El pastor César Facundo Burgalín Miranda, de 54 años, originario de Bluefields e integrante del Ministerio Puerta de la Montaña (Mountain Gateway, en inglés), aún recuerda con nostalgia el día que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo lo excarceló y desterró a Guatemala junto con 134 nicaragüenses. “Al subir a la gravedad del avión, al amanecer de ese 5 de septiembre, yo solo volví a ver para atrás pensando en que era libre, pero que dejé mi tierra, mi patria, mi familia y todo”, dice.
Desde el primer día que estuvo en suelo guatemalteco, Burgalín empezó su proceso de reasentamiento como persona refugiada en Estados Unidos. Primero buscó llevar a su familia a Guatemala para que fueran incluidos en el proceso, en total son nueve: él como titular de la solicitud y los ocho integrantes de su familia, dado a que la meta era “viajar todos a EE. UU., como familia”.
No obstante, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés) le negó a él y a su esposa la solicitud y el permiso de permanencia temporal, conocido como parole, y sólo la aprobó para sus dos hijos, sus dos nueras y tres nietos, quienes ya tienen fecha de viaje el 16 de enero próximo.
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“El 20 de diciembre del año pasado ya nos llamaron para notificarnos y darnos la respuesta que mis hijos van para Estados Unidos, pero mi esposa y yo no podemos ingresar, no fuimos calificados para ser reasentados en los EE. UU.”, contó Burgalín a este Diario, pese a que él era el titular de la solicitud para moverse con toda su familia.
El caso del pastor nicaragüense no es el único de los 135 presos políticos desterrados en Guatemala, LA PRENSA tiene conocimiento de al menos 27 personas excarceladas políticas a quienes se les ha negado el reasentamiento en Estados Unidos. Este miércoles 8 de enero, de seis personas, cinco recibieron la carta de rechazo y sólo una recibió el aprobado.
Además de Burgalín, este Diario conversó con Alba Paola Martínez Lira y Harvin Manuel Calero Rivas, a quienes también se les negó el reasentamiento en Estados Unidos.
Dicho programa fue ofrecido por EE. UU. horas después de que los nicaragüenses habían sido desterrados. La Cancillería de Guatemala, en ese momento, informó que los excarcelados tenían 90 días para regular su situación migratoria.
Inconsistencias, alegó EE. UU.
Burgalín fue encarcelado en diciembre de 2023 por oficiales de la Policía orteguista cuando se encontraba en el poblado de Alamikamba, Prinzapolka, Caribe Norte. En total fueron detenidos 11 integrantes del Ministerio Puerta de la Montaña y dos abogadas. El 19 de marzo de 2024, el Tribunal Penal del Quinto Distrito condenó a César Burgalín y a los otros nueve miembros a 12 años de prisión y a pagar una multa de 80 millones de dólares.
Un breve perfil publicado en el sitio web de la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional describe que Burgalín fue detenido “por su afiliación religiosa y su papel de liderazgo religioso”.
“Nuestro encarcelamiento fue una cuestión de temor y miedo que tenía el Gobierno de Nicaragua, porque el Ministerio Puerta de la Montaña estaba reuniendo y aglutinando grandes cantidades de personas en diferentes plazas de los departamentos, incluso en Managua, para actividades meramente religiosas”, sostiene Burgalín.
El pastor tuvo una entrevista con un oficial de Migración de Estados Unidos en Guatemala en diciembre y ante la falta del dominio del idioma inglés requirió la ayuda de una traductora. Posterior a eso, el 20 de diciembre recibió la resolución de su caso firmado por Kevin Grigsby, jefe de operaciones de refugiados de Uscis, donde expone las tres razones del rechazo de su solicitud.
La primera razón para negar el reasentamiento a Burgalín y a su esposa se basó en la “admisibilidad” en la que indica que “no demostró que es admisible en los Estados Unidos de conformidad con los siguientes motivos de inadmisibilidad de la sección 212(a) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA)” y menciona particularmente el acápite de “actividades terroristas”.
El documento oficial señala que “no hay una exención disponible para los motivos de inadmisibilidad citados anteriormente”.
La segunda razón tiene que ver con la “credibilidad” e indica que “después de una cuidadosa consideración de la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes (incluidas las pruebas y el testimonio proporcionado en su entrevista de estatus de refugiado), se determinó que su testimonio no era creíble”.
Enseguida en la carta se expone que existen inquietudes de credibilidad no resueltas que están presentes en el expediente del caso de Burgalín. Destaca “inconsistencias” y menciona que teniendo en cuenta la totalidad de las circunstancias y todos los factores relevantes, su testimonio no es creíble.
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“Como tal, no se puede confiar en parte o en la totalidad de su testimonio para establecer que cumple con los requisitos de elegibilidad”, alegó EE. UU.
En la tercera razón se subraya “discreción” y la decisión refiere que “después de revisar toda la información relativa a su caso, incluido su testimonio, documentación de apoyo, verificaciones de antecedentes, condiciones del país y otra información disponible, los factores negativos superan a los positivos en su caso y por lo tanto, su solicitud de reasentamiento ha sido denegada como cuestión de discreción”.
Agrega que no hay apelación para la denegación de una solicitud de estatus de refugiado. Sin embargo, la Uscis puede ejercer su discreción para revisar un caso si se recibe una solicitud de revisión oportuna de parte del solicitante principal.
Pueden someter su solicitud a revisión
Para que Burgalín pueda solicitar la revisión del caso tiene un período de 90 días a partir del día que fue notificado. “Uscis sólo aceptará una solicitud y debe ser recibida por el Centro de Soporte de Reasentamiento (RSC) dentro de los 90 días a partir de la fecha de aviso”, indica la carta.
