La dictadura Ortega Murillo, a través de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó este martes que despojó de la nacionalidad y ordenó la confiscación de todos los bienes de los 135 excarcelados políticos que desterró a Guatemala el pasado 5 de septiembre.
«La Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones, Circunscripción Managua; con base en la Constitución Política, Código Penal y Leyes #1055 (Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz) y #1145 (Ley Especial que regula la pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense), emitió resolución judicial ordenando la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas, condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional», señala la nota de prensa que no revela los nombres de los excarcelados y ahora desnacionalizados.
Además, señaló que la resolución «de mérito» dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados, «a fin de responder por los severos daños materiales e inmateriales que las actividades delictivas de estos, ocasionaron a la población y al país; con lo cual, se hace justicia efectiva, a las víctimas de estos delitos».
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La CSJ también señaló a los excarcelados de ser autores, organizadores, financiadores y patrocinadores de actos delictivos y que la decisión del régimen responde «un paso más en dirección al legado de paz, solidaridad, dignidad, justicia, verdad y convivencia pacífica».
Desde la excarcelación de los 135 reos de conciencia, el régimen Ortega Murillo no se había pronunciado sobre esta medida hasta este martes, cuando la CJS, bajo su control, hizo público el despojo de la nacionalidad.
Régimen no revela nombres de excarcelados
El pasado 5 de septiembre, la Casa Blanca informó que la Administración de Joe Biden logró la excarcelación de 135 presos políticos que mantenía la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las diferentes cárceles de Nicaragua, entre ellos los 13 miembros del ministerio religiosos Puerta de la Montaña, laicos católicos, estudiantes y otros opositores a quienes la dictadura consideraba una “amenaza para su régimen autoritario”.
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Sin embargo, ni el régimen ni los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos han revelado los nombres de las personas excarceladas. Estos últimos afirmaron que la decisión fue por motivos de seguridad y que en ocasiones anteriores quien había hecho pública la lista fue la dictadura.
“Nadie debería ser encarcelado por ejercer pacíficamente sus derechos fundamentales de libre expresión, asociación y práctica de su religión”, aseguró en un comunicado el asesor de seguridad de EE.UU., Jake Sullivan.
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Luego de la excarcelación del pasado 5 de septiembre, al menos 36 reos de conciencia permanecen en Nicaragua, según detalló el Mecanismo para el Seguimiento de las Personas Presas Políticas. De ese total, al menos 30 han sido condenados y seis no tienen sentencia. Además, ocho son adultos mayores y tres son mujeres.
En una actualización, el Mecanismo aseguró haber confirmado que 111, de las 135 personas desterradas, estaban incluidas en sus listados, y que identificaron 18 personas excarceladas que no figuraban entre estas.
Además, no se obtuvo información sobre cuatro personas que estaban en la lista, lo que impide confirmar si continúan detenidas. Por ello, se sumaron a un proceso de análisis «que se llevará a cabo junto con otros casos conocidos por posible vinculación política», señaló el Mecanismo.
