El jueves se cumplió una semana desde que Costa Rica recibió al primer grupo de 135 migrantes deportados desde Estados Unidos el 21 de febrero. Esta medida ha generado diversas opiniones, pero sobre todo críticas ante presuntas violaciones a los derechos de los migrantes que llegaron al país, las cuales han sido negadas por la administración del presidente Rodrigo Chaves.
El segundo grupo, compuesto por 65 migrantes, llegó el martes al Aeropuerto Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica. Entre ellos había 16 menores de edad. De esta manera, Costa Rica completó su acuerdo con Estados Unidos de servir como puente para recibir a 200 migrantes deportados.
Este 28 de febrero, el Ministerio de Seguridad Pública de Costa Rica indicó en un comunicado de prensa que este grupo de migrantes realizó su «primer retorno voluntario» en coordinación con la Dirección General de Migración y Extranjería y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La familia, originaria de Armenia, estaba compuesta por la madre y sus dos hijas menores de edad.
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“De esta forma confirmamos el compromiso gubernamental de ser un país puente para la repatriación de estas personas, a las cuales se les ha brindado una atención adecuada desde su ingreso al país», dijo el viceministro de Gobernación y Policía y director general de Migración, Omer Badilla.
Según informó la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica, hasta el momento ninguna persona del grupo de deportados ha solicitado refugio en el país. En cada caso se aplica una revisión de riesgos personales. Si las personas no enfrentan amenazas, deben volver a sus países de origen; en caso de vulnerabilidad, se procedería a buscar un tercer país seguro.
Críticas por la llegada de menores de edad
Una de las principales críticas ha sido formulada por la estatal Defensoría de los Habitantes, que señaló deficiencias en el proceso, asegurando que se careció de un abordaje integral.
Además, la Defensoría criticó que el traslado terrestre de más de siete horas desde el aeropuerto hasta el Centro de Atención a Migrantes (Catem) se realizara inmediatamente después del vuelo de cuatro horas.
Sin embargo, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, rechazó las críticas y afirmó que la Defensoría solo hizo acto de presencia en el aeropuerto durante la llegada del primer grupo de migrantes.
«Lamentamos que la Defensoría solo hiciera acto de presencia en esta parada intermedia y no acompañara a estas personas hasta su llegada al Catem Sur. Al quedarse en San José y no desplazarse a la Zona Sur, hizo que solo pudiera apreciar una parte mínima del proceso y no la gestión migratoria en su totalidad», refirió Zamora.
Incertidumbre con futuras solicitudes de EE.UU.
En opinión del analista político costarricense, Sergio Araya, la llegada de estos migrantes estuvo envuelta en opacidad por parte del Ejecutivo.
«Siempre hubo mucha opacidad en el proceso. No es sino hasta que las personas ya están en suelo costarricense que algunos aspectos comienzan a esclarecerse. Aún persisten dudas sobre cómo están siendo atendidas estas personas», dijo Araya.
Araya señaló que este precedente podría abrir la puerta para que, en el futuro, Estados Unidos solicite nuevamente la «cooperación» de Panamá y Costa Rica, «involucrándolos en una problemática migratoria sumamente compleja, que en este caso específico no les competía directamente ni afectaba sus intereses nacionales».
¿Qué hay detrás de la admisión de Costa Rica a la solicitud de Trump?
El Gobierno de Costa Rica emitió un comunicado la tarde del lunes 17 de febrero en el que afirmó que el país vecino del sur “colaborará” con Estados Unidos en la repatriación de 200 inmigrantes provenientes de Asia. Esto, a pesar de que anteriormente algunas autoridades costarricenses habían señalado que no recibirían vuelos de deportados como parte de los acuerdos tras la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
El especialista en relaciones internacionales, Carlos Murillo Zamora, señala que esto demuestra que la administración del presidente Rodrigo Chaves no ha divulgado una parte considerable de los acuerdos con Rubio.
“Hay un elemento importante: no está claro en su totalidad cuáles fueron los acuerdos adoptados durante la visita del secretario Rubio. No se sabe si hubo compromisos adicionales que no fueron divulgados a los medios de comunicación y a la opinión pública”, dijo Murillo en declaraciones a LA PRENSA.
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Según Murillo, en el contexto actual, Costa Rica tiene poco margen de maniobra para “negociar” con la administración de Donald Trump.
“Ante ese escaso o nulo margen de maniobra, el Gobierno de Costa Rica no tenía otra alternativa que aceptar a los deportados, quienes, según se entiende, son migrantes extracontinentales”, añadió.
