El gobierno panameño conversará con la nueva embajadora de la dictadura Ortega-Murillo en Panamá, Jessica Yaoska Padilla Leiva, quien presentará la próxima semana cartas credenciales, sobre el salvoconducto para que el exmandatario Ricardo Martinelli, asilado desde hace casi un año en la Embajada de Nicaragua en Panamá, viaje a Nicaragua, según confirmó el presidente panameño, José Raúl Mulino, en su conferencia de prensa de este jueves 30 de enero.
“En los próximos días, la nueva embajadora de Nicaragua presentará credenciales ante el canciller. Ahí se hablarán muchos temas que no se podían abordar con la anterior (embajadora). Ahora lo hablaremos. El salvoconducto es uno de ellos”, dijo Mulino en su conferencia de prensa.
El 30 de diciembre de 2024, la dictadura Ortega-Murillo oficializó el nombramiento de Padilla Leiva como embajadora de Nicaragua en Panamá, en sustitución de Consuelo Sandoval, quien el martes 24 de diciembre presentó su “renuncia”.
Mulino asegura que desconocía solicitud de cirugía de Martinelli
Mulino reaccionó con visible molestia por una publicación de Martinelli, quien acusó a su gobierno de estar detrás de lo que considera una “dilación” del fallo en su caso judicial, mismo que califica de “prefabricado políticamente”, lo que le impide realizarse una cirugía.
“Yo no sabía absolutamente nada, hasta esta mañana que te vi a ti, sobre el tema de la operación y de la mortuoria. No tengo idea de qué se trata. Mi gobierno no ha recibido ninguna petición para ninguna operación de ningún médico y yo no respondo en base a Twitter un tema tan delicado”, respondió Mulino ante la pregunta de un periodista de Panamá en Directo.
“Yo nunca me opondría a un tema de salud de nadie. Ni de él, ni de nadie”, añadió Mulino.
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Martinelli se quejó la víspera del gobierno de Mulino, su aliado y correligionario en el partido Realizando Metas, siendo la primera vez que el exmandatario, condenado a 10 años de prisión por corrupción, se pronunció públicamente contra la actual administración panameña.
“Mis abogados pedirán me operen en un hospital privado por problemas gástricos. Lo malo es que pareciera haber altos funcionarios del gobierno que no desean la misma se haga, para afectar mi salud y prefieren verme muerto. Por esto están dilatando en fallar mi caso judicial prefabricado políticamente”, publicó Martinelli el miércoles 29 de enero en su cuenta en X.
Y añadió: “Pensé que con este gobierno habría justicia, cuán lejos estoy de la realidad. ¡Qué lástima!”
Martinelli espera fallo tras aceptarle recurso en noviembre
El 1 de noviembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia de Panamá admitió una demanda de inconstitucionalidad sobre el fallo y la condena a Martinelli, una de las cuatro demandas que sus abogados han presentado en torno a su caso.
Según explicó el diario La Estrella de Panamá, de acuerdo con el procedimiento en estos casos, el expediente de la demanda pasará a manos del procurador de la Administración, Rigoberto González, para que emita su opinión.
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Salvoconducto es muy probable
A consideración del analista político panameño Edwin Cabrera, es muy posible que con la llegada de Padilla Leiva se aborde con seriedad el salvoconducto de Martinelli, algo que la administración de Mulino podría estar dispuesta a concederle, ya que, según Cabrera, el exmandatario se ha convertido en “la piedra en el zapato” para el ejecutivo panameño.
“Martinelli comienza a convertirse en un estorbo o una piedra en el zapato para el gobierno de Mulino. La respuesta del presidente Mulino me da a entender que hay toda la intención de discutir con la nueva embajadora el salvoconducto, para que se lo lleven a Nicaragua. Creo que es lo que puede pasar”, dijo Cabrera.
Fisuras cada vez más visibles
Pese a los intentos del exmandatario por ilustrar que todo marchaba en orden con Mulino, lo cierto es que desde diciembre de 2024 las fisuras entre ambos líderes del partido Realizando Metas son cada vez más evidentes.
El jueves 12 de diciembre, en una conferencia de prensa, Mulino confirmó que la Cancillería panameña llamó a la entonces embajadora de Nicaragua, Consuelo Sandoval, debido a las acciones de Martinelli en la embajada, señalando que se trató de “una primera advertencia” emitida por el Ejecutivo de Panamá.
“Yo le pedí al canciller que hiciera eso. Esa no es una decisión del canciller, lo pedí yo, para poner un poco de orden ahí, que cumplan con los convenios internacionales de asilo. Tan sencillo como eso. No transformemos ni esa ni ninguna embajada en un centro político ni de actividad político-partidista ni a favor ni en contra de nadie”, señaló Mulino.
“En mi opinión, esto se ha convertido más que en un tema legal, en algo político. Martinelli, como siente que no le resuelven sus problemas legales en la Corte, cada vez más le sube el cuestionamiento al gobierno de Mulino, que tiene temas fuertes que discutir y debatir, más con la arremetida de Donald Trump”, dijo Cabrera al respecto.
Casi un año alojado en la Embajada de Nicaragua
La justicia panameña condenó el 2 de febrero de 2024 a Martinelli a una pena de diez años y seis meses de prisión por lavado de activos, entre otros delitos, convirtiéndose en el primer expresidente de Panamá en recibir una condena de cárcel por este tipo de delitos en la historia democrática del país. Luego de esto, Martinelli se asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá el 7 de ese mismo mes.
Según informó el régimen Ortega-Murillo en febrero, la intención de Martinelli en ese momento era trasladarse a Nicaragua, ya que la vocera de la dictadura, Rosario Murillo, solicitó a las autoridades panameñas “brindar las seguridades para la pronta salida y traslado humanitario” de Martinelli hacia Nicaragua. Sin embargo, esto no fue posible debido a la negativa de la administración de Laurentino Cortizo.
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El 4 de marzo, el régimen Ortega-Murillo notificó a las autoridades panameñas que su consulado funcionaría en una casa contigua a su sede en la urbanización Alameda. El gobierno panameño respondió al comunicado asegurando que “no reconoce” el traslado, basándose en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, que estipula que un país no puede modificar la ubicación de su consulado sin el consentimiento del gobierno anfitrión.
El 19 de marzo, Nicaragua respondió afirmando que solo se trataba de una ampliación de sus instalaciones diplomáticas y consulares.
Las tensiones continuaron escalando. El 22 de abril, Panamá llamó a consultas a su embajador en Nicaragua “por la actitud permisiva” hacia Martinelli.
