Ortega está indignado por el trato a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos. ¿Cómo es posible —humano— se preguntó, que pretendan expulsar a personas que han hecho su vida allí, que llevan años trabajando y formando sus familias? ¿Cómo es posible —siguió— que los acusen de criminales, de delincuentes, sin haber cometido delito alguno? Y lo que es peor, añadió, que lo hagan (cita textual) “sin ninguna prueba, sin ningún juicio, ¡sin sentencia!”
Parece pues que el comandante está consciente de lo duro que es para familias bien instaladas en un país que las echen de pronto. También de que es una exigencia de primer orden respetar el debido proceso. Habría entonces que preguntarle: ¿Cómo es posible que se rasgue las vestiduras por lo que hacen las autoridades norteamericanas a sus inmigrantes ilegales, y haga usted algo peor con sus conciudadanos?
Peor, porque aquellos no están siendo expulsados de sus patrias, sino de un país extranjero, y porque incurrieron en un delito federal. En cambio, los expulsados por Ortega, o los impedidos de ingresar, que ya suman miles, lo han sido de su propia patria en la que nacieron y vivieron. Han sido arrancados así de sus raíces, familias, amistades, propiedades y negocios; privándoles, a quienes las tenían, de sus pensiones de vejez, confiscando sus posesiones y forzando a muchos de ellos a sobrevivir, frecuentemente con las uñas, en países que muchas veces no comparten su cultura ni idioma. Y, lo peor, sin haber cometido delito alguno.
En un primer momento la pena del destierro, o la expatriación, fue aplicada a quienes ejercieron el derecho ciudadano de criticar al gobierno o hacer oposición. Esto fue convertido en delito de traición en procesos inicuos sin derecho a la defensa. Otros muchos, en los que me incluyo, fuimos fulminados con el mismo castigo, pero sin mediar juicio ni sentencia; sencillamente nos pusieron en una lista de indeseables. Luego, en un segundo momento, comenzaron a cerrar las puertas del país y aplicar la brutal pena del exilio, a millares de nicaragüenses que jamás habían cometido la más mínima falta o demostrado la más mínima oposición al gobierno.
Un caso flagrante y reciente es el de las monjas Clarisas, contemplativas que fueron echadas de sus conventos sin más que sus vestimentas y expulsadas del país junto con el robo de sus edificios. ¿No tenían acaso muchos años de vivir en Nicaragua —algunas más de veinte años— entregadas al servicio de Dios y del prójimo? ¿Qué delito cometieron para merecer tal tratamiento? ¿Hubo contra ellas juicio o sentencia? Lo mismo puede decirse de las hermanas de la Caridad y centenares de otros religiosos, monjas y sacerdotes. A ellos siguen sumándose, en forma alarmante, muchos cuyo “delito” ha sido ser pariente o familiar de algún perseguido, y otros donde no se encuentra razón alguna. Y más aberrante aún, han sido castigados “sin ninguna prueba, sin ningún juicio, ¡sin sentencia!”
Actuando de esta forma la pareja gobernante exhibe no solo el uso flagrante del doble estándar, el caso típico de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, sino también su descarnada inhumanidad, tan contraria a los principios cristianos que cacarean, junto con un desprecio absoluto por las normas jurídicas más elementales, incluyendo algunas que sobrevivieron en su nueva constitución: Art 29: “Toda persona tiene derecho en igualdad de condiciones al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”. Art 32: “La pena no trasciende de la persona condenada”. Art 46: “Toda persona goza… de la plena vigencia de los derechos consignados en los instrumentos internacionales de los que Nicaragua es parte”. Uno de ellos, la Declaración Universal de Derechos Humanos que afirma de manera inequívoca que “a nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad”.
Pero es esto, precisamente, lo que la pareja gobernante está haciendo en masa, creando de rebote un nuevo subproducto: los millares de nicaragüenses que no se atreven a salir por temor a no poder regresar, lo que convierte a su país en una prisión sin rejas, donde el carcelero no le reconoce a sus conciudadanos los derechos que, con voz indignada, reclama para los inmigrantes extranjeros.
El autor es sociólogo e historiador. Autor del libro En busca de la tierra prometida. Historia de Nicaragua 1492-2019.
