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El hecho de que Estados Unidos haya negado el reasentamiento a ese país a 39 nicaragüenses —excarcelados y desterrados por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a Guatemala— no sólo plantea interrogantes sobre si ese país está validando o no los delitos comunes que el régimen les fabricó e imputó, o si obedece a un «error administrativo» ante el desconocimiento de la situación de Nicaragua por parte de los funcionarios que realizaron las entrevistas.
«Yo creo que, primero, es un error administrativo. Los oficiales de migración que enviaron para hacer los procesos de entrevistas no necesariamente conocían el tema Nicaragua, o muy probablemente son burócratas, que no tienen idea de Nicaragua, y que ellos simplemente siguen una línea», valoró Damaris Rostrán, de la organización Mesa de Trabajo de Nueva York y Nueva Jersey.
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Desde el 5 de septiembre de 2024, los nicaragüenses que fueron llevados a Guatemala empezaron el proceso para el Programa de Admisiones de Refugiados de EE. UU. (USRAP, por sus siglas en inglés), pasando por varias etapas, desde entrevistas con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), exámenes médicos y entrevistas con oficiales de migración de EE.UU.
LA PRENSA logró corroborar con los propios excarcelados políticos que de los 135 nicaragüenses 74 recibieron la aprobación del reasentamiento en EE.UU. la mayoría ha viajado y otros esperan viajar; asimismo a 39 les negaron el beneficio, nueve excarcelados decidieron quedarse en Guatemala, siete viajaron a Costa Rica y seis esperan respuestas de la solicitud.
Rostrán señaló que en segundo lugar, la situación que atraviesan cerca de 40 nicaragüenses, no sólo parece ser desconcertante para los afectados dado a que «creo que el mismo Acnur no estaba preparado o no visualizó qué podía pasar en este proceso y por eso es que sus recursos llegan hasta el 31 de enero».
Este Diario envió consultas a la Cancillería de Guatemala y a las oficinas de Acnur y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para conocer sus comentarios sobre la situación de los desterrados, sin embargo, hasta la publicación de esta nota no se obtuvieron respuestas.
¿EE. UU. avala los delitos fabricados por la dictadura?
Para Rostrán —quien forma parte de la diáspora organizada que se ha volcado a ayudar a los afectados— la denegación del beneficio a excarcelados no sólo es grave porque viola la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, sino porque la decisión sienta un precedente de lo podría ocurrir con parte de los 222 excarcelados políticos que fueron enviados a EE. UU. que aún no han sometido sus casos a asilo y que la dictadura les impuso condenas por delitos comunes.
«Hay que hacer mucho énfasis en que aquí no se está respetando la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 de Acnur, esto es clave porque tiene que ver con la decisión que se va a tomar en los casos de los 222 nicaragüenses, porque están imputados de delitos comunes fabricados por un sistema judicial corrupto, esto es gravísimo, que EE. UU. como gobierno, que sabe la situación de Nicaragua, esté avalando lo que dictó un sistema judicial corrupto», enfatizó Rostrán.
Es importante mencionar que aunque el caso de los 222 expresos enviados a EE. UU. y el de los 135 en Guatemala son similares, los procesos distan. Los nicaragüenses en Guatemala deben someterse al proceso del programa de la Oficina de Refugiados y Reasentados de EE. UU. para viajar a ese país como refugiado, y después de seis meses puede aplicar a la residencia permanente.
En el caso de los 222 excarcelados políticos, que si bien llegaron en vuelo directo a EE. UU., deben primero someter su caso de asilo político y posterior definir si es afirmativo o defensivo. «Debería de ser un asilo afirmativo en el caso de todos los 222, pero el proceso no va directamente a la parte administrativa, sino que tiene que pasar por el sistema de las Cortes de Migración», indicó Rostrán.
La integrante de la diáspora insiste en destacar que «se está afectando a toda una población que se está quedando fuera de su país porque simplemente no tenemos dónde regresar y aquí está en tela de juicio la aplicación de asilo de cualquier nicaragüense que demuestre que aún siendo apátrida todavía no va a tener dónde ir, hay niños y familias de por medio, que simplemente están siendo dejados en el limbo migratorio porque su padre o madre está acusado de un delito inventado por una dictadura y por eso es la preocupación, porque algunos de los 222 también fueron acusados de delitos comunes».
Rostrán comentó que sin lugar a duda crece el temor de que pase lo mismo con parte de los 222 expresos desterrados a EE. UU., que aún no han pasado la entrevista con el oficial de asilo. «Esto sienta un precedente para los 222 que están en territorio americano porque si está ocurriendo con los 135, aunque no queramos, hay jueces que tienen algún nivel de afinidad, aunque digamos, que al final el que decide es un ser humano y va a tener influencia de su entorno político, nos guste o no nos guste», expresó.
Desconocimiento de los funcionarios y problemas de traducción
La mayoría de negativa por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) se basaron en tres razones: inadmisibilidad, falta de credibilidad, citando inconsistencias en los testimonios durante la entrevista; y discreción, argumentando que los factores negativos superaron a los positivos.