Entre lo que debe incluir la solicitud, especifica Uscis, está un relato detallado que explique cómo el funcionario adjudicador cometió un error significativo; o nueva información que merecería un cambio en la determinación y debe incluir una copia de su Aviso de Inelegibilidad con la solicitud de revisión.
El pastor nicaragüense contó a LA PRENSA que el día de la entrevista con el funcionario de migración hubo problemas de interpretación por parte de la traductora. “Yo dije una cosa y la persona que traducía decía otra. Yo creo y sostengo que esa falta de comunicación correcta produjo malas interpretaciones de la información que yo estaba brindando durante la entrevista”, afirmó.
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Burgalín se dio cuenta de la malas interpretaciones dado a que había una retroalimentación. “Me decían usted acaba de decir esto y lo otro, yo decía que no y en ese momento me sentí incómodo, me cambié de posición en el mismo asiento y pedí que se cambiara la persona que traducía, pero no fue posible”, comentó.
Tras la decisión desfavorable, el pastor se prepara para solicitar la revisión de su caso. “Estoy en ese periodo porque siete miembros de mi familia se van para EE. UU. el 16 de enero y aquí en Guatemala quedamos solamente mi esposa y yo, y la idea era estar en familia allá”, contó.
El excarcelado compartió que siempre han mantenido comunicación con el presidente del Ministerio Puerta de la Montaña, John Britton Hancock, quien también le contrató dos abogados para que lleven su caso.
Hay personas que no han obtenido respuestas
De los integrantes del Ministerio sólo cinco han logrado el reasentamiento en Estados Unidos, mientras que otros cinco aún no han obtenido respuestas de sus solicitudes y en el caso de Burgalín que fue rechazado.
“El resto que aún no ha obtenido respuesta está en la posibilidad de recibir la autorización”, apuntó Burgalín.
Una vez que la persona obtiene la fecha de viaje, según el pastor, dos días antes pasan por revisión médica y talleres de recomendaciones. “Yo espero que la respuesta sea positiva, y si no yo voy a agendar una cita en la Embajada de España”, dijo.
El Gobierno de España informó un mes después que los 135 nicaragüenses excarcelados y desterrados a Guatemala podían optar por la nacionalidad española, tal como lo han hecho otros nicaragüenses despojados de su nacionalidad por el régimen orteguista.
Sobre cómo se encuentra en Guatemala, Burgalín apunta que aunque no le ha faltado nada, siente la necesidad de trabajar. “Yo tengo más de un año sin trabajar, de no recibir un centavo por mi trabajo, estoy viviendo de los programas, de la misericordia de la gente y eso no es tan psicológicamente bien aceptado. Tengo una esposa también a quien darle de comer y yo estuve comiendo aquí con la ayuda que me dio el Ministerio Puerta a la Montaña, lo que dan para uno comemos nueve”, concluyó.
“No sabemos qué hacer”
Alba Paola Martínez Lira, de 34 años, originaria de La Trinidad, Estelí, fue capturada el 11 de octubre del 2023, es madre de dos hijos: una niña de 15 años que vive fuera de Nicaragua y el niño de 10 años que se encuentra en Nicaragua. Estuvo detenida en la Cárcel de Mujeres La Esperanza hasta que fue desterrada.
La excarcelada contó que tuvo su entrevista con el oficial de Migración en octubre del año pasado y recibió su carta el 20 de diciembre. “Me rechazaron, me dijeron que yo no presenté mi testimonio y en el papel dice que es falta de credibilidad, yo estuve como autoconvocada en Estelí, les daba comida a los muchachos y después me quedé protestando en redes”, afirmó.
En su caso la carta que le llegó alega “discreción” y alegan lo mismo que en el caso de Burgalín.
Otro caso de negación es el de Harvin Manuel Calero Rivera, originario de Jinotega, y de 31 años. Fue detenido el 22 de noviembre de 2023 después de haber publicado en Tik Tok un video donde él ridiculizaba a una presentadora de un medio oficialista que se burlaba de la Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios. Lo acusaron y condenaron bajo la Ley de Ciberdelitos.
La notificación oficial de su caso de reasentamiento en EE. UU. también la recibió el pasado 20 de diciembre, donde EE. UU. alega “admisibilidad” subrayando el causal de Infractores de las Leyes de Sustancias Controladas como razón de inadmisibilidad según sección 212 (INA).
“El día de la entrevista, como me hicieron levantar la mano jurando decir toda la verdad, me preguntaron si yo consumía sustancias, como soy sincero dije que ‘sí’ desde los 14 a los 22 años, pero después ya no”, comentó. La otra razón que alega EE. UU. es “discreción” al igual que el caso de Burgalín.
Tras recibir la noticia, contó el joven, “me sentí triste porque mi pensar era ir a trabajar, sacar adelante a mi familia, incluso yo iba para donde mi hermana que me estaba esperando allá en EE. UU.”. Calero logró que su pareja llegara a Guatemala, pero el caso de reasentamiento de ella está siendo llevado aparte y aún no le han dado respuesta.
Plazo hasta el 31 de enero
Las personas excarceladas políticas que aún se encuentran en Guatemala afirman no saber qué hacer ahora que la Agencia de la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) les notificó que hasta el 31 de enero podrían seguir en el hotel y recibir la ayuda económica.
“Acnur ya nos dijo que no nos va a poder ayudar, o sea que todos nuestros hoteles estarán pagados hasta el 31 de enero, ya no nos van a poder ellos ayudar económicamente, entonces no sabemos qué hacer, la verdad”, dijo por su parte Martínez Lira.