Este martes se conoció el informe presentado por el Estado de Nicaragua, bajo el control de la dictadura Ortega Murillo, ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
El informe enviado por el régimen señala que las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer su labor «apegadas a sus estatutos internos, sin quebrantar el ordenamiento jurídico nacional».
«Asimismo, se respeta la independencia y pluralismo de los medios de comunicación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política», indica el informe presentado por la dictadura. Además, expone que Nicaragua cuenta con 294 emisoras de radio y 26 canales de televisión «administradas principalmente por entidades privadas, a excepción de los únicos dos medios propiedad del Estado».
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En opinión de Guillermo Medrano, de la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia (FLED), los dos párrafos que incluyó la dictadura sobre la libertad de expresión y asociación no responden a las recomendaciones que los Estados hicieron a Nicaragua en el ciclo anterior.
«Tratan de ocultar todas las recomendaciones sobre las violaciones de derechos humanos destacando las inversiones. Esto no llega al nivel de maquillaje, es algo poco serio y no responde a las recomendaciones de los Estados», afirmó Medrano.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de la Organización de las Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento de los derechos humanos por parte de los Estados. La Asamblea General de la ONU lo creó en marzo de 2006, mediante la resolución 60/251. Se celebra cada cinco años y en esta ocasión corresponde evaluar el período 2019-2024.
Lo que expresaron las organizaciones de la sociedad civil ante el Examen Periódico Universal
El 27 de agosto, organizaciones de la sociedad civil nicaragüense participaron en la presesión del cuarto ciclo del EPU para Nicaragua en Ginebra, Suiza, donde expusieron la grave crisis de derechos humanos impuesta por el régimen Ortega Murillo en el país. Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, en su intervención resumió el cierre del espacio cívico a través de la cancelación y confiscación de más de cinco mil organizaciones sin fines de lucro.
«Solo en este año se han cancelado más de 1,700 organizaciones, principalmente a partir del nuevo modelo de ‘Alianza de Asociación’, sujetando a las pocas que queden a que todos sus proyectos sean aprobados por el Ministerio del Interior y desarrollados únicamente de forma conjunta con el Estado», explicó Marenco.
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En esa ocasión, Medrano señaló que en mayo de 2019, durante el diálogo interactivo del tercer ciclo del EPU, de las 259 recomendaciones que recibió el Estado de Nicaragua, 48 estaban orientadas a garantizar la protección de la libertad de expresión y prensa.
«De estas, solo se aceptaron 14, lo que equivale a un 29 %. Hasta la fecha, no se ha cumplido con ninguna de las recomendaciones aceptadas», indicó Medrano.
Propaganda entre los logros en informe de cara al Examen Periódico Universal
En la introducción del informe, Nicaragua asegura que las recomendaciones permitieron al régimen avanzar en la restitución de los derechos humanos «en esta segunda etapa de la Revolución sandinista».
Según Medrano, «es una respuesta política a todas las recomendaciones de los Estados en la ONU».
Asimismo, en la conclusión se señala que en el último ciclo del EPU se «ha reportado» la voluntad política y el compromiso de la dictadura para restituir los derechos humanos.
Recomendación sobre derechos políticos
En cuanto a la recomendación 125.112 de los Estados en el ciclo anterior sobre el derecho a elegir y ser elegido, la dictadura aseguró que todos los nicaragüenses participan equitativamente en los procesos electorales y destacó como logro la prohibición a los partidos políticos de recibir financiamiento del exterior, según la reforma a la Ley Electoral de 2021.
La dictadura mencionó que entre 2019 y 2024 se llevaron a cabo cuatro procesos electorales «en orden y paz», destacando la participación de 1,300 «acompañantes» electorales de 27 países y más de 7,700 procuradores electorales.
También refirió que en los procesos electorales participó el 100 % de los partidos con personalidad jurídica, sin ninguna exclusión, en contraste con la cancelación de las personerías jurídicas de los partidos Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática en 2021, y del partido regional Yatama en 2023.
«El Estado de Nicaragua miente al decir que entre 2019 y 2024 se realizaron cuatro procesos electorales en orden y paz, cuando sabemos que lo que ocurrió fue la anulación de la competencia electoral, obstaculizando que los nicaragüenses ejercieran su derecho a elegir y ser elegidos», manifestó Olga Valle, de la organización Urnas Abiertas, y añadió que «estos procesos carecen de legitimidad y se dieron en un contexto no democrático».
Valle recordó que en 2021 la dictadura secuestró a siete aspirantes presidenciales, a quienes posteriormente desterró y desnacionalizó en febrero de 2023.
«El informe no refleja en absoluto la situación del país y describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 2019 y 2024», añadió.
Contraste con el informe del Grupo de Expertos de la ONU sobre pueblos indígenas
La dictadura, en respuesta a las recomendaciones sobre el derecho a la propiedad y la restitución de las tierras de los pueblos indígenas, mencionó que la Procuraduría General de la República entregó 278,481 títulos de propiedad y que ha avanzado en la titulación de 23 territorios indígenas.
Sin embargo, el 12 de septiembre, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN, por sus siglas en inglés) de la ONU evidenció que la dictadura Ortega-Murillo incentiva a los colonos, en su mayoría exmilitares, a ocupar áreas protegidas.
“El Grupo de Expertos recibió información y evidencia que revela que el Estado ha incentivado a los colonos para ocupar tierras, e incluso los ha ubicado, contando con respaldo institucional local”, señala el informe titulado: Violaciones y abusos de los derechos humanos de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe de Nicaragua.
El GHREN señaló que en 2017 una encuesta realizada a 359 familias de colonos establecidas en la zona deforestada de Bosawas reveló que solo el 20 % tenía títulos de propiedad, mientras que el 60 % poseía otros documentos informales de cesión de derechos sobre la tierra o instrumentos privados de posesión. Además, un 20 % no contaba con ningún tipo de título.
