel como “lavadora” oficial de la dictadura le valieron sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“La procuradora general de Nicaragua, en forma concertada con el régimen de Ortega-Murillo, ha ejercido de manera abusiva su función para facilitar una campaña coordinada que busca reprimir la disidencia incautando bienes de opositores políticos del gobierno sin una justificación legal”, expresó en marzo de 2024 el subsecretario del Tesoro para Asuntos de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, al explicar las razones de la sanción contra Morales Urbina.
¿Tú también, FMI?
El discurso del dictador fue retomado como “medida económica positiva” por el Fondo Monetario Internacional, que, en su informe evaluador de Nicaragua del pasado febrero de 2025, calificó como positivas las confiscaciones, calificándolas eufemísticamente como “transferencia de propiedades privadas al Estado”.
“La mona, aunque se vista de seda, mona se queda”, ejemplifica Luciano García, miembro de Hagamos Democracia y expresidente de la institución, al explicar los esfuerzos del régimen por legitimar las propiedades arrebatadas.
“A la luz del mundo y la ciudadanía, nadie les cree que esas son inversiones sociales, sino una máscara para tapar el crimen de las confiscaciones”, dice García, quien estima que la deuda pública del país será gigante cuando retorne la democracia y toque indemnizar a las víctimas.
Para él, sin embargo, el problema de fondo es el establecimiento y la promoción de una cultura de asalto y despojo de la propiedad privada como método de conquista en la sociedad nicaragüense.
“Están enseñando a la sociedad que robar es bueno si se justifica en nombre de los pobres, como Robin Hood, esa cultura ‘quitarle a los ricos para darle a los pobres’ es la misma de los años 80, que quitaron propiedades privadas con el cuento de dársela a los pobres, pero fue una gran estafa”, dijo.
Lavandería de bienes ajenos
En esta ofensiva contra la propiedad privada, la dictadura conyugal ha transformado beligerantes centros de derechos humanos, importantes edificios de periodismo independiente y prestigiosos espacios de la sociedad civil en instituciones estatales controladas por el oficialismo.
El histórico Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que denunciaba las violaciones a los derechos humanos del régimen, lo pintaron y anunciaron como puesto de Salud Familiar y Comunitario José del Carmen Ruiz.
Entre fanfarrias, bailes, colores y propaganda, se abrió al público, pero a las pocas semanas quedó en el olvido.
Al estar en el perímetro cada vez más amplio y vigilado de la residencia familia Ortega Murillo, el edificio lleva más de dos años cerrado al público, sin asistencia de usuarios y bajo estricta vigilancia policial.
De manera similar, el medio de comunicación 100% Noticias, que durante años dio cobertura a la crisis política del país, se convirtió en el poco concurrido Centro de Atención para Personas con Adicciones de Alcoholismo y Drogadicción Valentín Méndez.
Otra víctima de esta estrategia fue Confidencial, el medio dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro, cuyo edificio ahora funciona como la Casa Materna Camila López.
En este caso, en diciembre pasado Confidencial reveló que la supuesta casa materna estaba abandonada y deteriorada. Pocos días después la dictadura corrió a retocarla, mandó a empleados de salud a “reabrirla” y posar ante los medios de comunicación al servicio de la familia dictatorial.
Del prestigio al meme
Más de 32 universidades y centros educativos confiscados también han recibido el maquillaje social del régimen.
La Universidad Centroamericana (UCA), la más prestigiosa y antigua universidad privada del país, es ahora la poco concurrida Universidad Nacional Casimiro Sotelo, generadora de memes y burlas en las redes sociales.
En el municipio de Mozonte, Nueva Segovia, la sede del otrora Instituto de Liderazgo de Las Segovias (ILLS) fue “donado” a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y transformada en la Universidad Campesina (Unicam), ausente de estudiantes y personal administrativo.
Las organizaciones de desarrollo social y ambiental tampoco escaparon de esta ola confiscatoria y el posterior maquillaje estatal, como la sede del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que durante años abogó por los derechos de las trabajadoras y ahora alberga el Centro de Salud Dra. Erlinda López.
Antes de su cierre, donó sus propiedades a la Fundación Teletón, pero la dictadura anuló la donación y ahora tanto Teletón, como las otrora propiedades del Movimiento María Elena Cuadra, han sido decomisados por la dictadura.
