La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el pasado 2 de octubre que elevó dos casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primero de ellos es por el asesinato del periodista Ángel Gahona, y el segundo por la muerte del preso político Santos Sebastián Flores Castillo, quien falleció en prisión en 2021, víctima de torturas por parte del régimen Ortega-Murillo.
Aunque ambos casos fueron presentados ante la Corte-IDH en julio, fue hasta el 1 y 2 de octubre que la CIDH los dio a conocer en su sitio web oficial.
¿Qué es la Corte-IDH y qué camino recorrerán los casos que se han interpuesto contra el Estado de Nicaragua?
La Convención Americana, también llamada Pacto de San José de Costa Rica es un tratado internacional que prevé derechos y libertades que tienen que ser respetados por los Estados Parte. Este tratado establece que la Comisión y la Corte son los órganos competentes para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención y regula su funcionamiento, según señala la Corte-IDH.
Los Estados que han ratificado la Convención Americana son: Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Surinam y Uruguay. Nicaragua no ha denunciado (anunciado su retiro) de la Convención, a como si lo hizo Venezuela el 10 de septiembre de 2012 y que surtió efecto un año después.
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El investigador y defensor de derechos humanos argentina, Brian Schapira, en entrevista con LA PRENSA, explicó que el procedimiento de los casos ante la Corte-IDH se inicia una vez que se agotan todas las instancias judiciales locales, pero que existen excepciones, como es el caso de Nicaragua, país en el que no existe acceso a la justicia, tal como lo documenta la CIDH.
El artículo 44 de la Convención Americana establece que cualquier persona, grupo de personas, o entidades no gubernamentales legalmente reconocidas pueden presentar ante la Comisión peticiones con denuncias de violación de la Convención por un Estado Parte.
“La Comisión emite un informe de fondo cuando el Estado no cumple. Luego el caso se lleva a la Corte y generalmente falla ante el peticionario”, dijo Schapira.
¿Hasta donde pueden llegar los casos presentados contra Nicaragua?
Una vez que los peticionarios interpusieron el caso ante la CIDH, esta realiza un Informe de Fondo, luego de consultar al Estado sobre los presuntos incumplimientos. Una vez que el caso se interpone ante la Corte, ante la falta de solución de las denuncias, según Schapira, generalmente se falla a favor del peticionario.
“En los casos en que la Corte no lo admita, queda como un informe de fondo que la comunidad internacional los interpreta”, dijo Schapira.
Añadió que en los casos más recientes, la Corte-IDH “va a dictar la sentencia a favor del peticionario y ahí queda, pero la Corte va a estar diciendo que tiene que cumplir. Cuando haya un cambio de gobierno democrático, debería cumplir con las medidas reparatorias y con todo el abanico de medidas que contemple la Corte”.
Los fallos generalmente son recomendaciones que se les hacen a los Estados para mejorar el cumplimiento de la protección de derechos humanos o reparar los daños por la vulneración de estos derechos.
¿Qué pasa con regímenes autoritarios como el de Nicaragua?
Schapira expresó que el derecho internacional “no puede hacer nada para forzar un cambio” en un Estado gobernado por dictaduras que no atiende las recomendaciones de la Corte-IDH.
El pasado 3 de julio de 2024, Nicaragua se ausentó nuevamente de una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sede del tribunal en San José, Costa Rica.
Desde agosto de 2021, el Estado de Nicaragua no participa en las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En noviembre de 2022, esta instancia declaró al Estado en desacato permanente por no responder a las demandas de liberar a presos políticos.
“Si el Estado no hace nada, no hay algo para forzar su cambio de opinión. El proceso es más de presión. Nicaragua está en incumplimiento del tratado y son cosas que le van sumando (a la dictadura) en el desastre que está creando”, dijo Shcapira.
Según el especialista, hacen falta muchos cambios para mejorar los sistemas de derechos humanos puesto que la naturaleza del derecho internacional tiene esa debilidad.
“Pero no puede haber una policía interamericana, pero no por eso es menos importante el sistema, porque suma a la presión internacional”, refirió.