Más de una docena de denuncias fueron presentadas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo durante el periodo de recibimiento de comentarios en el marco de una investigación que Estados Unidos abrió en diciembre pasado bajo la sección 301 de la Ley de Comercio de ese país, que permite investigar “prácticas extranjeras injustas que afectan el comercio estadounidense”.
Por casi un mes, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), dirigida por la funcionaria estadounidense Katherine Tai, recibió en su sitio web comentarios sobre la investigación, donde aparecen denuncias en contra de las prácticas del régimen, así como algunas empresas, especialmente de zona franca, que defienden sus operaciones en Nicaragua y su relación comercial y laboral con la dictadura.
Sin embargo, pese a que la gran mayoría de las empresas textiles que optaron por participar en el proceso de consulta defendieron su relación con la dictadura, el mayor proveedor de textiles de Estados Unidos decidió romper el silencio.
Se trata de Milliken & Company, que en su misiva dirigida a Tai se describe como el mayor fabricante nacional de textiles de los Estados Unidos. “Fabricamos telas de alto rendimiento y altamente técnicas para una variedad de usos finales, que incluyen ropa de trabajo, automóviles y ropa militar para el Departamento de Defensa de los EE. UU.”, explica.
Acciones que perjudican a las empresas
En la misma explica que como fabricantes venden sus telas a clientes que las cortan y cosen para hacer prendas u otros productos textiles terminados, así como otros bienes.
Y aunque aclaró que como empresa no tienen instalaciones en Nicaragua ni en ningún país que sea parte del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), Milliken aplaudió el proceso de investigación porque aseguró que compartía las “preocupaciones sobre las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con los derechos laborales, los derechos humanos y el Estado de derecho”.
“Estas acciones están perjudicando a las empresas y a los trabajadores estadounidenses, quienes, como nosotros, han perdido millones de dólares en negocios a manos de empresas con sede en Nicaragua que, según creemos, operan en violación del Estado de derecho. La pérdida de este negocio ha perjudicado a nuestros asociados, a nuestros proveedores y a nuestra empresa”, explica en su carta.
Lea además: Crecen los temores en la industria textil ante riesgo de expulsión de Nicaragua del Cafta
Industria textil debe ser parte de la solución
La textilera consideró que era necesario incluir a la industria textil y de la confección en cualquier solución que considere durante el proceso de investigación debido a que:
El Gobierno de Nicaragua ha dado una gran bienvenida a las inversiones de empresas con sede en China en el país, incluso mediante la firma de un Tratado de Libre Comercio con China y el envío de una delegación a la Exposición Internacional de Importaciones de China. En la Expo, el jefe de la delegación nicaragüense (Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente y vicepresidenta) afirmó: “Estamos bajo la guía de nuestro presidente para facilitar todo lo que podamos hacer por las empresas chinas”.
A criterio de la textilera estadounidense, esa declaración de Ortega Murillo “demuestra claramente que las empresas de propiedad china y con inversiones chinas en Nicaragua están operando tanto a instancias como con el respaldo de las autoridades nicaragüenses. Con base en nuestro análisis de los márgenes y los costos de las materias primas, sospechamos que muchas de estas empresas están operando deliberadamente con pérdidas para dañar deliberadamente a la industria estadounidense, eliminando así la competencia de las empresas estadounidenses”.
Detectan cargamentos
Indicó que “al menos una empresa textil de propiedad china (que opera en Nicaragua) ha cometido abusos de los derechos humanos y laborales reconocidos internacionalmente. El informe Laundering Cotton (Lavado de Algodón), de la Universidad Sheffield Hallem en el Reino Unido, vinculó a esta empresa textil de propiedad china en Nicaragua con el uso de algodón de Xinjiang, una zona de China que Estados Unidos ha censurado por su programa de transferencia de mano de obra patrocinado por el Estado. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino también expresó su preocupación por los productos fabricados con trabajo forzado que ingresan al mercado estadounidense a través de Nicaragua, en una carta el año pasado”.
En concreto, la carta del Comité citaba cómo en 2023 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos detuvo seis envíos de Nicaragua porque dieron positivo en las pruebas de algodón de Xinjiang, detalló.
