La dictadura Ortega-Murillo ordenó el viernes 15 de noviembre a todas las instituciones públicas que adquieran bienes o servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones a priorizar las soluciones cuyo país de origen del fabricante sea China, lo que, a consideración de especialistas, contraviene la legislación interna, el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (DR-Cafta) y los demás acuerdos comerciales internacionales que responden a los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
A través de una circular administrativa, firmada por Nasser Silwany González, titular de la Dirección General de Contrataciones del Estado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), justificó la medida basándose en que el 1 de enero de este año entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con China “que señala entre sus objetivos, promover innovación tecnológica y la transferencia y difusión de tecnología entre las partes”.
En los argumentos, el titular de la cartera señala que la diversificación de proveedores chinos representa “una estrategia clave para evitar y reducir los riesgos asociados a la dependencia de mercados específicos de la región, a cambios repentinos e injustificados de políticas comerciales y las agresiones ilícitas a través de sanciones y medidas coercitivas unilaterales en contra del Estado de Nicaragua”.
Circular enviada por Nesser Silwany González, director general de Contrataciones del Estado. LA PRENSA.
Corrupción
El economista nicaragüense Enrique Sáenz calificó las instrucciones emitidas por Silwany González, en cumplimiento de una directriz de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como “un acto de genuflexión, un comportamiento servil que contradice su retórica antiimperialista”. Según Sáenz, esta decisión refleja una sumisión al poder chino y, al mismo tiempo, podría estar motivada por corrupción y fraude.
“Esta medida parece estar diseñada para beneficiar a un grupo selecto de proveedores estatales, quienes probablemente ya estén asociados con empresas chinas para capitalizar el mercado de compras estatales en servicios electrónicos”, advirtió Sáenz.
Por su parte, el analista político y opositor Eliseo Núñez señaló que la decisión podría responder a intereses personales de la familia gobernante. “Seguramente, los hijos de Ortega tienen la representación de algunas marcas chinas y lo que están haciendo es obligando al Estado a que las compre. Eso es corrupción pura y simple”, afirmó.
Error geopolítico
El economista costarricense Alberto Franco, exdirector del Banco Nacional de Costa Rica y exrepresentante de su país ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró que la medida del régimen nicaragüense no puede entenderse al margen del contexto internacional, especialmente tras la reciente victoria electoral del expresidente Donald Trump en Estados Unidos.
“Pienso que este anuncio no puede dejar de verse a la luz del resultado electoral en Estados Unidos y de una muy probable intensificación de las tensiones comerciales y geopolíticas entre Estados Unidos y China”, expresó Franco en declaraciones a LA PRENSA.
En tanto, el analista político Eliseo Núñez señaló que la decisión refleja una creencia del régimen de Ortega-Murillo de que Estados Unidos podría enfrentar un colapso económico y que China asumirá su lugar como potencia hegemónica.
En contra del principio de la nación más favorecida
La nueva medida del régimen contraviene los principios de la Organización Mundial de Comercio (OMC), principalmente el de “Nación más favorecida”, que refiere que los países no pueden establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales, por lo que se debe brindar igual trato para todos los países.
“Además, la decisión establece un peligroso precedente. Si un funcionario de bajo nivel puede violar compromisos internacionales, mañana se podrían establecer más compras a países aliados de China o Irán, afectando aún más la transparencia. Es evidente que detrás de esta medida hay intereses políticos turbios y económicos”, dijo Sáenz.
Contraviene el Cafta
Según un especialista costarricense, que opinó bajo condición de anonimato, la nueva medida es discriminatoria, lo que contraviene lo acordado en el Cafta.
El apartado 2 del artículo 9.2 del Cafta, señala entre sus principios generales que ningún Estado parte podrá discriminar contra un proveedor establecido localmente “en razón de que las mercancías o servicios ofrecidos por dicho proveedor para una compra particular sean mercancías o servicios de otra parte”.
Además, el artículo 13.14 del Cafta señala que ningún país impedirá que los proveedores de servicios públicos de telecomunicaciones tengan la flexibilidad para escoger las tecnologías que ellos usen para suministrar sus servicios, “incluyendo los servicios comerciales móviles inalámbricos, sujeto a requerimientos necesarios para satisfacer intereses legítimos de políticas públicas.
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Según Franco, esta medida se convertirá en un problema si Estados Unidos o una empresa norteamericana se quejan contra Nicaragua, aunque aseguró que está por verse si algún país o empresa reacciona.
“Desde la óptica de los intereses de los Gobiernos de Nicaragua y China, habrá que estar atento a si hay reacción de los socios de Nicaragua en el Cafta o de otros socios externos con los cuales Nicaragua tenga acuerdos en materia de tecnologías de la información”, dijo Franco.
Además, los tratados de libre comercio suelen incluir mecanismos para resolver controversias antes de llegar a conflictos abiertos.
Violación a la Ley de Contrataciones
Si bien, la circular hace mención al artículo 6 de la Ley de Contrataciones Administrativas del Sector Público (Ley 737), como justificación ante la obligatoriedad de adquirir tecnología china bajo el principio de vigencia tecnológica, el mismo artículo establece que todas las personas naturales y jurídicas que participen en procesos de contratación “lo harán en igualdad de condiciones”.
Además, el mismo artículo establece el principio de igualdad y libre concurrencia, que señala que se debe fomentar la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de proveedores potenciales, por lo que todo interesado que cumpla con los requisitos legales estarán en posibilidad de participar en procedimientos de contratación sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto del concurso.
Por estas razones, Sáenz considera que “la medida carece de fundamento legal y viola principios fundamentales de la Ley de Contrataciones del Estado, como la transparencia, la igualdad y la libre competencia puesto que se basa en una interpretación forzada y errónea de la ley que pretende sustentarla”.
Dictadura alega un tema de seguridad nacional
Sáenz señaló que, si el régimen argumenta que priorizará la tecnología china, debido a “cambios repentinos e injustificados de políticas comerciales y las agresiones ilícitas a través de sanciones y medidas coercitivas unilaterales en contra del Estado de Nicaragua”, siendo consecuente con la narrativa, podría denunciar el Cafta.
“Si Nicaragua considera válida esta política, debería salir del Cafta. Sin embargo, sería insostenible, dado que más del 50% de su comercio exterior se desarrolla en ese marco, principalmente con Estados Unidos”, dijo Sáenz, refiriendo que el artículo 22.7 del Cafta señala que cualquier Estado Parte podrá salirse del tratado notificándolo por escrito y tendrá efecto seis meses después.
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Datos del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (Mific), señalan que entre enero y octubre de este año, de los 6,380.1 millones de dólares que Nicaragua exportó en todos los regímenes, 3,075.6 fueron hacia Estados Unidos y 1,157.8 a Centroamérica. Mientras que las exportaciones a China totalizaron 72.7 millones, un incremento del 78 por ciento en comparación con los 40.8 millones de dólares en igual período del año pasado.
En cuanto a las importaciones en todos los regímenes, Centroamérica y Estados Unidos son los principales orígenes en ese orden. China es el tercer origen de las importaciones y entre enero y octubre de este año, el país importó $1,339.7 millones del mercado chino, un incremento de 16.4 por ciento en comparación con los 1,151.3 que importó en el mismo período del año pasado.