La decisión orteguista —notificada este martes por la Corte Suprema de Justicia— en la que se despoja a 135 nicaragüenses de su nacionalidad y sus bienes, tras ser excarcelados y desterrados por motivos políticos en un vuelo directo a Guatemala, es «aberrante» e «inválida», a juicio de algunos de los afectados por esta medida.
Jasson Salazar, vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril (MU19A), uno de los excarcelados y desterrados políticos a los que el orteguismo declaró apátrida, denunció que la medida es una «violación flagrante y aberrante» a sus derechos humanos.
«El régimen ha aplastado el Estado de derecho en Nicaragua. La desnacionalización es un abuso a nosotros como ciudadanos nicaragüenses, que seguiremos siendo nicaragüenses, a pesar de que la dictadura diga lo contrario. La nacionalidad y el ser nicaragüense es algo que nosotros llevamos impregnado y seguiremos elevando la voz por nuestro país, para que haya una solución a esta enorme crisis política», apuntó Salazar desde Guatemala.
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Otro de los excarcelados políticos desnacionalizados por la dictadura, quien solicitó anonimato para evitar represalias contra su familia que sigue en Nicaragua, afirmó que la desnacionalización anunciada por la Corte es una «decisión de esperarse por el régimen de Daniel Ortega».
«Seré nicaragüense hasta el día que me muera»
«El régimen dice que nos ha quitado la nacionalidad, pero yo voy a seguir siendo nicaragüense hasta el día que me muera, porque esa es la tierra que me vio nacer. Ellos pueden argumentar, firmar, hacer cualquier tipo de papel, pero mi nacionalidad es nicaragüense», resaltó.
El ex preso político afirma que en Nicaragua no dejó bienes que el régimen «se pueda robar», destacando que es «una persona trabajadora, humilde, que ganaba al día, salía a rebuscarla todos los días, como dice el buen nica, para darle el pan de cada día a mis hijos».
Además, animó a los nicaragüenses a «estar unidos y alzar nuestras voces contra todos estos atropellos que comete el régimen en Nicaragua».
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Julio César Dávila, excarcelado y desnacionalizado político, quien estuvo más de un año encarcelado por la dictadura orteguista en Nicaragua en el penal de Tipitapa, afirmó que se despertó con la noticia de que «la tiranía orteguista en medio de sus actitudes desquiciadas y paranoicas, ha despatriado a 135 personas, incluyéndome». Pero, destacó, que pese a ese anuncio «hoy más que nunca nos sentimos más nicaragüenses».
«Con esto (la desnacionalización) queda demostrado que la tiranía se desgrana a través de sus acciones y, efectivamente, alzamos nuestra voz, denunciamos ante la comunidad internacional este acto y que Nicaragua necesita los caminos de la democracia, justicia y paz», apuntó.
El grupo de 135 desnacionalizados tiene un plazo de 90 días para estar en territorio guatemalteco, donde están recibiendo atención médica y asesoría para valorar las opciones de países —entre esos Estados Unidos que encabezó el movimiento de los excarcelados— para solicitar refugio o asilo político.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, en Nicaragua todavía hay 36 personas encarceladas por motivos políticos.
