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El Gobierno de Estados Unidos sancionó a 20 funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, al incluirlos en la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos, conocida como «Lista Engel», que los declara personas inadmisibles en EE.UU.
Los sancionados son del Consejo Nacional de Universidades (CNU), del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) y autoridades de universidades públicas que fueron montadas en recintos confiscados a universidades privadas como parte del ataque a la autonomía universitaria.
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De acuerdo con el comunicado, el informe de la Sección 353 de 2024 publicado en el Registro Federal, identifica a personas que deliberadamente han socavado procesos o instituciones democráticas, están involucradas en corrupción significativa u obstruido investigaciones sobre tales actos de corrupción en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
«Este informe incluye a personas que se ha determinado que han participado en la actividad pertinente sobre la base de información creíble o acusaciones de la conducta en cuestión, provenientes de informes de los medios de comunicación y otras fuentes», indica el comunicado.
Los sancionados son:
- – Almarina Oliveira Solís Santos, vicepresidenta del CNU.
- – Roberto Enrique Flores Díaz, secretario del CNU.
- – Jaime López Lowery, secretario Técnico del CNU.
- – Isaías Hernández Sánchez, director de Planificación y Desarrollo del CNU.
- – Mario José Caldera Alfaro, vicepresidente del CNEA.
- – Nivea del Socorro González Rojas, exmiembro de la junta directiva del CNEA.
- – Francisco Martín Jácamo Ramírez, exmiembro de la junta directiva del CNEA.
- – Luz Marina Ortiz Narváez, vicerrectora de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
- – Moisés Ignacio Palacios, secretario general de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo.
- – Lilliam de Jesús Lezama Gaitán, rectora de la Universidad Politécnica Nacional.
- – Henry Antonio Balmaceda Zamora, vicerrector de la Universidad Politécnica Nacional.
- – María Alejandra Martínez Guadamuz, secretaria general de la Universidad Politécnica Nacional.
- – Johana Elena Tórrez Mendoza, rectora de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
- – José Ramón Velásquez Hernández, vicedirector de la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés.
- – Juan Carlos Benavides Fuentes, rector de la Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza.
- – Noemí del Carmen Obregón, vicerrectora Universidad Francisco Luis Espinoza.
- – Jose Elías Álvarez, secretario general Universidad Francisco Luis Espinoza.
- – Flor de María Pérez Vélez, rectora Universidad Padre Gaspar García Laviana.
- – Javier Guillermo Hernández Munguía, vicerrector Universidad Padre Gaspar Garcia Laviana.
- – Claudia Patricia Jovel Castillo, secretaria general de la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana.
La Universidad Casimiro Sotelo fue inaugurada en agosto de 2023 después de que la dictadura confiscó las instalaciones a la Universidad Centroamericana (UCA), con más de 60 años en Nicaragua y perteneciente a la Compañía de Jesús. Mientras que la Universidad Politécnica Nacional (UPN) fue instalada en el campus robado a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en Managua.
La Universidad Nacional Francisco Luis Espinoza Pineda fue montada en el recinto de la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse, de Estelí); la Universidad Nacional Multidisciplinaria Ricardo Morales Avilés fue creada en los recintos de la Uhispam, UNEH, Uponic y Paulo Freire; y la Universidad Nacional Padre Gaspar García Laviana en la propiedad de la UCAN y Juan Pablo II.
Las razones de las sanciones
Las sanciones a los funcionarios orteguistas, vinculados directamente a las universidades, fueron en su mayoría por haber «socavado los procesos o instituciones democráticas» al participar en campañas coordinadas para «reprimir la disidencia tomando el control de la Universidad Centroamericana (UCA) y al menos otras 25 universidades privadas nicaragüenses e instalando a partidarios del partido gobernante en las administraciones universitarias».
El argumento anterior es válido para los siete funcionarios del CNU y CNEA.
Para las 13 autoridades de universidades públicas instaladas en recintos confiscados, el Departamento de Estado de EE.UU. identificó que, cada una, «socavó los procesos o instituciones democráticas al participar en una campaña coordinada para tomar represalias contra los críticos del régimen de Ortega-Murillo y reprimir la disidencia utilizando su cargo para implementar políticas que castigan a los profesores y estudiantes de la Universidad Casimiro Sotelo que no participan en actividades políticas para el partido político Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega».
El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental, Departamento de Estado de los EE. UU., Brian Nichols, compartió en sus redes sociales que «cuando las personas no pueden confiar en sus instituciones, buscan oportunidades en otros espacios».
Por lo anterior, mencionó que el informe de hoy sobre Actores corruptos y antidemocráticos en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua «saca a la luz las personas que socavan el Estado de derecho y apoya la rendición de cuentas y la transparencia en la región».
Cabe mencionar que el 22 de diciembre de 2020, el Congreso de Estados Unidos promulgó la Sección 353 de la Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, llamada también Lista de Actores Corruptos y Anti-Democráticos, y conocida como «Lista Engel», que tiene como único objetivo sancionar a los actores involucrados en actos de corrupción y ataques a la democracia en la región centroamericana.
Lista asciende a 69 funcionarios orteguistas
Con estos 20 funcionarios orteguistas incluidos este viernes 27 de diciembre, la lista de nicaragüenses asciende a 69, del 2022 a la fecha. En 2022 se incluyó a 32, y en 2023 a 17 más, entre ellos la presidenta del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de Nicaragua (CNEA), Maribel Duriez González; la presidenta del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua (CNU), Ramona Rodríguez y el rector de la Universidad Casimiro Sotelo —montada en el recinto robado a la Universidad Centroamericana (UCA)— Alejandro Enrique Genet Cruz.
A la Lista Engel fueron incluidos el 9 de marzo de 2022 los primeros ocho funcionarios del régimen de Daniel Ortega, entre ellos magistrados electorales: Brenda Rocha, Cairo Amador, Lumberto Campbell; los diputados oficialistas Gustavo Porras, Wilfredo Navarro, Wálmaro Gutiérrez, y Edwin Castro, así como la jueza Karen Chavarría, y además la presidenta y diputada del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna.
Y en julio de ese mismo año, fueron incluidos 23 funcionarios, de los cuales 10 son fiscales y 13 jueces del poder judicial por estar involucrados en las condenas a opositores nicaragüenses, en el contexto de las elecciones presidenciales de 2021.
Lea detalles en: Qué es la “Lista Engel” con la que EE. UU. sancionó a ocho funcionarios del régimen y a la presidenta del PLC
Posteriormente fue incluida Wendy Morales, procuradora de la República, así como otros diputados y miembros de la Asamblea Nacional como Arling Patricia Alonso, Gladis Báez, Loria Raquel Dixon y Alejandro Mejía. Todos esos legisladores son conocidos por aprobar leyes desde el parlamento en detrimento de los opositores a Ortega.
Estados Unidos también agregó a su lista a las juezas nicaragüenses: Rosa Argentina Solís y Ángela Dávila Navarrete; a Denis Membreño Rivas, actual director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF); Aldo Martín Sáenz Ulloa, actual subdirector de la UAF; Valeria Halleslevens Centeno, directora de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad (DNR) y a Eduardo Ortega Roa, subdirector de la institución.
De igual forma incluye a Marta Mayela Díaz Ortiz, vicesuperintendente de Bancos y otras Instituciones Financieras (Siboif) y a Sagrario Benavides Lanuza, subdirectora del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).