Las excarceladas políticas Adela Espinoza Tercero, de 28 años, y Gabriela Morales, de 27, se sumaron al grupo de más de 30 excarcelados políticos a quienes Estados Unidos les negó el reasentamiento.
Espinoza fue detenida el 19 de agosto de 2023, en el contexto de la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA). Ella era líder universitaria en ese recinto del que se graduó como licenciada en Comunicación. Dos meses después, la joven fue acusada de difundir noticias falsas y socavar la integridad nacional, pero posteriormente fue acusada de posesión de marihuana.
“Desde el 5 de septiembre de 2024, antes de salir de Nicaragua, se nos explicó que veníamos para Guatemala y luego estando acá se nos dijo que aquí íbamos a estar solamente por un tiempo corto y que íbamos a hacer el proceso de reasentamiento en los Estados Unidos. Pero fue un aseguramiento, absolutamente nadie sabía que iba a ser un proceso de depuración”, contó Espinoza a LA PRENSA.
En noviembre de 2023, Espinoza fue declarada culpable de tráfico de drogas y no culpable de difundir noticias falsas y menoscabar la integridad nacional. La joven madre de dos menores de edad, estando en Guatemala, resiente todo lo que ha vivido, contrario a lo que les habían asegurado en septiembre de 2024 cuando fueron llevados a ese país después que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo los desterró de Nicaragua.
Gabriela Morales, quien fue detenida el mismo día que Espinoza por expresar su rechazo a la confiscación a la UCA, también fue acusada de los mismos delitos, pero finalmente fue condenada por tráfico de drogas.
LA PRENSA envió consultas a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala y al Departamento Nacional de Seguridad (DHS) de Estados Unidos sobre la situación de las personas excarceladas a quienes les rechazaron las solicitudes, sin embargo hasta la publicación de este trabajo no se obtuvo respuesta.
“Todos pensamos que esto solamente era un momento”
Espinoza contó a LA PRENSA que una vez que llegaron a Guatemala, país al que agradece la acogida después que la dictadura no sólo los desterró sino despojó de su nacionalidad, “todos pensamos que esto solamente era un momento”.
Las entrevistas a las que asistieron como parte del proceso de reasentamiento en los EE. UU., Espinoza las describe como “bastante estresantes”, ya que afirma que suelen ser “demasiado revictimizantes, tenés que repetir la misma historia, todo absolutamente lo que pasó, no solamente desde tu arresto, sino años antes”.
En su caso contó que en el proceso fueron incluidos sus hijos, quienes llegaron a Guatemala el 1 de octubre. Sobre ellos les hicieron preguntas como si habían pertenecido a algún grupo delincuencial o político. “Entiendo que son preguntas de rigurosidad por el proceso, pero en cierto momento suele ser hasta humillante, revictimizante, por lo tanto, la gente terminaba cansada. Yo soy una de ellas, yo no quería saber absolutamente nada más allá de estar contando lo mismo a cada momento”, compartió.
La última entrevista que tuvo Espinoza fue en octubre de 2024; en diciembre empezaron a conocerse casos de excarcelados y excarceladas políticas con trayectoria opositora a quienes se les estaba negando su solicitud, lo que metió en tensión a la joven.
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“Me tenía bastante tensa que no me hubieran dado absolutamente ningún tipo de respuesta en los últimos meses del año pasado y que ahora, estando en enero, vengan y de repente solamente me digan pues no, además por una causal que realmente no me parece en lo absoluto”, afirmó Espinoza.
Inadmisibilidad por infractores a leyes de sustancias controladas
Espinoza recibió este 8 de enero por medio de una carta oficial la resolución de su caso firmada por Kevin Grigsby, jefe de operaciones de refugiados del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), donde expone dos razones por las que se le negó el reasentamiento y el permiso de permanencia temporal, conocido como parole, a ella y a sus hijos.
En principio EE. UU. alega “admisibilidad”, subrayando el causal de Infractores de las Leyes de Sustancias Controladas como razón de inadmisibilidad según sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).
Como segunda razón se destaca la “discreción” y la decisión refiere que “después de revisar toda la información relativa a su caso, incluido su testimonio, documentación de apoyo, verificaciones de antecedentes, condiciones del país y otra información disponible, los factores negativos superan a los positivos en su caso y por lo tanto, su solicitud de reasentamiento ha sido denegada como cuestión de discreción”.
