La Asociación Intercultural de Derechos Humanos (Asidehu) y el Instituto de la Memoria (InMemoria), con el apoyo de la Red Internacional de Derechos Humanos de Europa (RIDHE) y su Red Pro de Paz Nicaragua, presentaron los resultados de un sondeo —realizado entre agosto y septiembre de este año— en el que refugiados y solicitantes de refugio expusieron algunas de las barreras que enfrentan en territorio costarricense para acceder a derechos humanos fundamentales.
En el sondeo, que se realizó a través de entrevistas dirigidas y grupos focales, participaron 25 personas que concuerdan en que «el Estado (de Costa Rica) no hace lo suficiente para garantizar el acceso a Derechos Humanos de personas refugiadas y solicitantes de refugio».
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El estudio refiere que los participantes percibe que, tras el cambio de Gobierno en 2022, dirigido ahora por Rodrigo Chávez, «hubo un retroceso de acceso a derechos hacia personas refugiadas, pues las políticas del Ejecutivo no son amigables para personas migrantes en general».
El 80 por ciento de las personas consultadas en este sondeo aseguró que no conocen programas de acceso a derechos humanos promovidos por el Estado o Gobierno de Costa Rica, e incluso —el mismo porcentaje— cuestionó sobre si estos realmente existían.
Piden «más programas de apoyo»
Los entrevistados también consultados sobre qué recomendarían a las autoridades costarricenses y la mayoría concuerda en que debe haber capacitación de los funcionarios públicos en materia de derechos humanos, también consideraron urgente la creación y promoción de campañas contra la xenofobia y la promoción de «políticas de acceso a derechos humanos de personas refugiadas y solicitantes de refugio».
Los resultados arrojaron que el 90 por ciento de las personas entrevistadas sufrieron algún tipo de xenofobia en su contra, «tanto en mayor como menor grado de vulnerabilidad y riesgo». Algunos mencionaron, según el estudio, que se les prohibió en sus centros laborales hablar en su lengua materna, miskito; otros no fueron contratados por mostrar su nacionalidad, y algunos recibieron comentarios que sugerían que «no parecía nica» por «ser estudiada».
Además, el 100 por ciento indicó que no conocían una campaña trabajada desde el Estado o el Gobierno costarricense para combatir la xenofobia, e incluso un 60 por ciento de los consultados dijo percibir que la xenofobia «proviene en muchos casos desde el mismo Gobierno costarricense».
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Otra de las recomendaciones expuestas por los participantes del estudio estuvieron relacionadas a que se «creen más programas de ayuda para las personas refugiadas» y haya «más fondos para que la Dirección General de Migración y Extranjería, a través de su Unidad de Refugio de Costa Rica, garantice el acceso a solicitud de documentos migratorios y acceso a la petición de protección internacional».
El 88 por ciento de los entrevistados afirmó que su salario es «menor al establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o no perciben ingresospor falta de trabajo». Mientras que el 96 por ciento aseguró que no le alcanza para vivir con lo que percibe en ingresos, porque «todo es demasiado caro», por lo que «son obligados a vivir en zonas precarias y hacinados».