Por tal razón, la textilera acusó al gobierno nicaragüense de facilitar el transbordo de productos hacia Estados Unidos mediante el DR-Cafta “permitiendo que bienes que no cumplen con los estándares de calificación del tratado de libre comercio reciban la preferencia libre de impuestos en el mercado estadounidense en violación de la ley”.
“Nuestra industria compartió estas preocupaciones con CBP durante el año pasado y si bien sabemos que los Equipos de Verificación de Productos Textiles (TPVT) de CBP han inspeccionado las instalaciones en Nicaragua este año, aún no han podido compartir los resultados de esos resultados con el público. Permitir que los bienes fabricados con mano de obra forzada china ingresen al mercado del Cafta-DR libres de impuestos reduce los precios, daña la competencia y, en última instancia, diezma las industrias estadounidenses”, indicó.
Millonarias pérdidas
Ese esquema facilitado por Ortega, de que permite el envío de productos que usan materia prima de China que no cumplen con los estándares de derechos humanos y laborales contemplados en el DR-Cafta, habría ocasionado solo a Milliken una pérdida de 50 millones de dólares en ventas, o aproximadamente 61 millones de yardas cuadradas de tela en los últimos dos años.
“Esta pérdida de negocio, sumada a fuertes vientos macroeconómicos en contra en la industria textil, ha significado una disminución del 29 por ciento en nuestros volúmenes de prendas de vestir, una reducción del 15 por ciento en nuestra fuerza laboral textil y el cierre de tres plantas, todo ello en los últimos dos años”, precisó la textilera.
Cabe mencionar que Nicaragua dirige casi el 90 por ciento de sus exportaciones de prendas de vestir hacia Estados Unidos y las inversiones chinas están protegidas desde hace dos años cuando Ortega decidió romper con Taiwán y aliarse con Pekín, que de entrada puso en marcha un acuerdo comercial preliminar conocido como Cosecha Temprana y luego el Tratado de Libre Comercio, que en enero cumplió un año de vigencia.
En el contexto de la queja de la empresa estadounidense, esta dijo que ha “identificado más de 90 millones de dólares en negocios que creemos que están en riesgo en los próximos años si las empresas de propiedad extranjera en Nicaragua continúan violando el espíritu de nuestros acuerdos de libre comercio. Esta mayor pérdida de negocios probablemente equivaldrá a más cierres de plantas y reducciones de empleo en nuestras operaciones en Estados Unidos. Nuestra competitividad y capacidad para dar servicio a otras partes de nuestra cartera de prendas de vestir, incluido nuestro suministro de telas militares para el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se verán significativamente dañadas”.
Existencia de la empresa está en riesgo
A criterio de Milliken tal es la situación que hasta la existencia de la misma empresa está en riesgo. “El volumen de negocios militares no es suficiente para que ninguna empresa textil sobreviva hoy en día. Podemos ofrecer un precio justo para los militares y al mismo tiempo entregar telas de la más alta calidad porque podemos lograr una producción eficiente con un volumen adicional de negocios no militares. A medida que perdamos un volumen sustancial a manos de productores extranjeros en Nicaragua, lucharemos para poder mantener esas eficiencias”.
A criterio de Milliken un remedio para resolver la situación sería “considerar imponer aranceles a las importaciones nicaragüenses a los EE. UU., específicamente a los productos textiles y de indumentaria. Alentamos al presidente a imponer sanciones públicas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA) a las empresas en Nicaragua que se sabe que utilizan trabajo forzoso o que se sospecha que tienen productos con trabajo forzoso chino en su cadena de suministro. El libre comercio sólo es verdaderamente libre si es justo”.
“En nuestra opinión, la falta de control aduanero de Nicaragua y el flagrante desprecio del régimen de Ortega por los derechos humanos hacen que el comercio desde Nicaragua sea injusto. Esperamos que la Administración ejerza su capacidad para proteger a las industrias y a los trabajadores estadounidenses contra estas prácticas comerciales injustas”, puntualizó.
Milliken tiene su sede en Spartanburg, Carolina del Sur. Operamos principalmente en 13 estados de la costa este y emplea a más de 6,000 personas en ese país. La queja fue presentada por Allen Jacoby, presidente de Milliken Textiles.