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Agrega que no hay apelación para la denegación de una solicitud de estatus de refugiado. Sin embargo, la Uscis puede ejercer su discreción para revisar un caso si se recibe una solicitud de revisión oportuna de parte del solicitante principal.
Espinoza siente que con el motivo que EE. UU. justifica la denegación del reasentamiento “están ratificando esa acusación que me impuso el régimen, es como respaldarlo, porque si es por droga para qué nos sacaron de la cárcel y de Nicaragua”.
Sobre la segunda razón, la joven madre refirió que “dicen que no se logró probar de que realmente yo corría algún peligro en mi país, siendo yo una perseguida política desde que empezó el estallido, teniendo apenas (en ese momento) 21 años, y con tantas pruebas que tenía, no se logró probar. Sin nacionalidad, sin nada y si no corro peligro en mi país, y no me persiguen, ¿por qué me sacaste de mi país? Es todo contradictorio, es todo tan ilógico”.
Espinoza se siente frustrada por todo lo que le ha tocado vivir aún en libertad y en otro país ajeno al suyo, sumado a la notificación de la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de que hasta el 31 de enero podrían seguir en el hotel y recibir la ayuda económica.
“Se nos dijo a todos, ‘pueden traer a sus familias, pueden venir sus familias aquí, sus familias entran en el proceso’ porque se estaba dando la seguridad de que todos nos íbamos en algún momento. Y ahora, personas trajeron a sus familias y se les están dando negativas junto con sus familias. Hay menores de edad y básicamente se está dejando en la nada a estas personas, se está dejando así, sin ningún tipo de respuesta a todos los que estamos siendo denegados”, expresó Espinoza.
La joven excarcelada afirma que viven en un limbo sin saber qué hacer ni a dónde ir, dado a que no cuentan con ningún estatus migratorio en Guatemala. “Piden un sinnúmero de requisitos para rentar un apartamento, no tenemos ni permisos de trabajo para trabajar, no sabemos dónde vamos a vivir y si aplicamos a revisión del caso o hacer otra gestión de refugio o reasentamiento en otro país, va a tardar un tiempo, va a tomar un tiempo, y en ese tiempo pues no se sabe qué va a pasar con nosotros”, afirmó.
“Me siento decepcionada”
Gabriela Morales, de 27 años, se encuentra en Guatemala sola. Ella optó por no llevar a ningún familiar a ese país, una decisión que hoy agradece dado a la situación que enfrenta. “Es un proceso que se ha vuelto muy lento y tedioso, no sé cuál es el parámetro que tienen para saber quién es aceptable o no en los EE. UU. algo que nunca nos comentaron, porque nos aseguraron que íbamos a viajar”, apuntó la joven.
La excarcelada política recibió este 9 de enero, después de pasar cinco etapas del proceso que inició el 5 de septiembre de 2024, su carta con resultado negativo. “Estuve muy temprano en las oficinas de OIM, me dijeron que no era creíble mi situación, a lo que yo expresé mi inconformidad. Cómo es posible que me sacaran del país y no me creen, a pesar de que viví el encarcelamiento injusto”, mencionó.
La razón que alega EE. UU., según la carta oficial, es “credibilidad” en la que indica que “después de una cuidadosa consideración de la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes (incluidas las pruebas y el testimonio proporcionado en su entrevista de estatus de refugiado), no encontramos creíble su testimonio”.
Enseguida se expone que existen inquietudes de credibilidad no resueltas que están presentes en el expediente del caso de Morales, donde destaca la palabra “inconsistencias”.
Morales expresó su inconformidad por la respuesta que recibió. “Yo les expresé que estoy viviendo una injusticia, no sólo en mi caso, sino en otros donde hay niños y familias, la última entrevista que tuve fue en octubre del año, en esas entrevistas nos dijeron que trajéramos a nuestras familias para hacer el trámite de reunificación familiar, y ahora cómo me vienen a decir que no hay credibilidad. Me causa mucha indignación, me siento decepcionada, no es justo, les encaré por qué nos ilusionaron”, refirió.
La excarcelada política someterá su caso a revisión y a su vez busca explorar otras opciones que le permitan trasladarse a otro país de manera legal. “Espero que tanto la OIM y Acnur no nos dejen solas, porque es un derecho que nosotros tenemos durante todo este proceso. Yo no elegí estar en Guatemala, tampoco estar presa, siento que no me merecí todo lo que pasé, pero estoy aquí y quiero salir adelante”, subrayó.
