El destierro, se lee en Wikipedia, “se utilizaba como la pena inmediatamente inferior a la pena de muerte”. Google dice, por su parte, “Se aplicaba a personas que cometían delitos graves”. Ambas fuentes hablan pues de su gravedad y se refieren a ella en pretérito. Conviene entonces examinar algunas de las implicaciones de esta pena que ahora sufren millares de nicaragüenses.
La primera nota por destacar es que el destierro, o la apatridia, no es una pena o castigo cualquiera sino uno muy grande. Perder su patria; verse privado de pronto de la tierra donde se había labrado uno su vida, de ese terruño lleno de recuerdos con que la mayoría de los mortales se encariña, dejar atrás y quizás para siempre a familiares y amigos entrañables, los proyectos que venían desarrollándose, los sueños, etc., es frecuentemente desgarrador.
He visto de cerca algunos de estos casos, como el de una jovencita que recién había ahorrado y prestado para iniciar un pequeño negocio en Managua. Iba viento en popa y la tenía entusiasmada. Para agrandarlo viajó al exterior a comprar unos equipos. Nunca había participado en política, ni directa ni indirectamente. Al llegar alegre al counter de la línea aérea le mostraron, un poco apenados, el mensaje que decía: “Estimado viajero, le informamos que hemos sido notificados por las autoridades migratorias de Nicaragua de que no han autorizado su ingreso al país…”
Su grito interior fue: ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecerlo? Es el grito que audible o secretamente estalla en los cada día más numerosos destinatarios de este inesperado castigo. ¿Sería porque soy pariente de X? ¿Sería porque soy amiga de Y? Pero esto es solo el comienzo del drama. Porque al dolor de la patria negada se añade el reto de adaptarse a la quizás extraña y para nada buscada tierra del exilio. Para un joven con preparación, ciertos medios y conectes locales, el trauma es menos severo. Tendrá que luchar como gato panza arriba, pero con posibilidades de sobrevivir decentemente. Pero para un pobre sin red de conocidos que le den una mano, carente de habilidades, o para un viejo sin fondos que lo mantengan —entre otras cosas porque les han arrebato su pensión de vejez— y que ya nadie quiere emplear, el destierro es un terremoto físico y emocional. Y esto sin mencionar la cruel incertidumbre migratoria que aqueja a todos.
La siguiente nota por destacar es la obsolescencia de este brutal castigo. En las últimas décadas, 25 países de América Latina y el Caribe han firmado y/o ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En su artículo 22 establece que nadie puede ser expulsado ni privado del derecho a ingresar a su país. Igual lo establecen las Naciones Unidas y aún la nueva constitución orteguista, exceptuando solamente a quienes han cometido traición a la patria. A lo que cabe preguntar: ¿Es ese el caso de los miles de expatriados? Y, si lo es, ¿qué tribunal ha demostrado tal crimen?
Esto nos lleva a considerar una tercera nota: el debido proceso. Todo país tiene derecho a castigar a sus delincuentes. Pero para hacerlo con justicia hay que observar una serie de principios de carácter universal que rigen en todos los países civilizados. Entre ellos: la obligación de los tribunales de probar la comisión del delito, la presunción de inocencia del acusado mientras no se demuestre lo contrario, el derecho a su defensa, ser sentenciados por órgano competente, y que la pena no puede trascender de la persona del reo.
El hecho, tan sorprendente como monstruoso, es que ninguno de los desterrados de ahora ha sido acusado ante el sistema judicial, ni probado delito alguno, ni permitido su defensa, ni sentenciados. Peor aún, este castigo brutal está siendo aplicado a personas totalmente apolíticas por el mero hecho de ser parientes del desterrado. ¿Habrase visto injusticia igual?
Los destierros exprés masivos que está practicando la dictadura son un verdadero escándalo internacional. Ningún otro país lo practica en esta escala. Son un crimen de lesa humanidad que desprestigia aún más a sus autores pues exhibe su crueldad y su flagrante desprecio por las normas más elementales del derecho y la justicia.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
