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CONTENIDO EXCLUSIVO.En medio del secretismo que caracteriza al régimen Ortega Murillo, el proceso de compactación y restructuración estatal, para optimizar recursos anunciado el 2 de agosto, avanza silenciosamente. Pero según fuentes ligadas a las entidades afectadas, la medida provocó que alrededor de 2 mil trabajadores del sector público pasaran al desempleo; ellos no pierden la esperanza de recibir su liquidación.
También, cancelaron algunas direcciones dentro de las instituciones, y cerraron el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE) y sus funciones se las trasladaron a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal).
El cierre del FISE se suma al del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), que en julio pasó a ser parte de la Procuraduría para las Municipalidades, de la Procuraduría General de la República (PGR). Con estos dos cierres, al menos diez instituciones públicas concluyeron su proceso de reestructuración en las últimas semanas.
“Calculamos que a la fecha ya despidieron a más de 1,600 trabajadores públicos, pero todavía nos faltan por confirmar otros, hay información pendiente de algunas delegaciones de las instituciones afectadas, entonces pueden ser un poco más. A estos les tenemos que sumar unos 300 que trabajaban en el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), ya que seguramente Enacal no los va a contratar”, dijo una fuente de uno de los ministerios afectados.
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Despiden a trabajadores del efcca, INSS, Minsa, Mag y Mific
Según fuentes de las entidades compactadas, el proceso de restructuración empezó en las instituciones que permanecían bajo el control del diputado, sindicalista y presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
El Ministerio de Economía Familiar Comunitaria Cooperativa y Asociativa (Mefcca) fue el primero que sometieron al proceso que incluyó la salida de la titular Justa Pérez Acuña, antigua colaboradora de Porras, que pasó a ser asesora de la Vicepresidencia en temas de turismo. Fulvia Patricia Castro Matus, que era embajadora en Brasil y fue expulsada tras el rompimiento de relaciones, asumió la titularidad del Mefcca, mientras la restructuración seguía en las delegaciones departamentales de la entidad.
El proceso luego se trasladó al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y al Ministerio de Salud (Minsa), ambas instituciones consideradas feudos de Porras y en los que además de despidos se endurecieron los controles para el abastecimiento. Trabajadores de la salud le confirmaron a LA PRENSA que hasta las jeringas están escasas en los hospitales y que “el papeleo” para conseguir insumos es tan engorroso que pronto se verán obligados a pedirle a los familiares de los hospitalizados que los lleven.
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También en Inatec, Mined, Procuraduría de DD.HH. y FISE
Paralelamente restructuraron el Ministerio Agropecuario (Mag) donde también hubo cambio de ministro, el operador político Bosco Castillo dejó la titularidad del Mag y pasó a ser rector de la Universidad Nacional Agraria (UNA); mientras que la viceministra, Ivania del Carmen León Rivas, pasó al desempleo. Después de estos cambios en el nivel central el proceso se trasladó a las delegaciones departamentales de la institución.
En los últimos días el proceso de restructuración también se desarrolló en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific) donde no hubo movimiento entre los altos mandos; en el Instituto Tecnológico Nacional (Inatec); Ministerio de Educación (Mined) y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos se hicieron ajustes.
Según las fuentes, en total en las ocho instituciones que ya pasaron por el proceso habrían cancelado al menos 1,600 plazas, pero a ellas hay que sumarle los despedidos del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom), ya que el 12 de julio los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron al derogación de su ley orgánica. Al desaparecer jurídicamente, la Procuraduría para las Municipalidades de la Procuraduría General de la República (PGR) absorbió sus funciones, pero no a la mayoría de sus trabajadores.
Cierran FISE
Algo similar ocurrió con el Fondo de Inversión Social de Emergencia (FISE), ya que el 28 de agosto los diputados aprobaron el traslado de sus funciones a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal). “La partida de gastos corrientes del Fondo de Inversión Social (FISE) será asignada en lo sucesivo de manera permanente a la Empresa Nicaragüense de Acueductos y
Alcantarillados Sanitarios (Enacal)”, dice parte de la ley que ordena la fusión.
Las fuentes calculan que en el FISE trabajaban unas 300 personas que seguramente también pasaron al desempleo. Ya que si la idea es optimizar recursos, Enacal tendrá que asumir las nuevas funciones con sus trabajadores, ya que incluso, las nuevas contrataciones están congeladas.
Según representantes de los afectados con este grupo, la lista de trabajadores públicos despedidos ya rondaría los dos mil, y muchos de ellos llevan más de dos semanas intentando recibir sus liquidaciones. Según los afectados, la Ley 1173, Ley para el Cálculo de la Indemnización por Antigüedad en caso de Renuncia de los Trabajadores del Estado, que la Asamblea Nacional aprobó en noviembre del año pasado, no contempla nada referido al despido de los trabajadores, por tanto el Gobierno está en la obligación de regirse por el artículo 45 del Código del Trabajo.
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Trabajadores despedidos quieren su liquidación
Efectivamente la Ley 1173 solamente estableció los nuevos parámetros para la entrega de las liquidaciones de los trabajadores de las entidades públicas y municipales que renuncian a sus cargo. Dicha ley redujo el monto de la liquidación, ya que elevó a más de veinte años de trabajo continuo el periodo necesario para recibir cinco salarios en concepto de liquidación. Antes de la aprobación de esa ley los trabajadores recibían ese monto con seis años de trabajo continuo.
La falta de referencia en esa ley a los trabajadores despedidos generó muchas críticas, ya que fue calificado por los especialistas como un robo y la anulación de un derecho adquirido en 1944. Sin embargo, los sindicalistas aseguran que al no incluir lo referido a los despidos, el Gobierno está obligado a regirse por el artículo 45 del Código del Trabajo.
Dicho artículo establece que “cuando el empleador rescinda el contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada pagara al trabajador una indemnización equivalente a: un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo; y veinte días de salario por cada año de trabajo a partir del cuarto año. Pero, “en ningún caso la indemnización será menor de un mes ni mayor de cinco meses”.
Las fuentes admiten que aunque debería aplicarse el artículo 45, especialmente porque el despido no es provocado por fallas del trabajador, sino porque un programa de restructuración estatal. También denuncian que a la liquidación le deben sumar todos los beneficios que contemplan los convenios colectivos de cada institución. Sin embargo, hasta ahora ninguno de los despedidos ha recibido ninguno de los beneficios a los que tiende derecho.
