Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
En una maratónica jornada en la que participaron representantes de seis agencias federales, la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) escuchó en audiencia pública una veintena de testimonios de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, laborales y al Estado de derecho, cometidas por el régimen Ortega Murillo en Nicaragua. A criterio de los asistentes, la declaración del abogado de la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC, cuya inversión fue destruida por paramilitares, demostró que la represión afecta por igual a nacionales y extranjeros.
A partir de hoy y hasta el jueves 23 de enero el expediente de la investigación estará abierto para refutar o ampliar comentarios posteriores a la audiencia. Luego, con los 148 testimonios escritos y 19 orales que recibió, el equipo de especialistas deliberará para después preparar un informe sobre los resultados de la investigación que abrió el 10 de diciembre sustentado en la sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
A partir del informe que presente el panel de investigadores, las nuevas autoridades de la administración de Donald Trump, que regresa a la Casa Blanca el 20 de enero, determinarán si el acaso amerita la aplicación de algún tipo de sanción, para frenar el daño que la política represiva de los Ortega Murillo le está provocando a la relación comercial con Estados Unidos, que es el principal mercado para las exportaciones nicaragüenses y principal origen de la Inversión Extranjera Directa (IED).
Algunos sectores temen que el resultado de esta investigación imponga restricciones a los beneficios que otorga el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos conocido como DR-Cafta,
Lea además: Nicaragua puede quedar fuera del Cafta por investigación que abrió Estados Unidos
Investigación puede provocar castigos
Ahora resta esperar el resultado de esta investigación que abrió la USTR el 10 de diciembre para investigar las violaciones a los derechos laborales y humanos, y el desmantelamiento del Estado de derecho que puede afectar el comercio estadounidense. «El resultado puede tomar varios meses, sobre todo tomando en cuenta el cambio de autoridades la próxima semana, entonces esperaría el resultado de esta investigación hasta la segunda mitad de este año», dice el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro.
La Ley de Comercio establece para estos casos que si el Representante Comercial de los Estados Unidos determina que se están negando los derechos de ese país en virtud de cualquier acuerdo comercial; o que un país extranjero viola, es incompatible con las disposiciones, niega beneficios, grava o restringe el comercio de los Estados Unidos en virtud de cualquier acuerdo comercial, el Representante Comercial tomará las medidas autorizadas en la Ley de Comercio de 1974, «sujetas a la instrucción específica, si la hubiere, del Presidente» y «tomará todas las demás medidas apropiadas y factibles que el Presidente pueda ordenarle…, para hacer cumplir dichos derechos o para obtener la eliminación de dicho acto, política o práctica».
Las medidas que se pueden imponer, según Chamorro, incluyen sanciones pecuniarias, multas, aranceles a productos o sectores específicos y la suspensión de algunos privilegios al comercio, entre otros; y el artículo 301 en el que se sustenta la investigación, otorga discrecionalidad al secretario de comercio para imponerlas y esto hace que sea más fácil de imponerlas.
Lea además: DR-Cafta entre Centroamérica y EE. UU. entró en nueva etapa este 2025, en medio de amenazas para Nicaragua
Ortega no tuvo defensores en la audiencia
Aunque en el periodo de recepción de comentarios la USTR recibió 148 testimonios escritos, solo 19 de los denunciantes solicitaron participar en la audiencia pública. Entre los participantes de la audiencia ninguno defendió al régimen, como lo hicieron varias organizaciones y empresas estadounidenses del sector arrocero y textil, que en sus testimonios escritos pidieron no afectar el DR-Cafta porque eso afectaría sus negocios.
Chamorro es parte del directorio político de la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), pero presentó su testimonio a titulo personal. Sin embargo, dice que le pidieron ahondar sobre el trabajo que hacían las organizaciones empresariales, el impacto que ha provocado la eliminación de su personería jurídica y la desprotección en que quedaron los empresarios con estos cierres.
Durante la presentación de los testimonios los funcionarios de seis agencias federales que participaron en la audiencia en representación de los Departamentos de Estado, Comercio, Agricultura, Trabajo, del Tesoro y de la USTR, se tomaron el tiempo necesario para realizar preguntas y pedir detalles que ahondarán en las denuncias.
Riverside espera sentar precedente
Para Chamorro uno de los testimonios más contundentes fue el del abogado de la empresa estadounidense Riverside Coffee LLC. Esta empresa está esperando la resolución de una demanda que, invocando el Cafta, introdujo contra Nicaragua en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, para exigir una indemnización de entre 200 millones y 700 millones de dólares, por los daños que un grupo de paramilitares vinculados al diputado oficialista Edwin Castro realizaron al invadir y saquear la inversión que tenían en la Hacienda Santa Fe, ubicada en Jinotega.
Los funcionarios que integraban el panel que dirigió la audiencia se habrían sorprendido al escuchar los detalles de lo que ocurrió en la Hacienda Santa Fe y de los procesos legales que la empresa ha emprendido para recuperar su inversión, mientras la hacienda permanece intervenida por el Estado nicaragüense.
«Hubo testimonios bastante contundentes, pero en particular el del abogado de Riverside estuvo muy bien, porque él es estadounidense y que un estadounidense diga que nunca había visto tal nivel de descaro mintiendo en las exposiciones de los procesos legales que llevan, dejó impresionados a los miembros del panel… Él dijo que tienen varios procesos legales abiertos, el del Cafta en el Ciadi y otro», dice Chamorro.
Investigación puede concluir en el segundo semestre
La importancia de este testimonio radica en que le retrató a los funcionarios del panel la relación que ellos quieren demostrar, entre la aniquilación del Estado de Derecho y la violación de los derechos humanos con las políticas de represión. Relación que a criterio de Chamorro quedó diáfanamente clara con los testimonios y con el de Riverside se amarró el argumento de que aplican el mismo patrón represivo a nicaragüenses y extranjeros. «Dijo el abogado de Riverside que esto puede sentar un precedente y establecer jurisprudencia, entonces después del primer caso pueden aparecer otros», explica.
Por su parte, Rosalía Miller, en representación de la CDN, presentó un informe detallado de las violaciones a los derechos individuales, laborales, comerciales y otros. «La cancelación arbitraria de organizaciones empresariales y el hostigamiento a empleadores y trabajadores contravienen los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», además, «los recientes decretos que priorizan las compras estatales de productos chinos violan las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y varios acuerdos comerciales incluyendo el Cafta», detalló Miller.
Durante la siguiente semana el proceso recibirá replico y/o ampliación de los cometarios presentados. Posteriormente empezará la etapa de deliberación y luego la preparación del informe final. «Eso tomará varios meses, esperaría que el resultado de esta investigación esté listo hasta en la segunda mitad del año, ya que la transición a la nueva administración alargará el proceso», manifestó Chamorro.