Muriel Sáenz, representante acreditada de migración en Estados Unidos y quien trabaja para la organización Nicaragüenses en el Mundo Texas, Inc., calificó que las entrevistas a que las fueron sometidos los excarcelados y excarceladas políticas fueron «adversarias».
«Es posible que los oficiales que entrevistaron a los excarcelados no entendían el contexto de Nicaragua, que es muy injusto, porque estas personas fueron sacadas con secretismo de Nicaragua, que no dijeron ni quiénes eran y muchos menos permitieron que las organizaciones las contactásemos, y por eso los llevaron a un proceso migratorio adversario», compartió Sáenz.
La experta menciona lo anterior debido a que desde el día que se conoció la excarcelación de los nicaragüenses, ni el régimen, ni los funcionarios de EE. UU., mucho menos el Gobierno de Guatemala publicó la lista de las personas, causando incertidumbre a los familiares que desconocían si sus parientes habían sido excarcelados.
En ese sentido es importante mencionar que entre los casos denegados hay nicaragüenses a quienes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares. LA PRENSA conversó con nueve afectados, quienes en su mayoría apuntaron que las entrevistas se realizaron con oficiales que no hablaban español, ni la situación de cárcel que enfrentaron en el país y que la persona que traducía no entendía los términos políticos utilizado por los nicaragüenses.
«Esas entrevistas no son amigables, conozco casos de que las entrevistas duraron horas, tres personas diferentes haciendo las mismas preguntas, y estas personas estaban saliendo de la cárcel donde habían sido sometidos a interrogatorios diario, por meses o años, entonces, el resultado de esto es una terrible entrevista», denunció Sáenz.
La especialista también señaló que «Estados Unidos, migración, son extremos, y no quieren escuchar la realidad, por un lado dicen que Ortega es un criminal, y por el otro lado les niegan las oportunidades de una nueva vida a estas personas».
Por qué es importante someter los casos a revisión
Es importante aclarar que las personas a quienes se les denegó el reasentamiento en EE. UU. pueden optar por someter sus casos a revisión debido a que no existe la figura legal de apelación puesto a que no es la decisión de un juez.
Las cartas oficiales en las que se dieron a conocer las decisiones, en caso de denegación, establecen que tiene un período de 90 días a partir del día que fue notificado para someter su caso a revisión. «Uscis sólo aceptará una solicitud y debe ser recibida por el Centro de Soporte de Reasentamiento (RSC) dentro de los 90 días a partir de la fecha de aviso», indica la carta.
Rostrán contó que actualmente dicho trámite administrativo se está coordinando con la capacidad instalada que ha gestionado la diáspora por años y por ello, «tenemos dos grupos de abogados haciendo estos procesos, construimos los casos que se van a someter con la información que tienen las organizaciones de derechos humanos, posterior lo revisa el grupo legal quien contactaría a los afectados para definir cómo se va a presentar la solicitud de revisión».
Sáenz subrayó que es importante incluir dentro de la revisión de casos, documentos que comprueben que las personas «venían afectadas de un proceso de torturas psicológicas, de encarcelamiento, y sobre todo, documentos que comprueben que son inocentes de los cargos que le puso el régimen».
Rostrán destacó que la diáspora está en la búsqueda de reuniones con Acnur para que al menos extienda el programa de asistencia por los 90 días que dura el proceso. «Tenemos familias en el limbo legal, la otra parte humanitaria es que el programa de Acnur se termina el 31 de enero ¿Qué vamos a hacer con esas familias? Por eso es que estamos solicitando reuniones con Acnur para ver qué podemos hacer», refirió.
Separación familiar
Otras de las interrogantes que surgen en el proceso es el tema de la reunificación familiar, dado a que en algunos casos los titulares de la solicitud fueron denegados, pero sus familias recibieron la aprobación.
«Estados Unidos ha cometido separación familiar forzosa ahora, porque los hijos de alguno de ellos ya pueden ir a EE. UU., que es lo mejor para ellos, porque ahí tienen seguridad, pueden estudiar, trabajar, vivir sin ser asediados en Nicaragua, pero ahora su papá o su mamá no pueden reunirse con ellos, porque EE. UU., no les permite entrar. Separaron a la familia forzosamente, sacaron al preso de la cárcel, lo mandaron a Guatemala y ahora lo dejan parado ahí sin ninguna forma de ver a su familia», mencionó Sáenz.
Rostrán calificó lo que sucede en estos casos como algo «sin precedentes, porque si al que estuvo preso le decís que no, y a su familia sí», por lo que refleja la contradicción y se hace urgente la revisión de los casos.
«Yo creo que es importante que hagamos la revisión de los casos por el tema de regresarle la dignidad a los seres humanos que vienen de procesos duros y adversos de la cárcel, de juicios viciados y a procesos de deshumanización», apuntó Rostrán.
