La oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos aseguró que la situación en Nicaragua continúa deteriorándose y que el país enfrenta «un grave clima represivo» debido a las detenciones arbitrarias, la persecución contra la Iglesia católica y la aprobación de las reformas constitucionales en primera legislatura el pasado 22 de noviembre.
La alta comisionada adjunta para derechos humanos, Nada al Nashif, en una actualización sobre la situación del país, destacó que las reformas a la Constitución implementadas por el régimen Ortega-Murillo tienen como objetivo «concentrar más poder en la Presidencia y criminalizar a voces disidentes».
«Las reformas constitucionales propuestas, aprobadas en primera legislatura por la Asamblea Nacional el mes pasado, erosionarán aún más el Estado de Derecho, si llegan a promulgarse», señaló Nashif.
«Es probable que las disposiciones ambiguas restrinjan indebidamente los derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica. La eliminación del reconocimiento explícito de la prohibición de la tortura es especialmente atroz», señaló Nashif.
Con la reforma a la Constitución Política de Nicaragua ―que en realidad consiste en el establecimiento de una nueva carta magna y un nuevo modelo de Estado― el régimen Ortega-Murillo consolidó su control sobre la Policía y el Ejército.
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La reforma constitucional establece que la Presidencia de la República coordina a los demás “órganos”: judicial, electoral y legislativo, degradando los poderes del Estado a simples instancias que se rigen por los designios de la “Presidencia”, conformada por dos “copresidentes” y varios vicepresidentes.
Asimismo, la nueva Constitución establece que la Presidencia es la jefatura suprema del Ejército de Nicaragua, de la Policía y del Ministerio del Interior. La nueva Constitución fue aprobada en primera legislatura el pasado 22 de noviembre y publicada en La Gaceta el lunes 25 de este mismo mes. Sin embargo, entrará en vigor una vez sea aprobada en segunda legislatura el próximo año.
Despojo de nacionalidad
Nashif se refirió a las 546 personas a los que la dictadura despojó de su nacionalidad y recordó que «han quedado en precarias condiciones en el extranjero» y muchos están en condición de apátridas, siendo sus activos confiscados.
También señaló que a otros se les ha impedido «establecer su nacionalidad» debido a que el régimen no renueva sus pasaportes.
Arrestos
Al Nashif se refirió también a las detenciones arbitrarias y señaló que en los últimos días de noviembre, al menos 30 personas fueron detenidas, incluyendo tres niños.
«Hay un patrón constante de violaciones del debido proceso, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones de detención pésimas y tortura física y psicológica, incluyendo privación del sueño y denegación de la atención médica», dijo Al Nashif.
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Mencionó casos como el de Angélica Chavarría, pareja de Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador Daniel Ortega, fallecido en septiembre bajo custodia del régimen. También se refirió a los líderes indígenas Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth, quienes están desaparecidos.
Respuesta de Nicaragua
Por su parte, Rosalía Bohórquez, representante de la dictadura en el Consejo, aseguró que los informes presentados son sesgados y que representan una agresión a la soberanía y dignidad del país.
«El Estado de Nicaragua reitera una vez más su absoluto rechazo a este tipo de mecanismos, porque contrario a representar un legítimo interés y defensa de derechos humanos de nuestro pueblo, se constituye en insistentes formas de acoso e injerencismo en contra de la dignidad de nuestro país», dijo Bohórquez, quien a la vez pidió respeto al modelo político, económico y social en Nicaragua.
