El despliegue de los proyectos para desarrollar la tecnología e instalar la infraestructura de las redes 5G en Costa Rica se encuentra hoy en el estancamiento.
El motivo son los recursos introducidos por la empresa china Huawei y sindicatos del ente estatal ICE ante el Poder Judicial, aún no resueltos, actos dirigidos contra las regulaciones de la licitación establecidas por el Gobierno.
El decreto ejecutivo 44169-MSP-MICITT, que enunció las condiciones para la participación en la licitación en agosto de 2023, incluye la exigencia de que la empresa a la cual se le asignará las frecuencias y el desarrollo de las redes deberá contar con proveedores de hardware y software de países que han firmado el Convenio de Budapest de 2001, o Convenio Sobre la Ciberdelincuencia.
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En la práctica esa disposición saca del juego a Huawei y a otras empresas chinas, puesto que Pekín no ha firmado ese tratado. También excluiría a empresas rusas, de Singapur y Corea del Sur. Este último país está en el proceso de adhesión.
Tres grandes potencias, China, Rusia e India se han negado a adherirse, argumentando que no participaron en su elaboración y sus intereses no se ven reflejados. El tratado fue redactado en el seno del Consejo de Europa.
Costa Rica y Estados Unidos son parte del tratado. Costa Rica se adhirió en 2017. Nicaragua, Cuba y Venezuela no se han adherido, según un reporte de abril de 2023 del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías.
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En comparecencias ante los medios en las que se ha referido al proceso, el presidente costarricense Rodrigo Chaves ha insistido en que se busca asegurar “los más altos estándares de seguridad” y que esa es una garantía que da la pertenencia de un país al Convenio de Budapest. Chaves insiste que actúa para proteger la seguridad nacional y los datos de los ciudadanos.
Acciones de Huawei y sindicatos
La primera medida tomada por la empresa china fue un recurso de amparo en contra del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El argumento fue que el decreto es discriminatorio al excluir a la empresa del concurso. Fue declarado como fuera de lugar por la Sala Constitucional de la Corte Suprema en enero pasado, y se mandó a utilizar otras vías, es decir, la administrativa.
ICE está presente en la telefonía y el servicio de internet a través de la operadora Kölbi.
La segunda medida fue una apelación, una solicitud de Huawei a la Sala Constitucional con el argumento de que el decreto ejecutivo infringe los principios de libre competencia e igualdad de participación en concursos públicos, que se violaban la Constitución y la Convención Americana de Derechos humanos. Fue rechazada.
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Situación actual: parálisis
La tercera acción legal fue una solicitud de la medida cautelar por el Frente Interno de Trabajadores (FIT) del ICE para suspender la ejecución del reglamento y la licitación porque eso haría “desaprovechar” la infraestructura disponible del ente. El Tribunal Contencioso Administrativo dictó la medida cautelar en enero pasado y continúa sin resolver el asunto principal.
Es importante destacar que Huawei es el principal proveedor del ICE y una buena parte de las infraestructuras nacionales de telecomunicaciones han sido provistas por la firma china.
El FIT solicitó también otra medida cautelar en contra de la licitación para otorgar las frecuencias, lo que también afectaría a otros oferentes.
Chaves: “Están retrasando el desarrollo de este país”
A finales de noviembre, el presidente Chaves y la ministra de Innovación, Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, cargaron contra la lentitud de los jueces, responsabilizándolos por “retrasar” el avance del país.
“Señores de la Corte Plena, este es un tema de interés nacional. Están retrasando el desarrollo de este país”, comentó Chaves en una conferencia de prensa el 20 de noviembre pasado, citado por el sitio web El Observador.
Los empresarios privados también reclaman la agilización de la resolución judicial.
“Cualquier retraso adicional no solo compromete nuestra competitividad, sino también la capacidad de atraer inversiones estratégicas que impulsarán sectores clave de nuestra economía”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio Norteamericana-Costarricense (AmCham), Juan Carlos Chavarría, citado por varios medios.
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China contraataca
Por su parte, la Embajada de la República Popular China respondió a las declaraciones oficiales en un comunicado emitido el 21 de noviembre.
“La exclusión de empresas de determinados países en función de su adhesión a este convenio (de Budapest), politizando una cuestión tecnológica, constituye una práctica discriminatoria”, sostiene el comunicado de la Embajada de China en San José, aludido por El Observador. “Esperamos que el Gobierno de Costa Rica pueda adoptar una posición imparcial y proporcionar un ambiente de negocios justo y no discriminatorio para las empresas chinas en el país”.
En octubre de 2023, la representación diplomática del gigante asiático había reaccionado con más dureza a declaraciones de la ministra Bogantes de que China era un peligro para la ciberseguridad, y la calificación de sistema político “totalitario” dada por el viceministro Hubert Vargas en una comparecencia ante diputados.
“Estos comentarios afectan gravemente la confianza y las expectativas de las empresas chinas para realizar actividades económico-comerciales en Costa Rica y socavan el buen ímpetu de desarrollo de las relaciones bilaterales”, dijo entonces la Embajada china, según un cable de Reuters del 13 de octubre de 2023 y reproducido por La Nación de Argentina.
“Lamentamos mucho sus comentarios y expresamos nuestra enérgica y vehemente oposición a sus acusaciones irresponsables e infundadas”, agrega.
El gobierno chino niega con insistencia que obligue a empresas como Huawei, ZTE u otras a entregarle datos de usuarios.
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ICE tiene millonarios contratos con Huawei
Pese a la retórica presidencial y de ministros, la Administración Chaves ha firmado contratos diversos con Huawei por más de 85 millones de dólares entre 2022 y 2024, de acuerdo con una nota del Semanario Universidad del 27 de noviembre pasado que incluye citas del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop).
Esta cifra es seis veces superior al monto de contratos concedidos a la empresa en la Administración de Carlos Alvarado entre 2018 y 2022, cuando el ICE adjudicó a Huawei compras por casi 12.9 millones de dólares.
Los contratos del ICE con Huawei son para adquisición de equipos, licenciamiento y servicios para red inalámbrica, la ampliación y modernización de la red móvil, servicios de voz y tecnologías 3G y 4G, entre otros, agrega Semanario Universidad.
Como era de esperarse, los críticos se hicieron oír. “Esto contradice completamente el discurso que ha tenido el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, de que el país supuestamente está comprometido con las políticas de ciberseguridad internacionales y el Convenio de Budapest”, dijo Sergio Ortiz, presidente de la Asociación Sindical Costarricense de Telecomunicaciones y Electricidad.
Preocupaciones de Estados Unidos
Como cercano aliado, Costa Rica ha tomado nota de las preocupaciones de Estados Unidos sobre la creciente influencia china en América Latina. Durante una visita en agosto de 2023, la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, advirtió sobre los peligros que representan las inversiones chinas en puertos, cibertecnología y desarrollo espacial con el uso de tecnología duales, o sea, de uso civil y militar.
Aunque está vigente la medida cautelar sobre la adjudicación, la Superintendencia de Telecomunicaciones ha avanzado en los meses recientes con la licitación de frecuencias para 5G.
Hasta ahora se cuenta con 7 oferentes: Claro, Liberty, Ring Centrales de Costa Rica SA, Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruiz RL y Cooperativa Rural Los Santos RL, Coopelesca y Coopeguanacaste, según reportó CRHoy.
Por ahora, la resolución final sobre el progreso de la licitación para las redes 5G está en manos del Poder Judicial y no se conoce una fecha de resolución.
(Esta nota usa información de los sitios web noticiosos El Observador, Amelia Rueda, CRHoy y La Nación).